La URCJ denuncia malversación en la gestión del Instituto de Derecho Público

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha presentado este jueves una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por un presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público. Así lo ha decidido tras detectar las "graves irregularidades económicas" en la gestión de este ente que se desprenden de la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que impartía este organismo cuando el director era Enrique Álvarez Conde.

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Ramos ha dicho que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el Instituto de Derecho Público, Pablo Acosta, "destapa" que esta institución "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial". "Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", reza el informe.

El documento también detecta la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que hay "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros". "El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", expone el informe.

Por otro lado, el informe recoge que el Instituto de Derecho Público "tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión". "En este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo. La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público", recoge el documento elaborado por Acosta.

A su vez, el informe concluye que el instituto funcionó desde su creación "con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC". Por otro lado, se ha constatado que "no existía ninguna contabilidad oficial".

La investigación de la universidad recoge que "una gran parte de la actividad académica del Instituto distaba de ser la que correspondería a un organismo vinculado a la investigación y al conocimiento del derecho público". Según el informe, "el espíritu de la regulación es que los institutos puedan impartir docencia en materias derivadas de sus actividades de investigación". "Sin embargo, la mayoría de la docencia que se ofrece desde el Insituto de Derecho Público nada tiene que ver con su actividad investigadora, y ni siquiera tiene que ver con el ámbito de actuación del Instituto, que es el Derecho Público", zanja el escrito de Acosta.

El documento también detalla que algunos de los cursos que gestionaba el Instituto de Derecho Público abordaban campos como, por ejemplo, "Experto en Producción y Montaje de Exposiciones", "Máster en Habilidades Profesionales y Desarrollo del Talento Humano" o el "Especialista en Detección de Sustancias Explosivas con Perros". "Muchas de estas titulaciones se refieren al campo de la seguridad privada, al deporte o al ámbito sanitario, sin ninguna relación con la finalidad del Instituto", recalca la universidad.

El pasado martes, el rector también ordenó a la jefa de Inspección de Servicios de la institución abrir una investigación sobre los estudios de grado que cursó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. También avanzaba la apertura de una información reservada sobre los estudios del alumno de máster de Derecho Autonómico Álvaro Morente Hidalgo, "distintos a los que están siendo investigados por la Justicia" y por el que está imputado por presunta falsificación de documento público en la causa del máster de la expresidenta de la Comunidad.

Este viernes en el Consejo de Gobierno el rector dará debida cuenta de estos "importantes temas relacionados con la crisis institucional" que vive la institución", expone la URJC en un comunicado remitido a la comunidad educativa.