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La Audiencia Nacional investiga por blanqueo a la familia del presidente sirio El Asad

El juez De la Mata embarga 503 propiedades del tío de El Asad en Marbella y Puerto Banús

Bachar el Asad, durante un encuentro con la prensa en Damasco.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto en marcha este martes una operación policial contra la familia del presidente sirio Bachar el Asad por presuntos delitos de blanqueo de capitales cometido por organización criminal. El magistrado, que ha ordenado el registro de 15 inmuebles en Marbella y Puerto Banús, y ha bloqueado las cuentas corrientes de 16 personas físicas y otros 76 depósitos de personas jurídicas considera que los fondos –más de 300 millones de euros- proceden del saqueo de las arcas del Estado sirio. La investigación se centra en Rifaat El Asad, tío del actual presidente del país.

La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat El Asad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos de un hotel de lujo, fincas rústicas, etc. Casi todas las propiedades están en Puerto Banús y Marbella. Entre ellas destaca la finca llamada "La Máquina", de más de 3.300 hectáreas y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís, limítrofe con Marbella, con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros, según fuentes de la investigación.

La operación, bautizada como Scar, la lleva a cabo el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Comandancia de Málaga, dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO). La actuación policial, en la que no se han producido detenciones, deriva de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de diciembre de 2016. Los investigadores llevan meses censando las propiedades y vigilando los movimientos de la familia en España.

Rifaat El Asad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez El Asad, padre del actual Presidente Bashar El Asad. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un golpe de estado contra él. Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del estado. Con ese dinero Rifaat se instaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.

La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curaçao, Liechtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat El Asad en este país.

Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que Rifaat El Asad siguió construyendo su parque inmobiliario en Marbella. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat El Asad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres, que se dedican a gestionar el patrimonio de Rifaat.

En mayo de 2016 el servicio de Aduanas francés contactó con la UCO de la Guardia Civil para facilitarles información sobre las investigaciones en aquel país sobre la familia Al Asad, que se iniciaron en 2014 por delitos de malversación de fondos públicos sirios y corrupción. La UCO abrió unas pesquisas en España para identificar los movimientos de la familia del presidente sirio en este país, establecer un catálogo de sus bienes y determinar si concurren otros delitos.

El servicio de Aduanas francés y la Guardia Civil pusieron en marcha un equipo conjunto de investigación dirigido por los jueces Renaud Van Ruymbeke, instructor especialista en delitos financieros del tribunal de París, y José de la Mata. La UCO finalizó el atestado a principios de este año, según fuentes cercanas al caso.

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