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Los investigadores sitúan al sucesor de Zaplana en la Generalitat valenciana en el ‘caso Erial’

Olivas ya fue condenado por recibir un misterioso pago de 580.000 euros de la empresa de los Cotino

Zaplana, con corbata verde, y tras él Olivas, tras anunciar el relevo en la presidencia de la Generalitat valenciana en 2002.
Zaplana, con corbata verde, y tras él Olivas, tras anunciar el relevo en la presidencia de la Generalitat valenciana en 2002.

Los investigadores de la Operación Erial sitúan al sucesor de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, en la misma “red criminal” que al exministro del PP y creen que también cobró comisiones por la adjudicación a Sedesa, empresa de la familia Cotino, de tres zonas de explotación del Plan Eólico Valenciano, según han asegurado fuentes del caso a este periódico. Las mismas fuentes adelantan que Olivas será citado a declarar como investigado. Su abogado ha declinado hacer declaraciones.

Olivas accedió a la presidencia de la Generalitat en 2002 y fue relevado en el cargo un año más tarde por Francisco Camps, también del PP. Previamente, Olivas había sido vicepresidente y consejero de Economía con Zaplana. Tras abandonar el Gobierno valenciano, en 2003, se convirtió en presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, que una década más tarde tuvieron que ser rescatados —Bancaja, tras haberse fusionado con Caja Madrid para formar Bankia—.

En 2017, Olivas ya fue condenado a un año y medio de cárcel por el misterioso pago de 580.000 euros que en 2008 le hizo Sedesa, dirigida entonces por Vicente Cotino, detenido la semana pasada en la Operación Erial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representaba a Hacienda, mantuvieron en aquel juicio que aquella entrega de dinero, que Olivas intentó justificar con una labor de asesoría en la venta de la participación de Sedesa en la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, escondía la contraprestación por un “favor inconfesable”. Las acusaciones lograron las condenas de Olivas y Cotino por falsedad documental y fraude fiscal, pero no lograron ir más allá.

Las pesquisas del caso Erial, desarrolladas desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección de la juez de Valencia Isabel Rodríguez, que el martes pasado condujeron al arresto de Zaplana y otras seis personas, han cambiado la perspectiva. El pago de 580.000 euros es visto ahora como la concreción de una mordida del Plan Eólico Valenciano, el programa de la Generalitat para instalar parques de aerogeneradores a lo largo de la Comunidad Valenciana. Las 15 zonas de explotación fueron repartidas en 2002 entre las propuestas presentadas por Unión Temporales de Empresas. Sedesa se benefició de tres de las 15 adjudicaciones.

Los investigadores creen que Olivas cobró la mordida cinco años después de abandonar el Gobierno valenciano, cuando la empresa de la familia Cotino obtuvo una plusvalía de cerca de 40 millones al traspasar a Endesa su participación del 25% en la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos. Una práctica, la del pago de comisiones a plazo, que también se habría producido en el caso de Zaplana.

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