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Paramos, la aldea de las vidas derruidas

700 afectados por la explosión pirotécnica de Tui luchan contra la burocracia, los errores administrativos y un mar de escombros que nadie retira

Una casa derrumbada por la explosión pirotécnica en A Torre (Paramos, Tui).
Una casa derrumbada por la explosión pirotécnica en A Torre (Paramos, Tui).

Quince días después de que la aldea de Paramos saltase por los aires, del chamuscado cráter donde antes se alzaban una treintena de viviendas unifamiliares no se ha retirado todavía ni un solo cascote. Y son muchas toneladas. “Del desescombro no se sabe ni quién lo pagará ni quién lo va a hacer; el Ayuntamiento nos ha dicho que podría costar entre cinco y siete millones de euros”, señala con preocupación Salvador García, portavoz vecinal de este núcleo del Ayuntamiento de Tui (Pontevedra) en el que el pasado 23 de mayo explotó un almacén pirotécnico clandestino dejando una pareja muerta, dos niños huérfanos y 37 heridos. Él, propietario de una empresa de electricidad, se ha puesto al frente de la plataforma creada por los 700 afectados para luchar contra la burocracia y la torpeza administrativa que, según denuncian, no les está poniendo fácil la reconstrucción de sus vidas.

Mientras la Xunta y el Ayuntamiento anuncian ayudas por un total de seis millones de euros y casi todos los que perdieron sus casas están realojados en hogares provisionales, las trabas para rehacer o rehabilitar las 290 edificaciones dañadas empiezan a multiplicarse. El Gobierno gallego publicó un decreto con las indemnizaciones que, según ha explicado este martes la plataforma de afectados, contenía “un montón de errores” y ponía un tope mucho más bajo del acordado al dinero que los damnificados podrán recibir de todas las Administraciones para reedificar sus viviendas.

La Xunta les ha prometido que volverá a publicar el decreto y que la orden definitiva saldrá este mismo viernes. “Nos dimos cuenta nosotros de los errores y menos mal. Una vez más se traslada a la ciudadanía la obligación de informarse y defenderse, pese a que tenemos unas Administraciones que tienen el deber de velar por nosotros. Es increíble”, protesta García, quien celebra al menos que las ayudas autonómicas sean directas e inmediatas y que los damnificados, a diferencia de lo ocurrido en otras catástrofes, no sean obligados a adelantar el dinero. “Cuando nos dijeron que [las ayudas] serían como las de los incendios nos echamos a temblar, porque desde octubre aún hay gente que no ha cobrado”.

Las trabas urbanísticas impiden una rápida vuelta a casa de aquellos que sufrieron destrozos parciales en sus casas. Es el caso de Salvador García, a quien le han dicho que debe contratar por su cuenta y de su bolsillo a un arquitecto técnico que autorice, cubierto por un seguro, que los obreros pueden entrar en el edificio para iniciar la reparación. Hay una veintena de personas en Paramos con el mismo problema. Otros afrontan la dificultad añadida de que sus viviendas, levantadas antes de 1975, no cumplen la actual normativa urbanística y en teoría no podrían volverse a construir. “Tienen que arreglar eso y permitir la reconstrucción de lo que había”, defiende la plataforma de afectados, que reclama además que se cree en Tui una oficina urbanística específica con personal de refuerzo para atender las consecuencias de la explosión, que desbordan los modestos servicios municipales de este Ayuntamiento de 17.000 habitantes.

Los vecinos de Paramos exigen “coordinación” a las tres Administraciones implicadas (Xunta, Ayuntamiento de Tui y Diputación de Pontevedra). Otra de sus portavoces, Lupe Pérez, ha subrayado que “casi todas las viviendas [donde se han realojado los afectados] fueron buscadas por los particulares, con apoyo de los servicios sociales". Son también las propias víctimas de la explosión las que han tenido que contactar con las empresas de agua y luz para dar de baja los servicios y evitar que les sigan cobrando. Cuando recuperen sus hogares, ha recordado Pérez, deberán pagar el alta.

La plataforma de Paramos ha convocado varias protestas (una concentración este miércoles en el Parlamento gallego y una manifestación este sábado en Tui) y ha decidido constituirse en asociación para ganar “peso jurídico” y reclamar responsabilidades a las Administraciones en los tribunales. Los habitantes de esta aldea están convencidos de que alguna institución debe rendir cuentas ante la Justicia por no haber vigilado el destino del material pirotécnico que atesoraba la empresa La Gallega, cuyo dueño, el ahora encarcelado Francisco González Lameiro, escondió sus explosivos en varios zulos clandestinos esparcidos por Tui pese a haber sido clausurada por el Ayuntamiento. El expedáneo de Paramos Laureano González ha negado rotundamente que el empresario, a quien conocían como Paco O Fogueteiro, los tuviese amenazados para que no dijesen "nada" del polvorín que ocultaba junto a sus casas: "Nadie aquí sabía lo que había”.

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