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La huida hacia adelante del secesionismo llega a la justicia

La Fiscalía considera que Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los 17 políticos imputados alentaron “un movimiento de insurrección"

Varias personas siguen la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde Bruselas. En vídeo, llegada de Joan Josep Nuet y Anna Simó a la estación de Atocha, en Madrid. VÍDEO: ATLAS

La carrera de los líderes políticos de Cataluña para imponer la independencia de esta comunidad fuera de las vías legales y dinamitando la Constitución llega hoy a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. En dos jornadas sin precedentes en 40 años de democracia, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 13 exconsejeros de su Govern y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros y exmiembros de la Mesa de la Cámara deberán comparecer ante la Justicia imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.

La citación judicial, de indudable trascendencia política a 49 días de las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno a través del artículo 155 de la Constitución, alimentará previsiblemente el victimismo de las formaciones nacionalistas y volverá a concitar la atención internacional sobre el conflicto catalán. La Fiscalía considera que los 20 políticos nacionalistas alentaron, con su desobediencia “sistemática” a las resoluciones del Constitucional, “un movimiento de insurrección activa entre la población frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado con el fin de conseguir su objetivo secesionista”. Esta insurrección, sostiene el ministerio público, tuvo un cariz “intimidatorio y violento”.

El expresidente catalán, ante la perspectiva nada irrazonable de ser enviado a prisión provisional —el delito de rebelión se castiga, en el peor de los casos, con 30 años de prisión— ha optado por quedarse en Bélgica junto a otros cuatro miembros de su gabinete. Los exconsejeros Meritxell Borrás (Gobernación), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Antoni Comín (Salud) también permanecen en Bruselas y no comparecerán hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, según anunciaron ayer. El resto de miembros del Govern es probable que sí acudan a la llamada de la juez, según fuentes jurídicas.

El mismo letrado para Junqueras y Forcadell en dos sedes distintas

“Es un excelente abogado, pero no tiene el don de la ubicuidad”, ironizó ayer, en Catalunya Ràdio, Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont. El letrado aludía a su colega Andreu Van den Eynde, que hoy tiene un papel complicado porque deberá estar presente en dos lugares casi al mismo tiempo. Van den Eynde es el defensor tanto de Carme Forcadell (citada ante el Tribunal Supremo) como de Oriol Junqueras y de los exconsejeros de ERC en el Govern (citados ante la Audiencia Nacional). Según fuentes judiciales, el abogado prevé solicitar la suspensión de las declaraciones en la Audiencia para poder estar presente en el Supremo.

Lamela es la misma magistrada que el 16 de octubre envió a prisión por sedición a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, las entidades fuertemente subvencionadas que, en coordinación con el Govern destituido, vienen movilizando a las masas independentistas, en especial desde la Diada de 2012.

El proceso iniciado con aquella primera gran manifestación soberanista pasó —tras sucesivas desobediencias al Tribunal Constitucional— por el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y culminó el viernes 27 de octubre con la declaración de independencia y la intervención de la Generalitat a través del artículo 155 de la Constitución. El contencioso catalán entra ahora de lleno en una dimensión —la judicial— de consecuencias impredecibles para sus protagonistas.

A la Audiencia Nacional, en principio, deberían acudir los miembros del Govern que no están en Bélgica. Se trata del exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Lluís Puig (Cultura), Joaquim Forn (Interior), y Dolors Bassa (Trabajo). Estos tres últimos viajaron también a Bruselas junto a Puigdemont, pero regresaron el martes por la noche en el último vuelo a Barcelona.

La lista de imputados ante la Audiencia Nacional se completa con el extitular de Empresa, Santi Vila, y exponente del ala moderada del PDeCAT, que dimitió el jueves tras fracasar las negociaciones para evitar la declaración de independencia de la república catalana al día siguiente.

Todos los miembros del Govern destituido están citados a las nueve de la mañana, y si no acuden se exponen a que la magistrada expida una orden europea de detención contra ellos.

Media hora más tarde, en el Tribunal Supremo, edificio situado en el otro extremo de la plaza de la Villa de París, en Madrid, están convocados la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, todos de Junts pel Sí. Todos ellos permitieron que se tramitara el debate y votación de la declaración de independencia el pasado 27 de octubre y siguen aforados al formar parte de la Diputación Permanente de la Cámara. Además, han sido citados Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot) —quien pese a pronunciarse en contra de aquella votación, participó en ella recontando las papeletas— y el antiguo miembro del órgano de gobierno del Parlament y presidente del grupo de Junts pel Sí Lluís Corominas.

Al contrario que Puigdemont y sus cuatro exconsejeros que han decidido huir de la justicia, los seis miembros del Mesa anunciaron ayer que comparecerán ante el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa en el Supremo. Los abogados de estos parlamentarios previsiblemente pedirán hoy la suspensión de la declaración con el argumento de que la urgencia de la citación les ha impedido prepararla. Si Llarena no accediera a esta suspensión, los imputados pueden acogerse a su derecho a no declarar o a responder solo a algunas preguntas.

Tras el interrogatorio —al margen de que declaren o no— se celebrará, a petición del fiscal, una vista para pedir las posibles medidas cautelares para los imputados. Fuentes jurídicas dan por seguro que habrá peticiones de prisión.

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