La vicepresidenta Sáenz de Santamaría asume las competencias de Puigdemont y Junqueras

Soraya Sáenz de Santamaría ha asumido la mayoría de competencias correspondientes al presidente y al vicepresidente de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, según los reales decretos publicados en la madrugada de este sábado por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras las destituciones de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los miembros del Govern, la vicepresidenta desempeñará un papel clave en la coordinación de la intervención del Ejecutivo en Cataluña. Tres decisiones subrayan esa circunstancia. Primero, que el presidente Mariano Rajoy haya delegado en Sáenz de Santamaría las competencias que le correspondían. Segundo, que la vicepresidenta tenga el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Y tercero, que también asuma el mando del CESICAT (el llamado CNI catalán); del boletín oficial de la Comunidad Autónoma; y de su centro de estudios de opinión.

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El control de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro; de la de Patrimonio;  y de la de Tributos y Juegos, será asumido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que encabeza el ministro Cristóbal Montoro. En consecuencia, este se ocupará de la mayor parte de la cartera económica de Junqueras. Como la vicepresidenta, también participará del control del CTTI y del CESICAT. Por lo tanto, Sáenz de Santamaría y Montoro tendrán una importancia capital en la acción del Gobierno.

Además, los ministros de Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas catalanas tras el cese de todos los consejeros, que son los siguientes: Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó y Meritxell Serret. Cada ministerio se ocupará de coordinar los trabajos de la consejería correspondiente de la Generalitat y el Consejo de Ministros servirá de punto de encuentro para tener una visión de conjunto.

"En todo caso las anteriores habilitaciones se realizarán con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña", subraya el decreto gubernamental publicado por el BOE, que también argumenta la necesidad de "garantizar el funcionamiento de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de sus organismos". El objetivo de la acción del Gobierno es "ejercer las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al Orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional".

Ante la posibilidad de que Puigdemont o sus consejeros se resistan a dejar sus cargos, el Ejecutivo ha advertido de que pueden incurrir en un delito de usurpación de funciones, cuya regulación está tipificada expresamente en el Código Penal. Fuentes gubernamentales resaltan su voluntad de actuar "con prudencia y proporcionalidad", argumentando que cualquier resistencia por parte de las autoridades destituidas puede ser vencida por el paso del tiempo, y sin ningún tipo de intervención. La preocupación de La Moncloa se sitúa en estos momentos en la reacción que pueda haber a las medidas en las calles, y en que no se produzca ningún tipo de acto violento.

Competencias en medios de comunicación

Según el decreto publicado en el BOE, Rajoy mantiene las competencias referidas "el ámbito de las funciones de la Secretaría General de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación".

Presidencia y Administraciones territoriales, el departamento que comanda la vicepresidenta, también tendrá entre sus responsabilidades el boletín oficial de la Comunidad Autónoma y el centro de estudios de opinión.

Por su parte, Fomento, que encabeza Íñigo de la Serna, se hará cargo de las principales infraestructuras catalanas, como puertos, aeropuertos y el servicio ferroviario de la Generalitat.

Interior, que dirige Juan Ignacio Zoido, asume la dirección de la policía autonómica y la organización de los procesos electorales, lo que incluye las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre.

Elecciones autonómicas

El Gobierno aspira a una intervención de corto alcance, y ha convocado elecciones autonómicas para el 21 de diciembre con el objetivo de que su acción se extienda durante un breve periodo de tiempo. El BOE incluye la disolución del Parlamento de Cataluña, elegido el 27 de diciembre de 2015, y esa convocatoria electoral, así como los detalles de su organización. Las circunscripciones electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona elegirán, respectivamente, a 85, 17, 15 y 18 diputados autonómicos. Asimismo, queda estipulado que la campaña electoral durará 15 días a partir del 5 de diciembre de 2017 a las 00.00 (hora local) y hasta el día 19 de ese mismo mes.

Los partidos independentistas aún no han aclarado si participarán en los comicios tras la destitución del Govern y la aprobación por el Senado de las medidas solicitadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución.