Víctima de supuestos abusos y de las contradicciones de la justicia
La juez imputa por incumplir el régimen de visitas a la madre de la niña que grabó a su padre admitiendo que la sometió a tocamientos
María (nombre ficticio) grabó en junio pasado una conversación con su padre en la que este admitía los abusos sexuales que ella llevaba meses denunciando. Con su decisión, la niña, que tiene nueve años, consiguió dos cosas: que una juez reabriera la investigación por abusos contra el padre que había archivado unos meses antes e ilustrar el laberinto burocrático y judicial que a menudo tienen que recorrer los menores que denuncian abusos de sus padres. Ahora, varias resoluciones dictadas en torno a su caso evidencian la falta de comunicación entre los juzgados de una misma ciudad.
Los padres de María mantienen desde hace dos años un cruce de denuncias en los tribunales: la mujer le ha denunciado por abusos a la niña y amenazas a ella; y el hombre, por incumplir el régimen de visitas. A estos pleitos se suma el derivado del proceso de divorcio. Los tres casos están abiertos, cada uno en un juzgado distinto y con resoluciones recientes y contradictorias. La última, la del Juzgado de Instrucción 1 de Arganda del Rey (Madrid), que cree que la madre pudo cometer un delito de desobediencia al impedir que la menor se fuera con su padre los dos días a la semana que le correspondían.
La decisión del juzgado de Arganda se produce mientras el padre sigue imputado por los supuestos abusos a la pequeña y después de que otra juez de la misma localidad haya cambiado el régimen de visitas de la pequeña y su padre por reuniones de tres horas quincenales supervisadas en un punto de encuentro al considerar que las estancias a solas con el progenitor pueden ocasionar “un perjuicio importante” a la menor.
La niña apenas ha visto a su padre desde marzo de 2015, cuando, a la vuelta de un fin de semana juntos en una casa rural, la niña contó a su madre que su padre le había estado tocando con insistencia por debajo de la ropa. Al suspenderse las visitas, el hombre denunció a su expareja por incumplir el régimen fijado por el juzgado de familia. El juzgado de Arganda archivó la denuncia en marzo de 2016, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó el archivo en septiembre al considerar que la madre “está incumpliendo permanentemente” el régimen de visitas.
Cuando la audiencia dictó ese auto, el 15 de septiembre de 2016, hacía justo un día de que un juzgado de Instrucción de Madrid había reabierto la causa por abusos contra el padre, que estaba archivada desde enero. Según la juez, la grabación realizada por la niña justifica que se retome la investigación. El progenitor ha impugnado esa decisión y el viernes 17 de febrero está señala en la Audiencia Provincial la vista sobre ese recurso.
En el auto en el que ordena la reapertura, la Audiencia advierte de que la madre mantiene “una conducta contumaz y deliberadamente rebelde” al cumplimiento del régimen de visitas. La sala admite que es la hija la que “rechaza el contacto paterno”, pero considera que lo hace “influida por su madre”. “Lo que subyace en el conflicto es la posible concurrencia de una causa de justificación de la conducta de la imputada porque la menor sufre abusos sexuales”, explica la Audiencia, que opta por mantener la imputación de la mujer basándose en un informe psicológico que considera “increíble” el testimonio de la menor.
Ese informe es el que realizaron los psicólogos de los juzgados de Madrid y en el que se basó el archivo inicial de la denuncia por abusos. La niña contó al perito los tocamientos y le narró algún episodio concreto, pero el psicólogo no le creyó y concluyó que la narración de la menor carecía de “estructura lógica” y de “detalles”.
Trastorno adaptativo
En diciembre pasado, la unidad de Salud Mental del Hospital Puerta del Hierro de Madrid envió al juzgado su diagnóstico: la menor padece un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo. “Respecto a los efectos de ser obligada a acudir a una casa con su padre o a un punto de encuentro, remarcar que el miedo que siente de sufrir abusos por parte de su padre es real, equivalente a veraz, entendiendo por tales su absoluta convicción de que ello ocurrirá”, advierte el psiquiatra que la examinó, que concluye: “Forzarla a visitas con el padre si ella no lo desea, constituye un grave riesgo para la salud de la niña”.
Este informe se ha incorporado al caso que sigue abierto en el Juzgado de Instrucción 2 de Arganda por el proceso de divorcio de los padres de la pequeña. Tras recibirlo y celebrar un juicio con todas las partes, la juez optó en diciembre por suspender las estancias de la niña con su padre y cambiar este régimen por citas supervisadas en un punto de encuentro. Este dispositivo depende de la Comunidad de Madrid y aún no se ha activado. La madre había pedido que, como recomendó el psiquiatra, se suspendiera cualquier tipo de encuentro entre padre e hija, pero la juez ha descartado esta opción.
El auto de la juez de Arganda por el que se suspenden las visitas a solas del padre con la niña está fechado el 20 de diciembre. Un mes y medio después, el 6 de febrero pasado, su compañera del Juzgado de Instrucción 1 de esa localidad dictó un auto en el que mantiene la imputación por desobediencia a la madre y pide a las acusaciones que se pronuncien antes de decidir si la sienta en el banquillo.
Este periódico se ha puesto en contacto con ese juzgado. La secretaria judicial ha recordado que la causa se archivó pero volvió a abrirse a petición de la Audiencia y ha corroborado que la juez ve indicios de delito en la actuación de la madre. La secretaria declinó valorar la situación, pero aclaró que “no hay ningún sistema informático que sea interoperable” entre los juzgados, ni siquiera entre dos que comparten edificio. La causa está sobre la mesa del fiscal, que debe ahora valorar si considera que hay que juzgar a la madre o archivar la denuncia.
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