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Los policías de la ‘brigada política’ se acusan unos a otros del ‘pendrive fantasma’ del caso Pujol

Los comisarios jubilados José Villarejo y Marcelino Martín-Blas y los antiguos jefes de la UDEF Manuel Vázquez y José Manuel García Catalán se contradicen ante el juez

Comisario Villarejo
Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid en junio.

El juez Juan Javier Pérez tomó ayer declaración como testigos a los comisarios jubilados José Villarejo y Marcelino Martín-Blas, así como a los antiguos jefes de la UDEF, los también comisarios Manuel Vázquez y José Manuel García Catalán, para conocer su versión sobre el origen del pendrive con datos financieros de Jordi Pujol Ferrusola que fue rechazado por el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, para evitar que contaminase su investigación sobre el clan del expresidente de la Generalitat. Los cuatro agentes mantuvieron las versiones contradictorias entre si, que tres de ellos ya habían dado en su día en la Audiencia Nacional.

El interrogatorio a todos ellos giró en torno a las declaraciones que hizo el pasado 13 de septiembre el que fuera número 2 de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, imputado en la causa por prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. Este ccomisario aseguró entonces que fue el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Martín Blas quien le facilitó el pendrive con una información que le dijo que provenía de la agencia de detectives Método-3, aunque sin aclararle si era fruto de un registro judicial o facilitada por confidentes. El antiguo director adjunto Operativo (DAO) de la Policía, señalado como el presunto responsable de la llamada ‘brigada política’, recalcó que este lápiz de memoria estuvo en sus manos poco tiempo y que nunca lo abrió ni supo qué datos concretos contenía sobre la familia del expresidente de la Generalitat. También declaró que Villarejo le ofreció el mismo archivo a cambio de pagar a un confidente 500.000 euros.

Una versión que ayer desmintió rotundamente Martín Blas y que, sin embargo, fue respaldada en gran parte por el comisario Villarejo, ambos señalados también como supuestos integrante de la política patriótica. El primero en declarar fue el exjefe de Asuntos Internos, quien respondió durante 40 minutos a las preguntas de juez, fiscal y los abogados de las defensas y la acusación. Según coinciden en señalar las fuentes jurídicas consultadas, Martín Blas aseguró que no tuvo conocimiento de la existencia del polémico ‘pendrive’ hasta que fue informado de su existencia una vez estallado el escándalo por el que fuera Comisario General de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, y que ya entonces rechazó ser el origen del mismo o de su contenido. El exjefe de Asuntos Internos negó también que hubiera mantenido una reunión con los comisarios Pino y Villarejo para hablar sobre la memoria informática, “porque si no, hubiera levantado acta de la misma”, recalcó al juez. Ya en febrero pasado, Martín Blas defendió dicha versión en la Audiencia Nacional ante el juez De la Mata, donde también declaró como testigo.

Su testimonio entró en abierta contradicción con el que poco después dio el comisario Villarejo, quien respaldo ante el juez buena parte de lo que había declarado el director adjunto Operativo. Así, insistió en que la reunión con su superior y su compañero para hablar del pendrive existió, aunque añadió que en la misma Martín Blas le tendió “una trampa” para ridiculizarle ante el jefe de ambos. Villarejo admitió que acudió a dicho encuentro para comentar la posibilidad de conseguir información sobre la familia Pujol de un confidente a cambio de una cantidad de dinero. Aseguró que dicha cifra era 50.000 euros y no el medio millón que manifestó en septiembre el que fuera número 2 de la Policía. “Eugenio [Pino] tiene muy mala memoria con los números”, dijo para justificar la discrepancia. Según el relato que hizo ayer, el ofrecimiento de dicha información se la habían hecho un tal “Robin” y un expolicía que trabajaba para la agencia de detectives Método-3 y que, supuestamente, era confidente de Martín Blas.

Los otros dos policías que declararon ayer ante el juez Juan Javier Pérez tampoco cambiaron el testimonio que ya habían prestado anteriormente en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Así, el comisario Manuel Vázquez, que era el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando se intentó incorporar la memoria informática al sumario de los Pujol, insistió en que esta llegó a sus manos a través del inspector jefe Bonificacio Díez Sevillano, el otro policía imputado en la causa, quien recientemente negó dicho extremo. Vázquez recalcó ante el juez que el consideró desde el primer momento el contenido del pendrive como “material para investigar” y que la decisión de incorporarlo a la causa no fue inducida por el comisario Pino, sino que fue una decisión de los agentes de su unidad que estaban al frente de las pesquisas.

Por su parte, García Catalán, quien tras la marcha del comisario Vázquez se hizo cargo de forma interina de la UDEF, volvió a asegurar que una segunda copia del pendrive apareció en un cajón de la unidad al hacer limpieza y que lo trasladó al juzgado, aunque no detalló por qué lo hizo. Finalmente, también compareció la funcionaria que fue la secretaria del comisario Pino cuando éste fue el número 2 de la Policía. Esta aseguró que no sabía nada de esa memoria informática en concreto y que durante el tiempo en que estuvo a las órdenes del DAO ella copiaba archivos informáticos “como un autómata”. También afirmó que no recordaba ninguna reunión concreta de su jefe con Martín Blas y Villarejo.

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