La UE detecta un menor control de los flujos migratorios en Marruecos
Rabat reclama más apoyo financiero para supervisar las salidas irregulares hacia España
España es ya la principal puerta de entrada a la migración irregular desde el Mediterráneo. Y las autoridades comunitarias comienzan a mirar de reojo hacia el punto de partida de esos flujos: Marruecos. Varios informes internos de la UE alertan de que este país ha relajado el control de las salidas desde su territorio. El descontento con el apoyo financiero y logístico europeo explica en gran medida la actitud marroquí. Bruselas trata de acelerar la respuesta y en las últimas semanas ha aprobado un programa de 55 millones de euros para gestión fronteriza en el Magreb, así como más medios destinados a España.
Marruecos es el socio europeo de mayor tradición en cooperación migratoria. Después de Libia, es el Estado sureño al que la UE ofrece mayor dedicación. Conscientes de la importancia estratégica de ese vínculo, ni España ni ninguna de las instituciones comunitarias contactadas para esta información admiten fisuras en esos tratos. Todos insisten en que la cooperación con Rabat es excepcional, especialmente en el ámbito antiterrorista. Pero los datos internos de Frontex, la agencia europea de fronteras, alertan de algunas disfunciones en la supervisión de los flujos migratorios, según ha podido comprobar EL PAÍS.
La situación es muy volátil. Hace poco más de un mes, los expertos sobre el terreno detectaron una cierta inactividad por parte de los responsables marroquíes durante las tardes, momento que las mafias aprovechaban para organizar las salidas de migrantes hacia España. En las últimas dos semanas, en cambio, se constata un patrullaje más intenso en la zona de Tetuán y Tánger, atribuible en gran medida a que el rey pasa allí sus vacaciones. Desde principios de julio (justo cuando llegó a la zona Mohamed VI), Tánger se ha convertido en el séptimo lugar en importancia por volumen de salidas, más concentradas en Rabat y otros puntos de la costa oriental.
El fenómeno no es del todo inesperado. La agencia de la UE ya lo advertía en su informe sobre análisis de riesgos para 2018. “Cuestiones internas en Marruecos, el principal país de tránsito hacia España, han creado una brecha que permite más salidas, particularmente desde la costa occidental de Marruecos”, recoge ese documento oficial. La tendencia no va a remitir.
Algunos informes de inteligencia aseguran que el monte Gurugú —en la sierra de Nador, cerca de Melilla— presenta “un incremento de actividad humana”. Esa área es conocida por albergar a un gran número de subsaharianos que aguardan el momento para dar el salto a España. La capacidad de esos campos irregulares ha crecido en los últimos meses. Además, varias docenas de migrantes llegan cada día desde países subsaharianos a Casablanca con la intención de alcanzar territorio español. Ambos factores llevan a las autoridades europeas a prever una presión elevada en el sur del país durante los próximos meses.
Europa ha centrado en Turquía y en Libia los principales esfuerzos de contención migratoria en los últimos años. Con la crisis de llegadas a Grecia —principalmente de refugiados— en 2015, la UE improvisó un instrumento financiero de 3.000 millones de euros para financiar la atención a los asilados en la vecina Turquía. En Libia los desembolsos son menos claros, pero crecieron cuando el pico de llegadas se trasladó a Italia y superan los 200 millones de euros solo en el fondo fiduciario para África. Marruecos, en cambio, que ejerce un control más sostenido y coordinado con España, se siente desatendido.
Fuentes de Moncloa admiten que Rabat espera desde hace dos años más respaldo económico del presupuesto comunitario, alrededor de 30 millones de euros. Otras fuentes elevan la cifra a casi 190 millones. Las autoridades marroquíes han enviado hace poco un listado de peticiones a Bruselas a través de España. “Aún están esperando respuesta”, sostienen en Moncloa.
Conscientes de la sensación de agravio, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE admitieron la necesidad de redoblar esos esfuerzos hacia Marruecos en la cumbre europea de junio. Los líderes reflejaron por escrito ese compromiso financiero y los primeros días de julio ya se aprobó un programa de 55 millones de euros para mayor control de fronteras dentro del fondo de la UE para África. Esa partida se suma a otros 80 millones ya desembolsados para atención a migrantes en el país magrebí. Pese a todo, las cifras palidecen al lado de las comprometidas en otros puntos del vecindario europeo.
Sentencias del Sáhara
El dinero no es el único motor de estas reclamaciones. Algunas fuentes sugieren que Rabat pudo molestarse con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no realizase allí su primer viaje oficial. Sánchez tenía la intención de hacerlo para seguir así la tradición diplomática española, pero Mohamed VI no estaba en Marruecos durante las fechas previstas para esa visita.
Más allá de la actuación española, Rabat lleva meses incómodo con toda la UE por las sentencias del tribunal europeo de justicia que certificaban que el Sáhara no es territorio marroquí. Esos pronunciamientos han obligado a rehacer los acuerdos agrícola y pesquero entre Bruselas y Marruecos para garantizar que esos pactos no explotan los recursos de este territorio, pendiente de resolver su estatus político mediante un referéndum que la ONU tiene el mandato de organizar desde 1991.
Bruselas y Rabat acaban de cerrar —sin mucha publicidad— los nuevos modelos de acuerdos agrícola y pesquero que debían amoldarse a las sentencias de Luxemburgo. Los textos salvan la cooperación con el vecino del sur a cambio de unas vagas garantías de consulta a los saharauis. Está por ver que el Parlamento Europeo lo ratifique. Cualquier duda en ese ámbito añadirá más tensión al frágil equilibrio entre la UE y Marruecos.
España evita pedir más ayuda
Pese a las continuas alertas sobre la mayor presión migratoria por las costas españolas, las autoridades han evitado pedir refuerzos. Una portavoz de Frontex alega que la labor de esta agencia en España se ha duplicado en los últimos tiempos. En la actualidad, hay desplegados 182 oficiales, tres barcos, un avión y un helicóptero para labores de vigilancia y lucha contra las mafias, según detalla la Comisión Europea. La asistencia es ahora permanente, no estacional como antes.
Además, España ha recibido este mes 25,6 millones de euros para “mejorar la capacidad de recepción al llegar a la costa, para Ceuta y Melilla y para aumentar las expulsiones”, explica un portavoz.
Pese a todo, fuentes comunitarias alegan que el Gobierno español debería pedir más apoyo dada la magnitud del problema. Y consideran que el motivo es el miedo a que este gesto se interprete como incapacidad para gestionar las fronteras. Existen unos equipos europeos de intervención rápida cuya actuación pueden solicitar los Estados en apuros, pero solo se reclaman cuando la situación está ya muy deteriorada.
Antes que recurrir a Bruselas, España trata de protegerse con sus medios. Interior reforzó este domingo Ceuta con un módulo de intervención rápida de la Guardia Civil (19 agentes) y un helicóptero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamó el sábado desde Algeciras "una solución europea", aunque negó que exista colapso y enfatizó que todo está "bajo control". Marlaska viaja este lunes a Mauritania para hablar de migración con las autoridades de ese país.
Junio situó a España por primera vez como punto álgido de las llegadas a Europa (6.358 personas detectadas). En lo que va de año, se han registrado casi 21.000 entradas irregulares.
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