Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscalía vuelve a pedir que el Supremo deje al ‘exconseller’ Forn en prisión

Llarena toma declaración a seis testigos para apuntalar el delito de malversación

Un furgón policial sale del Tribunal Supremo este martes, donde Joaquim Forn ha sido llamado para declarar.
Un furgón policial sale del Tribunal Supremo este martes, donde Joaquim Forn ha sido llamado para declarar. EFE

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto de nuevo este martes a que el exconseller de Interior, Joaquim Forn salga en libertad provisional. El exconseller, que dejó su escaño en el Parlament en enero pasado, ha vuelto a pedir al juez Pablo Llarena que revoque su encarcelamiento al entender que no existe riesgo de fuga ni de reincidencia delictiva porque ya ha abandonado la política. Pero tanto el ministerio público como las acusaciones que ejercen Vox y la Abogacía del Estado se han opuesto a esta petición. Llarena dará a conocer su decisión en los próximos días.

Forn ha comparecido a petición propia ante el juez que instruye la causa del Supremo contra los líderes del procés para rebatir uno de los argumentos empleados por el instructor un auto del pasado 23 de mayo: que la carta que escribió junto al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y que fue leída el pasado 2 de mayo en un acto públic celebrado en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona implica un riesgo de reiteración delictiva. En esa misiva, Forn y Junqueras afirmaban que Cataluña es "un país vivo que no se resigna, ni cede a la represión ni a la amenaza", lo que llevó a Llarena a concluir que los dos líderes independentistas, que están en prisión desde el pasado 2 de noviembre, revalidaron su compromiso con la determinación reflejada en el Libro Blanco para la Independencia, que le sirvió para justificar su procesamiento.

En su comparecencia de este martes, Forn ha afirmado aquella carta no era un apoyo a la independencia unilateral ni a los Comités de Defensa de la República (CDR), como consideró Llarena, sino que un escrito "para agradecer el apoyo moral de la gente". Según fuentes presentes en la comparecencia del exconsejero de Interior, la Fiscalía ha basado su oposición a que se le deje en libertad en que la cercanía del juicio, que el Supremo pretende celebrar el próximo otoño, aumenta el riesgo de fuga, como también lo hace el procesamiento por rebelión porque Forn ya sabe que se puede enfrentar a una pena de hasta 30 años de cárcel.

A la salida de la declaración, el abogado de Vox, Javier Ortega, ha añadido otros motivos a los usados por la Fiscalía para oponerse a la libertad del exconsejero. Según Ortega, las declaraciones formuladas ayer por el presidente de la Generalitat Joaquim Torra en las que consideró necesario “crear otro 1 de octubre”, en referencia la fecha del referéndum ilegal de independencia celebrado el año pasado, corroboran que el plan para conseguir la independencia unilateral sigue adelante, por lo que ni Forn ni ninguno de los líderes independentistas encarcelados puede salir en libertad.

Tras la declaración del exconsejero de Interior, han comparecido en el Supremo seis testigos propuestos por las defensas del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva. Los seis son directivos de medios de comunicación o de agencias publicitarias que negociaron con la Generalitat la contratación de campañas publicitarias previas al referéndum del 1-O, unas campañas que según la investigación son parte central del delito de malversación. Todos habían declarado ya ante el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y en el Supremo han reiterado lo mismo que ya dijeron allí.

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van der Eynde, ha afirmado que su intención al reclamar los testimonios de estas seis personas era, sobre todo, poner de manifiesto las “irregularidades” que, a su juicio, se están cometiendo en la instrucción del Supremo. El letrado ha cuestionado que Llarena dictara el procesamiento solo a partir de los informes de la Guardia Civil y antes de oír a todos los testigos que pudieran aportar información al proceso lo que, en su opinión, supone que el instructor ha actuado “prejuzgando” los hechos.

Una de las testigos, Olga Solana, directiva de la agencia Focus Media ha explicado que renunció a una de las campañas porque consideraba que tenían contenido político pero sí aceptó hacer la campaña para difundir el registro de catalanes residentes en el extranjero con el objetivo de configurar el censo del 1-O. Según Solana, su agencia ha emitido una factura por esa campaña, pero la Generalitat no la ha abonado.

Xevi Xirgu, director de El Punt-Avui, ha reconocido que recibe subvenciones y que llevó a cabo una campaña, pero que lo hizo de forma gratuita cogiendo imágenes de internet sin que nadie se la encargara, por lo que no cobró. Nadie, según su testimonio, le ha reclamado por derechos de imagen o de autor.

La presidenta de la corporación catalana de medios audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, el ente que agrupa a TV3, Catalunya Ràdio y el resto de medios públicos, ha explicado que en 2017 tuvo 231 millones de presupuesto público. En ese año, los medios de la CCMA difundieron tres campañas relacionadas con el procés, pero la Generalitat, según Llorach, no las ha pagado porque considera que están englobadas en el presupuesto anual, a pesar de que la corporación las ha reclamado. Según las fuentes consultadas, la presidenta de la corporación ha dicho que la Generalitat le dio un presupuesto para estas campañas al margen de las cuentas de la corporación para 2017. También ha comparecido Fernando Boloix de la empresa Carat, quien ha asegurado que le encargaron las tres campañas pero no las aceptó porque tiene importantes clientes internacionales y no puede aceptar encargos de contenido político.

Llarena ha recogido también el testimonio de dos responsables de Unipost, la empresa a la que la Generalitat le encargó el reparto de las papeletas y sobres electorales. Francisco Juan Fuentes, responsable de reparto de la empresa, ha afirmado que cuando la Adminstración les llevó los palés con los 43.000 sobres no le entregó ningún albarán ni otro documento que acreditara la entrega. Su empresa, además, no conocía el contenido de los paquetes, según Fuentes, cuya empresa finalmente no pudo repartir los sobres porque fueron requisados por orden judicial.