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El Congreso corrige y desautoriza al presidente del Poder Judicial

Lesmes pretendía evitar una comparecencia en la comisión de investigación de Interior

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ.

El arranque este miércoles de la comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior ha estado precedido de un conflicto institucional entre el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, ha perdido Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y el Poder Judicial. El conflicto se ha sustanciado en un intercambio de cartas entre Lesmes y Ana Pastor, presidenta del Congreso, porque el primero quería impedir la comparecencia este miércoles de Daniel de Alfonso, exresponsable de la Oficina Antifraude de Cataluña. De Alfonso es magistrado y abre las comparecencias porque fue grabado en el despacho del entonces ministro del Interior Jorge Fernández y, según las conversaciones reveladas por Público, amañaban procedimientos contra rivales políticos.

De Alfonso fue citado por la comisión, él pidió permiso al Poder Judicial y Lesmes remitió una breve carta el 29 de marzo a Pastor negando la comparecencia. Invocaba la "inmunidad judicial" regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial en un artículo que señala que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquel, previo aviso".

El interesado, a su vez, se dirigió dos días después al Congreso con la intención de asistir siempre que fuera citado como "invitado" por la Comisión y no bajo apercibimiento legal.

Sin embargo, Pastor remitió a Lesmes y al magistrado sendas cartas con un informe contundente del presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV), en la que le explica que no hay opción a negarse a comparecer. Se apoyaba en la ley y en una sentencia del Tribunal Constitucional, para concluir que la propia Constitución establece que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación". A De Alfonso se le decía, incluso, que "no se contempla la figura de la invitación, sin apercibimientos legales, para comparecer ante las comisiones de investigación, que usted reclama y que podría contravenir" la ley.

Comisión permanente

El siguiente paso fue que Lesmes reunió el lunes de urgencia a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, terminó por desautorizar a su presidente. El acuerdo notificado este martes admite "el deber constitucional de comparecer y colaborar con las comisiones de investigación", con la única salvedad de que "tratándose de jueces o magistrados en activo, no podrá versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su cargo o función jurisdiccional". Pero dado que se trata de dar cuenta de su actividad en un cargo público, De Alfonso estará este miércoles por la tarde en la Comisión de Investigación, precediendo a Jorge Fernández, y en contra de la opinión inicial del presidente del Poder Judicial.

El PSOE ha presentado una propuesta de resolución a la memoria del Poder Judicial que se vota el jueves para que se eviten estas situaciones.

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