Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Aprender a golpe de multa para evitar ahogamientos

Los Ayuntamientos imponen sanciones de hasta 3.000 euros a los bañistas que se sumerjan con bandera roja

FOTO: Un socorrista vigila la playa de Punta Prima, en el municipio de Sant Lluís en Menorca. / VÍDEO: Los ahogamientos aumentan.

Los socorristas de Xàbia, en Alicante, ya no podían más. Estaban hartos de apercibir a los bañistas que se adentraban en el mar con bandera roja y pese a sus advertencias. La localidad, de 27.225 habitantes, triplica su población en verano y es famosa por playas como la del Arenal, donde las corrientes de resaca generan un peligro que no se aprecia a simple vista ante la ausencia de oleaje. "Pese a la bandera roja, la gente dice que no es para tanto y se mete", manifiestan desde el Ayuntamiento. Las imprudencias de los ciudadanos, principal causa de ahogamiento según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), llevaron al Consistorio a tomar cartas en el asunto: 750 euros de multa por bañarse con bandera roja.

De los 305 muertos por ahogamiento contabilizados de enero a julio, dos se han registrado en la provincia de Alicante, según los datos de la RFESS. Para un mayor control y para poder poner las multas, facultad de la que carecen los socorristas, el Ayuntamiento de Xàbia tiene desde el año pasado una pareja de agentes de Policía en cada playa. Este verano, y por el momento, solo han sancionado a una persona. "Los españoles, por desgracia, solo respondemos ante las multas, como ha ocurrido con los accidentes de tráfico. Si no hubiera radares, correrías más por la carretera", manifiesta Luis Miguel Pascual, director de Investigación de la Asociación Española de Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS).

En San Bartolomé de Tirajana, municipio ubicado al sur de la isla de Gran Canaria donde se encuentra la famosa playa de Maspalomas, coinciden con el efecto disuasorio de las sanciones pecuniarias. Su comunidad autónoma es la que registró un mayor número de fallecimientos por ahogamiento durante al año pasado, 71 de un total de 437, de acuerdo con los datos de la RFESS. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es aún más duro que el de Jávea y cobra entre 750 y 1.500 euros a los bañistas que hacen caso omiso a los socorristas y se bañan con bandera roja, porque supone tanto un riesgo para "la propia persona como para quien les tiene que salvar". Después de anunciar la medida a "bombo y platillo", los ciudadanos han dejado de desobedecer las indicaciones, según cuenta su concejal de Turismo, José Carlos Álamo. Hace dos veranos que en este pueblo canario no multan a nadie por esta infracción, que suele calificarse en los Consistorios de "grave".

La decisión de sancionar o no con multas a los bañistas negligentes corre a cargo de cada Ayuntamiento, sin unos parámetros mínimos ni un marco global. En el término municipal de Níjar, en Almería, acaban de aprobar la ordenanza que faculta a sus agentes de policía a sancionar a los bañistas con bandera roja. Cobran 750 euros como en Xàbia, pero es de los pocos pueblos de su alrededor que ha aprobado este tipo de sanciones, como explica su concejal de Turismo, Alexis Pineda, tanto para sus playas urbanas como no urbanas –cuenta con 60 kilómetros de litoral–. "Ahora los socorristas dicen que les hacen más caso", confiesa el edil. Pero no solo eso. En el supuesto de que tuviera que producirse un rescate por desobediencia explícita, el Consistorio cobrará además los costes del rescate. Según los datos de AETSAS, el año pasado se registraron unos 6.000 incidentes que requirieron la actuación de los socorristas.

Donde puede salir realmente caro las imprudencias es en las playas de Cudillero, en Asturias. Para "velar por la seguridad de los bañistas", los policías locales y sus guardias civiles pueden incoar un expediente cuyas sanciones alcanzan hasta los 3.000 euros, si el infractor es reincidente. Este verano ya han multado a una persona, aunque aún se desconoce por qué importe. Las administraciones locales consultadas coinciden en que con estas sanciones pretenden reducir el número de ahogamientos, que ha aumentado en un 14,66% durante los siete primeros meses de 2017 respecto al año anterior. La última víctima mortal por esta causa ha sido un joven ruso de 25 años desparecido este martes en la playa de Miracle de Tarragona, en la que ondeaba bandera roja por la fuerte marejada, y localizado posteriormente por los equipos de emergencia.