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El juez decano de Madrid rechaza cursar una petición de Bélgica para interrogar a Llarena

Un tribunal belga cita para el 4 de septiembre al instructor del proceso separatista por una demanda de Puigdemont

Pablo Llarena
Puigdemont y Mas en el Parlament, el pasado 10 de octubre.

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, no cursará "por improcedente” una petición de la justicia de Bélgica para que advierta fehacientemente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del proceso separatista catalán, de que debe comparecer el próximo día 4 de septiembre ante un tribunal de ese país para prestar declaración. Mientras la justicia belga pone pegas a la entrega a España de tres exconsejeros catalanes huidos, un tribunal de este país se ha apresurado a citar a Llarena por una demanda que le interpuso el pasado 5 de junio el expresidente catalán Carles Puigdemont y a la que se adhirieron después los citados exconsejeros prófugos en Bruselas y Escocia.

El decano no entra en valoraciones. Dará una respuesta estrictamente jurídica al tribunal belga, entendiendo que su solicitud “no procede”

Los demandantes huidos piden en Bélgica para Llarena una condena simbólica, el pago de cinco euros, por su supuesta “parcialidad y obstinación” en la causa que instruye contra 24 cabecillas del independentismo catalán. La finalidad subrepticia de la demanda es recusarle y apartarle de la causa. En la demanda piden a Llarena una indemnización de cinco euros y que se le condene a las costas del proceso.

El tribunal belga que ha asumido la demanda que encabeza Puigdemont acaba de enviar un escrito al juez decano de los juzgados de la plaza de Castilla para que, a través del servicio de notificaciones de los juzgados, entregue al juez Llarena una cita para ser interrogado el próximo 4 de septiembre en Bruselas. Según fuentes jurídicas, la intención del decano de Madrid es rechazar de plano tal petición. Viejo, en el escrito que enviará a la justicia belga, no entra en valoraciones; su respuesta será estrictamente jurídica, pero entendiendo que “no procede” cursar esa cita.

Un juez instructor como Llarena, perteneciente a la cúpula de la justicia penal española, cuando está en el ejercicio de su función, se constituye “en un poder del Estado en el ejercicio de su jurisdicción”, recuerdan los citados medios. “Y actúa en el marco de la soberanía española”, matizan. “Por lo que un juez de otro país no puede entrar a valorar la instrucción hecha por un colega comunitario atendiendo a una simple petición de los acusados”, añaden.

La justicia belga también ha hecho llegar la cita del 4 de septiembre al propio Tribunal Supremo. En ella permite a Llarena declarar, si lo desea, por otra vía ajena a la presencial en Bruselas

El decano de Madrid rechaza la petición belga basándose en un reglamento de 2007 del Consejo de Europa sobre notificaciones judiciales en el ámbito comunitario. Y concluye que la petición vulnera la normativa y que, por tanto, “no hay lugar a la citación”. La justicia belga también ha hecho llegar la cita del 4 de septiembre al propio Tribunal Supremo. En ella permite a Llarena declarar, si lo desea, por otra vía ajena a la presencial en Bruselas. El juez español no tiene previsión alguna de acudir a esa cita, según fuentes del Supremo.

En el alto tribunal están molestos con esta citación. Y, además, lamentan la inacción que están mostrando en este asunto “tanto el Consejo del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia”. “Esta vez es una demanda simbólica de un euro de los encausados separatistas, pero pongamos el caso futuro de algún reo al que se le ocurra pedir en Bélgica dos o tres millones a un juez y se le declare en rebeldía por no acudir a la citación. Luego cabría la posibilidad de que la justicia belga utilizase los mecanismos de cooperación judicial europea para que se ejecute su sentencia. Sería un problema para el juez afectado. Todo esto es surrealista”, se lamentan magistrados del Supremo.

La negativa del decano de los jueces de Madrid a dar curso a la citación de Llarena puede ser recurrida por la justicia belga ante instancias judiciales superiores españolas. La justicia de ese país, donde permanecen huidos los exconsejeros catalanes Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, rechazó tramitar la euroorden para la entrega a España de estos.

En el alto tribunal están molestos con la citación. Y, además, lamentan la inacción que están mostrando en este asunto “tanto el Consejo del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia”

Si no surgen obstáculos, Llarena dará por concluida la investigación este mismo mes, justo después de que se pronuncie su sala de apelaciones sobre los recursos interpuestos por los líderes separatistas contra el auto de procesamiento que pesa sobre ellos. El magistrado ha pedido a Bélgica que le entregue a los exconsejeros huidos por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Bélgica, de momento, ha rechazado tal entrega alegando un supuesto defecto de forma en la euroorden despachada por Llarena. Alemania, donde se halla Puigdemont, tampoco ha tomado aún una decisión sobre el futuro del cabecilla secesionista. El tribunal alemán que le mantiene en libertad bajo fianza ha avanzado que no ve rebelión ni sedición en las acciones de Puigdemont. No obstante, se ha tomado el mes de prórroga que contiene la euroorden (90 días de plazo) para tomar una decisión definitiva sobre los términos en que entrega, o no, a Puigdemont. En el Supremo reina cierta desazón. La fiscalía alemana ha solicitado a sus jueces que sí entreguen al imputado a España por los delitos que indica Llarena, rebelión y malversación.

Fuentes del Supremo advierten, por otro lado, que rechazarán la entrega de Puigdemont si la justicia alemana insiste en entregarle solo por el delito de malversación y excluyendo los de rebelión y/o sedición. En el Supremo hay malestar por que el tribunal alemán que analiza la entrega a España de Puigdemont haya entrado a valorar el fondo de los delitos que se le imputan. La euroorden está basada en el principio de confianza mutua entre los jueces comunitarios; y no intervienen los gobiernos sobre si debe entregarse o no a un huido. En la extradición, que no rige para los países de la Unión Europea, la última palabra la tienen los gobiernos.

Fuentes jurídicas recuerdan que Alemania reclama a España cada año cuatro veces más huidos de ese país que a la inversa, lo que explica el firme apoyo que desde el principio ha tenido en la fiscalía alemana la euroorden de Llarena contra Puigdemont. Y agregan que la justicia española ha sido siempre muy colaboradora con todos los jueces europeos sin entrar a reexaminar sus investigaciones. Pero la confianza puede deteriorarse si Bélgica y Alemania finalmente no entregan a los encausados huidos por los delitos que les imputa Llarena, sostienen los citados medios.

El juicio contra los independentistas que se hallan presos en España está previsto que se inicie a finales de octubre, y el Supremo confía en tener la sentencia, inapelable, a comienzos del próximo año.

"Agresivos vestidos de románticos"

Fuentes del Tribunal Supremo aseguran que los exconsejeros que han demandado al juez Llarena “nos son tan románticos cuando piden una  indemnización de solo 5 euros, ya que también reclaman que se le condene en costas por el procedimiento abierto en Bélgica”. “Ello puede suponer”, señalan estos medios, “que el magistrado español tenga que pagar varios miles (o decenas de miles) de euros a los abogados de los independentistas prófugos. Si eso no es atacar la independencia del juez, que baje Dios y lo vea”.

Añaden estos medios que “en España, para evitar esa presión indirecta sobre un juez instructor, el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe demandar a los jueces por cuestiones de su ejercicio. Los particulares pueden, en su caso, demandar al Estado y que sea este el que pague una eventual indemnización y las costas, si es que proceden”.

Los independentistas huidos “han demandado en Bélgica para soslayar esa prohibición y poder presionar al juez Llarena amenazando su patrimonio. Son agresivos aunque se vistan de románticos”. El artículo 296 de la LOPJ elimina “la acción civil directa (así se llama la posibilidad de demandar directamente a los jueces) y lo hace porque es un instrumento que permitiría, fundamentalmente las grandes empresas y personas con economía poderosa, presionar a un juez, arruinándolo en gastos de defensa en los numerosos procedimientos que podrían impulsar contra él. Demandar en Bélgica es un intento de defraudar las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico español y condicionar al juez en futuras decisiones”, zanjan fuentes del Supremo.