Los alumnos pagan más, las universidades reciben menos
La financiación pública cae un 28% en la crisis mientras los precios que abonan los estudiantes sube un 31%, con grandes diferencias por comunidades
Los estudiantes y sus familias han suplido en gran parte los recortes de las universidades durante la crisis. La financiación pública cayó un 28% entre 2009 y 2015 mientras el dinero ingresado por tasas académicas subió un 31%, con grandes diferencias por comunidades. El motivo no es un aumento de estudiantes o una caída del PIB, sino una decisión “claramente política”, explica la autora del último informe que analiza las cuentas de los campus públicos, presentado este martes.
Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña están entre las autonomías que más han subido las tasas universitarias a sus estudiantes durante la crisis, entre el 40% y el 68% respectivamente. Y son, al mismo tiempo, algunas de las que más han reducido la financiación a sus universidades públicas, todas por encima del 30%. Así lo recoge el informe ¿Quién financia la Universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015, del Observatorio del Sistema Universitario, que concluye que la financiación es muy dispar por comunidades autónomas y que se aleja de los países del entorno.
La aportación por tasas ha pasado de ser el 11% al 18% del total de los ingresos de los campus públicos mientras que el dinero que aportan las Administraciones —principalmente, las comunidades autónomas, de las que depende el 94,6% de la financiación pública total— han bajado siete puntos, del 78% al 71%. España está muy por debajo de la media de la UE en la aportación pública a sus universidades(el 78,3% en los 22 países europeos que están en la OCDE) con solo tres países que dan menos: Portugal, Reino Unido e Italia.
“Unos ingresos han sustituido parcialmente a otros”, resume Vera Sacristán, autora del informe que analiza solo las universidades públicas y presenciales con datos hasta 2015, último año con cifras oficiales consolidadas. “Este análisis muestra que las comunidades que más han bajado la financiación no son las que han perdido más estudiantes ni aplican descensos proporcionales a los cambios de riqueza. La decisión es claramente política, se trata de qué posición tomar en un momento de crisis”, añade.
La veda se abrió en 2012 con un decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el que modificó la forma de calcular los precios públicos universitarios. La regulación permitió a las comunidades autónomas disparar las tasas que sus estudiantes debían pagar para entrar en la Universidad. Unas lo hicieron con más ahínco y otras prácticamente se quedaron como estaban, como han ido mostrando distintos estudios en estos últimos años. El último recuento elaborado por EL PAÍS, de 2016, reflejaba que solo Galicia y Asturias optaron por congelar las tasas durante la crisis. Con lo que cuesta una carrera en Cataluña de media, por ejemplo, se pueden pagar hasta dos carreras y media en Galicia. La combinación de la subida de tasas con el endurecimiento de los criterios para obtener becas produjo protestas estudiantiles, la denuncia pública de los rectores e incluso la movilización de las universidades, que empezaron a buscar padrinos y patrocinios privados para estudiantes sin dinero.
Madrid a la cola
La financiación pública también varía ostensiblemente de un punto a otro. Los valores extremos son los del País Vasco —con la máxima inversión, 8.429 euros por estudiante, según el informe— y Madrid con el mínimo, 4.730 euros. Pese a que es la segunda comunidad autónoma que más ha subido las tasas, Madrid pasó de ser la séptima con mayor financiación pública por estudiante a la última. Cataluña, la que más ha subido las tasas, ha descendido desde el quinto puesto al decimoquinto.
“La universidad pública española tiene un problema de financiación estructural”, ahonda Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde se ha presentado el informe. Los recortes, subraya, han impedido una adaptación adecuada al Plan Bolonia, el proyecto de unificación de criterios educativos en todos los centros europeos que arrancó en 2007. “Hubiera debido suponer un aumento de medios, sobre todo porque necesitas adecuar más espacios, la transformación física y la transformación digital”, reclama Andradas.
La autora del informe añadió que las diferencias de inversión por comunidades se van a notar tanto en los servicios que reciben los alumnos —las aulas, las instalaciones, el número de estudiantes por profesor— como en la “gran preocupación” que conllevan estos recortes: garantizar la igualdad de oportunidades para universitarios sin recursos y para garantizar que no se pierda talento. “Aún no sabemos cómo va a ser el futuro de las universidades tras tantos años de dificultades”, añade Sacristán. “Pero si la tendencia no se consigue rectificar se acabarán resintiendo”.
El sexto país de la OCDE que menos aporta
España es el sexto país —de 28 de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con datos disponibles para la comparación— que gasta una proporción menor en universidades. Equivale al 1,08% de su Producto Interior Bruto (PIB). Sólo Eslovenia, Eslovaquia, Italia, Hungría y Luxemburgo destinan un porcentaje menor de su riqueza, según recoge el informe. La media de la UE22 y de la OCDE coincide en el 1,27%.
Cinco comunidades están por debajo del mínimo de todos los países analizados en este informe universitario. Son Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y País Vasco. La Comunidad Valenciana alcanzaría la media europea y solo Andalucía la supera, según el trabajo.
Durante el periodo analizado (entre los años 2009-2015), las medias de financiación universitaria de la OCDE y la Unión Europea se han mantenido estables, mientras que en España el valor ha retrocedido, al mismo tiempo que se ampliaba la brecha por autonomías. Los valores extremos son los del País Vasco —la comunidad que tiene una aportación máxima, con 8.429 euros de inversión por estudiante y año— y Madrid, que se sitúa en el extremo opuesto, con 4.730 euros por alumno.
Las Administraciones españolas han reducido la financiación pública —que suma lo procedente de las comunidades autónomas (94,6 %) y del Estado (5,4 %) —mientras se incrementaba la aportación de tasas que pagan los estudiantes universitarios. El resto de ingresos —un apartado que incluye desde aportaciones privadas a alquiler de sedes— se ha mantenido en una proporción invariable: el 11% del total.
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