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El Gobierno garantiza que se podrá estudiar el 25% en castellano

El Ejecutivo no aclara cómo facilitará que se cumplan el mandato judicial de recibir un mínimo del 25% de clases en castellano

Colegio Público Ramón y Cajal de Terrassa (Barcelona).

El Gobierno promete garantizar el derecho de las familias a que sus hijos reciban en castellano las materias que fijan distintas resoluciones judiciales en Cataluña, un mínimo del 25%. Así lo aseguró este viernes el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Su comparecencia dejó más dudas que certezas por lo que la protesta de los nacionalistas y el resquemor de los socialistas continúa. No habrá cambio de modelo, aseguró, al recordar que no se puede cambiar una ley aprobada por el Parlamento. Si los soberanistas no forman Gobierno, el Ejecutivo tendrá que detallar y aplicar su propuesta a finales de marzo.

En pocas semanas, entre finales de marzo y principios de abril, los centros educativos abrirán su periodo de preinscripción para nuevos alumnos o aquellos que quieran cambiar de centro. Y, este año, la resolución sobre cómo hacerlo recae en manos del Ministerio de Educación, que actúa como consejería autonómica en Cataluña, a través del artículo 155 de la Constitución. Hasta ahora todo es gestión ordinaria, sin cambios de fondo, pero el Gobierno central sí quiere hacer que se cumpla el mínimo de enseñanza en castellano al que obligan las resoluciones judiciales. No hay decisión aún de cómo se va a implantar pero sí se conoce lo que han pedido distintos colectivos —el sindicato minoritario AMES o Societat Civil Catalana (SCC)— partidarios de que en la preinscripción se habilite la llamada casilla lingüística, un recuadro que permita a las familias indicar que sus hijos aprendan en castellano como lengua vehicular.

El ministro descartó esa idea —“yo no he hablado de casilla para nada”— sin aclarar cuál es su fórmula. Si salió al paso de los partidos nacionalistas, también del PSOE, alarmados por si el Gobierno hace un uso indebido de sus competencias y trata de modificar el modelo lingüístico catalán. “No se trata de un cambio de modelo sino de cumplir la normativa actual y los distintos pronunciamientos judiciales, señaló Méndez de Vigo.

Actualmente en Cataluña se aprende en catalán como lengua vehicular y se reservan dos horas semanales de castellano en la asignatura de Lengua Castellana en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato, aunque los docentes pueden elegir cualquiera de las dos lenguas para impartir el resto de materias. Subir a ese 25% supondría una asignatura más, el equivalente a tres horas más de clase semanales.

Diversas sentencias

El ministro no aclaró cómo quiere ponerlo en marcha, pero sí recordó que el Gobierno del PP ha recurrido en tres ocasiones la preinscripción escolar en Cataluña. En el último recurso, presentado el pasado marzo, recordaba las sentencias que obligan a fijar el castellano como lengua vehicular, como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2014, que establece un mínimo del 25% de enseñanza en castellano.

En el recurso reclamaban también que el formulario de preinscripción incluya “un apartado en el que que los solicitantes puedan expresar su demanda de recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular, en una proporción razonable”.

Otra pista de lo que puede hacer el Gobierno central es lo que ha pedido el PP en Cataluña. Los populares presentaron el curso pasado una moción para garantizar al menos un centro público o concertado en cada municipio o zona de escolarización que ofrezca ese 25% más. Pedían que se publicara la lista con los nombres de esos centros y que se pusiera la citada casilla. Su iniciativa fue respaldada por Ciudadanos y rechazada por el resto de partidos.

Todas las preguntas de la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros se centraron en este asunto pero no hubo detalles. “Lo estamos estudiando”, repitió en varias ocasiones el ministro portavoz. Sí señaló, ante posibles interpretaciones de que los planes del Gobierno pudieran considerarse solo un anuncio para ver el impacto, que “esto no es ningún globo sonda, sino que se estudia cuando ha tocado”. No hay respuesta sobre si se habilitarán opciones o el cambio afectará a todos los alumnos. No se ha consultado con nadie ni reunido con representantes de la comunidad educativa catalana —sindicatos y asociaciones de padres—, porque “aún no hay nada que comunicar”.

Solo Ciudadanos reclama al PP y al presidente Rajoy que abran esa puerta para garantizar una presencia “conjunta y equilibrada” del castellano y el catalán en las escuelas. Si en Cataluña hubiera Gobierno antes de que empiece la preinscripción, se levantaría el artículo 155 y ya no correspondería a Madrid tomar esta iniciativa.

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