Los grupos imponen al PP que Bárcenas abra la comisión de investigación

Mariano Rajoy será el último que hable en el Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP

Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Claudio AlvarezFoto: atlas | Vídeo: Atlas

El PP ha fracasado en su intento por frenar el arranque de la comisión de investigación sobre su financiación ilegal. PSOE, Podemos y Ciudadanos han pactado e impuesto que la comisión arranque y que el primero en comparecer sea el extesorero Luis Bárcenas. Inicialmente, el PSOE quería que fuera Mariano Rajoy el primer compareciente, pero ha aceptado cambiar el orden para poder pactar con los otros partidos. El PP considera que es una “cacería” y ha amenazado con recurrir a los tribunales para parar la comisión.

Luis Bárcenas abrirá las comparecencias en la comisión del Congreso que investigará la financiación ilegal del PP. Le seguirán Carmen Navarro, Ángel Sanchís, Cristóbal Páez y Rosendo Naseiro, todos ellos responsables en distintos momentos de las finanzas del PP. Y las comparecencias se producirán entre la última semana de junio y la primera de julio, según pactaron ayer PSOE, Podemos y Ciudadanos y que ratificará este miércoles la comisión, en contra de la posición del PP.

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Los populares, según ha explicado su número tres Fernando Martínez Maillo, están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional, para plantear un conflicto de atribuciones. No obstante, sus opciones para suspender el arranque de la comisión son muy escasas.

El PP asegura que la investigación no debe ser una causa general, es decir, debe tener límites temporales, territoriales y de fondo. Según explican, debe limitarse a indagar solo desde 2015, que es el momento en el que se cambió el Código Penal para tipificar el delito de financiación ilegal.

Añaden que debe limitarse al PP nacional y no al partido en diferentes comunidades porque en el Congreso no se controla la actividad autonómica. Y debe restringirse el fondo porque hay investigaciones judiciales abiertas y porque el Parlamento está para pedir responsabilidad al Gobierno, no a un partido concreto y, por eso, nunca se ha investigado en el Congreso a un grupo determinado.

Su tesis es que la comisión debe dirigirse a investigar la financiación de todos los partidos, porque todos los demás pueden aprobar con sus votos unas conclusiones adversas para el PP.

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Sin embargo, en agosto populares y Ciudadanos firmaron un acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy que incluía crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, sin más precisión. Según Rafael Hernando, ese acuerdo no era excluyente, es decir, aunque no mencionaba otras opciones, tampoco las excluía expresamente. El PP utiliza como precedente una decisión judicial que anulaba una comisión en el ayuntamiento de Madrid que no limitaba el ámbito de una investigación

El problema para el PP es que en otras comisiones o debates los demás partidos mantienen posiciones diferentes, mientras que en esta investigación hay un interés común, que se traduce en el acuerdo sobre las comparecencias.

Por eso, el acuerdo de los tres partidos no pone límite temporal alguno en el ámbito de investigación.

Por eso, según  la socialista Soraya Rodríguez, por el momento no hay límite en la documentación solicitada, ni en la lista de comparecientes. Ese frente se ha visto este martes claro en la mesa de la comisión y el miércoles en su sesión inicial cuando se voten las comparecencias.

Para llegar a ese acuerdo, el PSOE ha renunciado a su intención inicial de abrir las comparecencias con la de Rajoy. La citación del presidente del Gobierno se producirá más adelante, con toda seguridad después de que acuda como testigo del caso Gürtel a la Audiencia Nacional el 26 de julio.

Legalmente es obligado comparecer ante una comisión de investigación y el Código Penal tipifica como delito la negativa a acudir y también mentir ante ella. No obstante, prevalecen derechos como el de defensa o el de no tener obligación de declarar contra sí mismo. Es decir, Bárcenas tendrá que acudir pero podría negarse a declarar argumentando su derecho de defensa y, en todo caso, podrá no decir verdad si con eso se protege.

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