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Amnistía Internacional denuncia “prejuicios” en los juzgados contra las víctimas de violencia sexual

La ONG reclama "datos desagregados" sobre los abusos y critica carencias en el pacto de Estado contra la violencia de género

Concentración en contra de la violencia sexista en Pamplona el pasado julio.
Concentración en contra de la violencia sexista en Pamplona el pasado julio. EFE

Faltan datos, respaldo y sensibilidad para atender a las víctimas de violencia de género y, en general, a las que sufren violencia sexual en España. Es lo que denuncia Amnistía Internacional, que destaca la persistencia de “prejuicios discriminatorios” contra las mujeres. A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de delitos, en estos casos “se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato”.

“Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señala en un comunicado Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización ha hecho una evaluación de las “luces y sombras” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre. “916 mujeres muertas desde 2008 merecen medidas eficaces para frenar la violencia contra las mujeres”, señala Amnistía. Como han demandado ya organizaciones de mujeres o la oposición, denuncia “la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema”. El 7'2% de personas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres, según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015.

Cinco horas de interrogatorio a Blanca

Amnistía relata el caso de Blanca (nombre ficticio). Es una mujer de 20 años con nacionalidad española y  origen colombiano con la que habló la organización. "Blanca fue agredida sexualmente a las cinco de la mañana del 8 de mayo de 2016. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las siete de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró cinco horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa", señala.

“En todo momento sentía que no me creían”, les relató la víctima. Según la organización “en ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia”. No se ofrecieron a acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos sólo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz. “El médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro hospitalario. No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense”.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual “son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas”. Amnistía Internacional lamenta también “la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual”.

“España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual”, prosigue Amnistía, que considera el pacto de Estado “una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual”. Señala "dos grandes ausencias" en el acuerdo.

"Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición" que, prosigue, no se recogieron en la ley integral contra la violencia de género de 2004 ni en el Estatuto de la Víctima del Delito. "Debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos".

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