El expresidente de Murcia declara como imputado por tercera vez en un año
El instructor investiga si Pedro Antonio Sánchez fraccionó contratos de obras públicas para no sacarlos a concurso
Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de Murcia, ha declarado este viernes en calidad de investigado —antigua figura de imputado—, por tercera vez en el último año. Tras sentarse ante el juez acusado de media docena de delitos en los casos Auditorio y Púnica, Sánchez se enfrenta ahora al caso Pasarelas, que estudia si se fraccionaron contratos de manera fraudulenta para adjudicarlos a dedo.
El caso se remonta a sus años como alcalde en el municipio de Puerto Lumbreras, un cargo que ocupó entre 2003 y 2013, y está estrechamente relacionado con el caso Auditorio, a raíz del cual el juez abrió esta pieza separada. Sánchez ha llegado a los juzgados de Lorca a las ocho y media de la mañana, nada más abrirse sus puertas, y ha abandonado los juzgados dos horas más tarde, sin hacer ninguna declaración a los periodistas más allá de un escueto "Buenos días, gracias".
El juez instructor del caso, Antonio Morente, investiga si Sánchez cometió alguna irregularidad al adjudicar en 2007 el proyecto de rehabilitación y embellecimiento de un puente y una pasarela sobre la rambla de Nogalte, unos trabajos que se encargaron al arquitecto Martín Lejárraga, el mismo que construyó el auditorio y que también está investigado en ambas causas.
La primera instructora del caso Auditorio, Consuelo Andreo, apreció en su día indicios de delito en la forma de contratación pública llevada a cabo para esas obras, que se fraccionaron en cinco lotes, siempre por un importe inferior a los 12.020 euros que establece la ley de Contratos como máximo para los contratos menores. De esa manera, se adjudicaron a Léjarraga los proyectos sin sacarlos a concurso público, aunque todos juntos sumaban una inversión de 54.500 euros.
La jueza decidió separar esta pieza del caso Auditorio y la investigación recayó en el juzgado de Instrucción número 3 de Lorca, cuyo titular, Antonio Morente, incoó diligencias en julio de 2016 y envió las actuaciones a la Fiscalía. El ministerio público esperó hasta enero de 2017 para pedir que se declarase la complejidad del plazo y ampliar así la fase de instrucción. El plazo máximo para esa solicitud estaba caducado por dos días y el juez decidió archivar el asunto. Pero, a finales de noviembre de 2017, la Audiencia Provincial de Murcia ordenó su reapertura, ampliando de nuevo la tormenta judicial que llevó a Sánchez a dimitir como presidente de la comunidad autónoma el 3 de abril de 2017, y como diputado y presidente del PP murciano el 27 de septiembre de ese año.
Los casos Auditorio y Púnica, que estaban siendo juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al estar Sánchez aforado, regresaron tras su dimisión a los tribunales que los instruían en primera instancia —a Lorca, el primero, y a la Audiencia Nacional el segundo— y se encuentran a la espera de la apertura de juicio oral.
En el caso Auditorio, el ex presidente está acusado de los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad documental por su gestión durante su etapa de alcalde de la adjudicación, ejecución y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras. El edificio se construyó con una subvención de seis millones de euros concedida por la comunidad autónoma y la obra se recepcionó en 2011 a pesar de no estar finalizada.
En cuanto a la operación Púnica, el juez encuentra indicios de delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada que habrían tenido lugar en 2014, cuando Sánchez era consejero del Gobierno murciano y presuntamente habría contactado con empresas de esa trama para contratar con cargo a los presupuestos de su consejería trabajos de mejora de su imagen en internet de cara a impulsar su candidatura como cabeza de lista del PP en las elecciones autonómicas del año siguiente. Sánchez siempre ha defendido que esos contratos no llegaron a materializarse, si bien no ocurrió así porque la trama estalló antes.
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