El Gobierno avisa de que usará todos sus medios para evitar otra imagen como el 9-N

Esta vez no habrá urnas, ni papeletas ni recuentos informales ni consulta alternativa ni voto telemático. No habrá otro 9-N. El Gobierno de Mariano Rajoy no lo permitirá y utilizará “todos los medios a su alcance para evitar esa imagen internacional de España como un país donde no se respetan las reglas”, según tres fuentes del máximo nivel del Ejecutivo y de la dirección del PP. El manual de actuación con todas las intervenciones previstas está ya sobre la mesa.

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El Ejecutivo central tiene elaborado hace meses todo un memorandum secreto sobre cada una de las intervenciones que podría contemplarse de cada departamento afectado. No solo están alerta todos los resortes de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado. Los preparativos incluyen a varios Ministerios y la posible intervención de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que se ha reforzado en estos meses con esa intención al igual que los dispositivos en esa autonomía de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Esta vez no habrá urnas en los colegios electorales”, asegura uno de los miembros más relevantes del Gobierno de Rajoy. En el equipo del presidente explican que entonces, ante la consulta alternativa no consentida tampoco por el Tribunal Constitucional para el 9-N, se hizo bastante la vista gorda para evitar la confrontación directa y tan abierta en un momento de gran tensión social. Piensan que el escenario ahora es diferente, que no hay esa división tan crispada que se constató entonces en la calle y dentro de las familias, estiman con sus propios datos cotejados con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que el porcentaje de partidarios de la independencia en Cataluña ha disminuido y, sobre todo, admiten que ahora no se puede consentir esa imagen en las televisiones internacionales con las noticias de que en una parte de España se organiza un referéndum ilegal que afecta en estos momentos a la unidad del país y a la integridad de la Unión Europea.

Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán al que se encomendó los preparativos del referéndum, sostiene desde marzo que “está todo preparado” y a primeros de mayo la Generalitat inició el concurso para disponer de urnas aunque precisó que podrían ser también para montar las elecciones autonómicas.

“No lo vamos a permitir y haremos lo que haga falta para evitarlo y el Estado tiene democráticamente mucho poder”, apunta otro alto cargo del Gobierno. Desde el ejecutivo central se señala que esa advertencia ante cualquier triquiñuela ya se le ha lanzado varias veces a la Generalitat, a los funcionarios del Estado y catalanes para que sean conscientes de su responsabilidad y dejen constancia escrita de las ordenes que reciban y a las posibles empresas que se presten a colaborar tanto en la elaboración de papeletas, en la construcción de urnas o en la sistematización de votos, tanto físicos como telemáticos. A las empresas que ya han concurrido a concursos convocados (para las urnas) o aún en previsión (para el voto telemático) se les ha indicado que no se consentirá tampoco un cambio trampa del objeto del concurso a última hora.

Desde el ejecutivo de Rajoy se ha elevado el listón de las declaraciones para hacer ver que en esta ocasión no están dispuestos a las contemplaciones, como así sucedió ante la consulta informal del 9 de noviembre de 2014. El Gobierno invitó al presidente catalán, Carles Puigdemont, a las Cortes a debatir sus planes a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y por el propio Rajoy, pero sabiendo de antemano que había pocas o nulas posibilidades de encontrar receptividad a esa oferta. El plan consistía en cambiar el paso a los mensajes que estaba ofreciendo el Gobierno catalán y evidenciar con ese gesto que el reto, “la amenaza o el chantaje” con que descalifican el referéndum de Puigdemont, no era solo a Rajoy y su equipo sino a todo el Estado de Derecho y el sistema democrático español.

La preocupación de Rajoy

Rajoy ha trasladado a su equipo su enorme preocupación ante la escalada de los últimos meses y semanas y, especialmente, ante el punto de no retorno que cree significa la llamada ley de transitoriedad jurídica adelantada por EL PAÍS, elaborada en secreto y que prepara todos los pasos a dar para desconectar en teoría a Cataluña del resto de España sin capacidad alguna de discusión para los partidos de la oposición.

Los ministros han seguido a rajatabla el argumentario del partido sobre que las pretensiones de Puigdemont y su equipo equivalían a un “golpe de Estado” como “en las peores dictaduras” y luego añadieron que el Gobierno tenía preparados “todos los instrumentos” y “mecanismos” para evitar ese chantaje. El titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, fue preguntado este miércoles en es.Radio sobre si en sus planes incluye tomar el control de los Mossos, la policía autonómica catalana, si fuera necesario y contestó: “No le quepa la menor duda de que el Estado, el Gobierno de la Nación, tomará todas las medidas que tenga que tomar. No le quepa la menor duda”.