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‘El Bigotes’ acusa a Camps de “crear y ordenar” la caja b del PP valenciano

Pablo Crespo, gerente de la Gürtel, admite que empresarios pagaron la deuda que el PP tenía con ellos por organizar actos

Álvaro Pérez, "El Bigotes", responde a las preguntas de la fiscalía por la trama Gürtel Valenciana.

Álvaro Pérez, El Bigotes, juró en las navidades de 2008 “lealtad” para toda la vida a Francisco Camps, entonces presidente de la Comunidad Valenciana, que se refería a él como su “amiguito del alma”. Esa eternidad, recogida en una célebre grabación del caso Gürtel, ha durado nueve años. Este viernes, Pérez, uno de los hombres de confianza del cabecilla de la trama, Francisco Correa, situó al político como principal responsable de la financiación ilegal del PP en esa región. En una declaración torrencial ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, Pérez aseguró que fue Camps quien obligó a su empresa de organización de eventos Orange Market a cobrar en negro de empresarios valencianos alrededor de un millón de euros por actos de campaña para el Partido Popular.

Pérez manifestó que Camps le dijo a su número dos en el partido, Ricardo Costa, por vía telefónica y delante de él que si Orange Market quería cobrar la deuda que el partido mantenía con ellos tenía que aceptar que el dinero fuera pagado por empresarios mediante el giro de facturas falsas. “Cuando le digo a Costa que es una barbaridad hacer esto, Ricardo llama delante de mí a la persona con la que habla siempre y consulta todo y esta persona le dice que esta es la única manera de cobrar y que si no que lo deje: y esta persona es Francisco Camps”, ha dicho El Bigotes a preguntas del fiscal Carlos Alba. Posteriormente, ha remachado que Camps fue la persona que “ordenó y creó” ese sistema de pagos.

El creativo y publicista, era el principal responsable de Orange Market, la empresa con la que Correa se instaló en la Comunidad Valenciana después de caer en desgracia en el PP nacional tras dejar José María Aznar la presidencia del partido. Según la acusación, la mercantil cobró 3,4 millones de euros en negro por preparar mítines en las campañas electorales y otros actos en periodo ordinario en 2007 y 2008. De este dinero, casi 1,2 millones de euros fueron aportados por al menos nueve empresarios que han confirmado los pagos.

La confesión del Bigotes en el juicio por la caja b del PP valenciano fue un vendaval de chascarrillos en el que salieron a relucir los principales nombres de la formación en esa comunidad. El empresario, que cumple condena desde febrero por la pieza separada de Fitur, señaló a figuras ya retiradas como Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas, de quien dijo que era quien “hablaba” con los empresarios que pagaban las facturas de sus actos públicos al PP. También salpicó a políticos en activo, como Adela Pedrosa, actual secretaria segunda del Senado. De ella, dijo que “mandaba muchísimo” en el PP regional y afirmó que era quien daba las órdenes al ex número dos de la formación Ricardo Costa, sentado detrás de él en el banquillo de los acusados.

Pablo Crespo, el considerado número dos de la trama Gürtel y gerente de las empresas del cabecilla, Francisco Correa, ha reconocido este viernes en la Audiencia Nacional que empresarios valencianos les pagaron los trabajos que realizaron para las campañas electorales y otros del periodo ordinario del PP de la Comunidad Valenciana. Los trabajos, realizados entre 2007 y 2008, costaron 3,4 millones de euros. Según su declaración, el encargado de la empresa de eventos Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, reclamó el pago de la deuda al expresidente del PP valenciano y de la Generalitat Francisco Camps.

Crespo también ha manifestado que parte de esos trabajos se los pagó el partido con dinero en efectivo y que esos fondos fueron a parar íntegramente a la caja b de las empresas de Correa. El empresario no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el juicio de la caja b del PP valenciano tras los dos días de suspensión, aunque su abogado aseguró que contestaría "la verdad" a todas la partes que le pregunten y ha apuntado directamente al exdirigente del PP valenciano Ricardo Costa.

El empresario ha afirmado que el principal encargado de la empresa de eventos Orange Market, Álvaro Pérez, el Bigotes, estuvo muy presionado por él y por Correa para cobrar el dinero que le debía el PP por las campañas de 2007 y 2008. "El señor Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos y no sé si gestiones directas o indirectas con el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Camps", ha recordado a preguntas de la fiscal del caso, Myriam Segura.

Crespo ha manifestado que Álvaro Pérez El Bigotes creativo de Orange Market tenía “muchísima relación”, según le dijo, con gente del PP valenciano. “Me hablaba de la relación con el señor [Francisco] Camps [expresidente de la Generalitat], el señor [Ricardo] Costa [ex secretario general del PP valenciano], el señor [Vicente] Rambla [ex vicepresidente regional], la señora [Adela] Pedrosa [senadora y alcaldesa de Elda], con todos los miembros de la ejecutiva del partido, con consellers, con los presidentes provinciales del PP. Su trabajo era la captación de negocio y el PP era el mejor cliente que tenía Orange Market”, ha relatado a preguntas de la fiscal Myriam Segura.

Crespo apunta directamente a Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano. Según él, Costa les dijo que se cobraran la deuda que el PP tenía con ellos con facturación falsa a empresarios. “[Costa] nos dijo que no tenían dinero para pagar las facturas y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios en lugar de a ellos, me da la sensación de que ni el mismo Costa sabía a qué empresarios. La respuesta fue que a mí la solución no me gustaba, intenté negarme y me dijo que no había otra solución, me dijo que era hacerlo así o no cobrar, hable con Correa y aceptamos hacerlo así, porque la alternativa era el concurso de acreedores y el cierre de la empresa".

Crespo, a preguntas del abogado del Estado Edmundo Bal, ha profundizado en la sugerencia de Ricardo Costa de que los empresarios pagaran la deuda del PP con Orange Market. “No fue una reunión cómoda, la relación entre cliente y proveedor es de subordinación, y tenemos que ser más garantes y cuidadosos de la relación con el cliente, no fue una reunión pacífica pero sí percibí que el señor Costa no sabía cómo ni cuándo ni de qué manera” se debían hacer los pagos.

El empresario ha reconocido, además, que uno de los empresarios que pagaron los actos de campaña en 2007 y 2008 sufragó un acto en periodo ordinario del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra en Alicante. "Estoy seguro que Costa no nos pagaba porque no quisiera, sino porque no podía", ha dicho.

El número dos de la trama ha afirmado no recordar si en esas campañas se dio un presupuesto al PP. “Yo no lo he visto, lo que no quiere decir que no se haya pasado un presupuesto, y lo normal es que el órgano del partido que tuviera que aprobar el gasto supiera” si lo que iba a pagar, ha manifestado Crespo a preguntas del juez José María Vázquez Honrubia. “En las campañas políticas la dinámica es que se empieza por un gasto y se acaba con ese gasto multiplicado por 1,5 o por 2, el frenesí de las campañas y las encuestas hace llevar campañas más grandes, con más gastos y más publicidad, y en esos casos hay un encargo verbal, un acto más grande, más cuñas de radio en horario de más audiencia…”, ha explicado.

Acuerdo con la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción había acogido con escepticismo la decisión de Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, lugartenientes del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, de admitir en el último momento que su empresa de eventos Orange Market recibió 3,4 millones de euros en dinero negro del PP valenciano por actos de campaña electoral y otros en periodo ordinario.

Tras la confesión de Correa, Crespo y Pérez pidieron el miércoles la suspensión del juicio por esta pieza del caso Gürtel para cambiar de estrategia de defensa y reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la petición de pena, de 22 y 27 años de cárcel respectivamente, por delito electoral, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía adivirtió de que solo rebajaría la pena si la confesión era completa.

Fuentes del ministerio público aseguraron que la oferta de los procesados era tardía, y que cualquier rebaja en la petición de condena se realizará en todo caso al final de la vista oral. De momento “no existe ningún pacto” de conformidad con Crespo y El Bigotes, en prisión desde el pasado febrero tras la sentencia del llamado caso Fitur, una de las piezas valencianas de las diez que componen el macrosumario Gürtel.

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