257 ceses y solo un puñado de nombramientos

El Gobierno no ha utilizado la aplicación del artículo 155 en Cataluña para reemplazar al antiguo Govern por una nueva Administración. La mayoría de altos cargos que llevaban el día a día de la Generalitat sigue haciéndolo, solo que ahora sin jefes.

La intervención del 155 suprimió, sobre todo, tres tipos de cargos: uno, el president y sus consellers; dos, todos los cargos eventuales de confianza que dependen de ellos y, tres, los miembros de los organismos más dedicados a construir o afianzar la hipotética nueva república —delegados en el extranjero, Diplocat, Instituto de Estudios de Autogobierno o Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno—. Junto a estos tres grandes grupos, hay un puñado de altos cargos que han ido saliendo.

Entre todos suman 256 personas, según datos de vicepresidencia del Gobierno a 17 de marzo. A esa cifra hay que añadir a Annabel Marcos, directora del Instituto de Seguridad Pública, que trasladó urnas el 1 de octubre. Como Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana, cesado después de quedar en libertad con cargos por malversación y desobediencia. Son las últimas salidas, provocadas por las circunstancias.

Junto a estas salidas se han producido algunos nombramientos en Interior, Educación y Justicia para cubrir huecos específicos de gestión. Pero el motivo es más fruto de retos puntuales que de un análisis claro. Según fuentes de la Generalitat, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, recuperó el 7 de noviembre a la jefa de prensa de Interior, Esther Sastre, cesada en octubre junto al conseller, porque el Departamento y los Mossos necesitaban a alguien que hiciera ese trabajo.

La parálisis es la consecuencia lógica de la falta de cargos ejecutivos: nadie toma decisiones que conlleven riesgo o incertidumbre. Los altos cargos resuelven el día a día, con la dificultad añadida de más trabajo burocrático para justificar decisiones o pagos cotidianos, pero no logran disimular la falta de dirección política.