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El ‘paseíllo’ de la era Gallardón por la Audiencia Nacional

Dos exconsejeros madrileños y el propio expresidente declaran imputados esta semana por el 'caso Lezo'

Carlos Mayor Oreja (derecha), exconsejero madrileño y expresidente del Canal, a su llegada este martes a la Audiencia Nacional. En vídeo, las claves del caso 'Lezo'.

La era Gallardón se enfrenta esta semana al mediático paseíllo de la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, ha citado este martes, miércoles y jueves a dos exconsejeros de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón y al propio expresidente. A los tres, que se sentarán ante el magistrado en calidad de imputados, se les relaciona con la supuesta compra irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. Una trama que sitúa a Ignacio González, otro ex jefe del Gobierno regional, en el centro de la supuesta red de corrupción y que devuelve al PP a los tribunales apenas dos semanas después de que se publicase la sentencia de Gürtel y solo cuatro días después de que triunfase la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Carlos Mayor Oreja, exconsejero de Justicia y expresidente del Canal, ha inaugurado este martes la ronda de declaraciones. Según explican fuentes jurídicas, el imputado ha respondido a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de las acusaciones. Ha negado cualquier irregularidad en el proceso. Al menos, que él conociera. Según su versión, no tenía ningún tipo de noticia de las supuestas ilegalidades hasta que ha leído el sumario de la causa. Y, además, ha añadido que el plan de expansión de la compañía ya se había estudiado anteriormente —según él, durante la etapa de Joaquín Leguina (PSOE) al frente de la Comunidad— y contaba con los informes técnicos que avalaban la adquisición de Inassa.

El caso Lezo investiga una supuesta red de corrupción que utilizó la gestión del Canal de Isabel II para favorecer a personas vinculadas al PP. En ese contexto se enmarca la compra de Inassa en 2001 por 73 millones de dólares [65 millones de euros], pese a que los investigadores calculan que su valor era "muy inferior" —unos 30 millones de dólares—. La Guardia Civil sospecha que ese sobrecoste sirvió para pagar comisiones a intermediarios.

Unas supuestas irregularidades que este martes ha negado Mayor Oreja, que ha comparecido durante cerca de dos horas. Este miércoles le toca el turno a Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia en el momento de la adquisición. Y el jueves, a Ruiz-Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid. A los tres, que formaban parte del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la compra, se les imputa los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Gallardón ha negado públicamente las acusaciones. Pero otros dos estrechos colaboradores del exministro de Justicia también han desfilado ya por la Audiencia Nacional. Pedro Calvo, exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal de Isabel II, y Juan Bravo, exconsejero de Hacienda. Ambos negaron irregularidades. El primero desvinculó al expresidente de la Comunidad de la compra y aseguró que no tenía constancia de los detalles de la operación.