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Sánchez Melgar reclama “desanclar” a la Fiscalía del Ministerio de Justicia

El fiscal general del Estado defiende la “independencia rigurosa” del ministerio público

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, este jueves en el Hotel Intercontinental en Madrid.
El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, este jueves en el Hotel Intercontinental en Madrid. europa press

Dos meses y tres días —él mismo lleva la cuenta— han pasado desde que Julián Sánchez Melgar sucedió al fallecido José Manuel Maza como fiscal general del Estado. Este miércoles, ha realizado su primera comparecencia abierta ante los medios de comunicación para defender la “independencia rigurosa” de su departamento frente al poder político. Sánchez Melgar, hasta ahora magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha reclamado, como ya hicieron sus antecesores, “desanclar” a la Fiscalía del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y al que ha asistido el ministro Rafael Catalá, el fiscal general ha vuelto a pedir autonomía presupuestaria para su departamento y ha abogado por suprimir la cláusula legal que obliga al máximo representante del ministerio público a cesar en el momento en que cesa el Gobierno que lo nombró.

Sánchez Melgar ha recordado que el ministerio fiscal “no tiene recursos propios y es la Administración la que le provee de medios”, lo que obliga a la fiscalía a relacionarse con el Gobierno y las comunidades autónomas. “Creo que tales relaciones deben ser claras, transparentes y sin zonas de penumbra; si en el futuro se logra menor dependencia en medios materiales con el Ministerio de Justicia o con los correspondientes órganos de las comunidades autónomas, la autonomía del ministerio fiscal ganará en eficacia y transparencia”, ha manifestado en su intervención inicial.

“Propongo ya desde este momento gestionar más y mejor nuestros propios medios y recursos, incluso nuestro propio presupuesto. La institución ganaría mucho con ellos. Temas como el régimen administrativo de los fiscales, concursos de traslados, nombramientos, incompatibilidades, régimen disciplinario o formación no debería haber inconveniente alguno en ser residenciados de forma exclusiva en la institución del Ministerio Fiscal. Solamente desanclando al ministerio fiscal del Ministerio de Justicia es posible concebir a aquel con mayor autonomía e independencia”, ha dicho Sánchez Melgar.

Respuesta "serena y firme" al procés

El fiscal general ha hecho referencia a la situación en Cataluña derivada del proceso independentista, que ha calificado como “uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la democracia”. Sánchez Melgar ha planteado una vía continuista con la emprendida por el fallecido Maza. “La fiscalía participa del deseo general de recuperar la convivencia y la normalidad institucional en Cataluña, pero si se reiteran los actos de desobediencia a los tribunales, que ya han sido condenados por estos, o los actos de desprecio a la Constitución, los autores se encontrarán con la respuesta de esta Fiscalía, que será serena, firme, proporcional, inexorable e inmune a cualquier tipo de la presión”, ha proclamado. “No alcanzamos a comprender por qué ha de cumplirse la Ley en una parte del territorio del Estado y no en otra parte”, ha insistido. Sánchez Melgar ha afirmado que su departamento actúa bajo los principios del derecho penal: “Nunca seremos oportunistas ni políticos en esta materia”.

Sánchez Melgar ha rechazado, en el turno de preguntas, entrar en aspectos concretos de la investigación por rebelión y sedición que se sigue en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por el proceso que desembocó en la declaración de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre. Ha afirmado que la investigación se encuentra en fase aún incipiente y que el ministerio público aún “no tiene clara la tipificación de los delitos” por los que finalmente acusará.

El fiscal general no ha entrado en el valor judicial de las declaraciones de la representante de la CUP Mireia Boya, que el martes dijo ante el juez Pablo Llarena que la declaración de independencia no fue “ni cosmética ni simbólica” y que buscaba hacerse efectiva, lo que contradice lo manifestado por el resto de los líderes del procés imputados. También ha evitado referirse a una posible investigación de la dirigente de Junts per Catalunya Elsa Artadi, o al informe de la Guardia Civil en el que se apunta al empresario Jaume Roures como “elemento capital” del proceso independentista y posible miembro del “Comité Ejecutivo”, el núcleo duro que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre y la vía hacia la secesión.

Sobre asuntos de corrupción, Sánchez Melgar, ha advertido, a preguntas de los periodistas que las acusaciones en sede judicial “sin pruebas” que llevan a una “difamación” de determinadas personas no deben salir “gratis”, por lo que ha defendido una reforma legislativa que imponga sanciones.

“Aquello que no es más que la palabra, que no es más que una mera defensa, no puede tener ningún valor”, ha afirmado Sánchez Melgar tras ser preguntado por esta estrategia de defensa después de que, el pasado lunes, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados implicara en sede judicial, aunque sin aportar documentos, a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes y a Ignacio González en la presunta financiación irregular del partido. El fiscal general ha explicado los beneficios y las rebajas de penas se reservan únicamente a “toda persona que aporte pruebas, revelaciones con consistencia documental”.

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