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El TSJ investigará al presidente de Murcia por prevaricación y malversación

El tribunal asume el 'caso Auditorio' de presunta corrupción urbanística

Pedro Antonio Sánchez
Pedro Antonio Sánchez (i) durante la Conferencia de Presidentes en enero.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido este jueves asumir el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar al presidente de esta comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez (PP), que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó aquel edificio. La Sala de lo Civil y Penal se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

La juez de Lorca Consuelo Andreo Ruiz había pedido al TSJ que investigara al presidente de la comunidad por los presuntos delitos de fraude, malversación de fondos públicos, prevaricación continuada y falsedad en documento oficial en el proceso de licitación, ejecución y justificación de la subvención pública (6 millones de euros) para la construcción del auditorio de la localidad de Puerto Lumbreras.

La juez considera, basándose en informes periciales, la declaración de investigados y de testigos, que a la misma obra certificada se le aplicaron doblemente gastos, beneficio e IVA; que hasta 1,8 millones no se destinaron al pago de la misma —"se había entregado sin motivo aparente por el Ayuntamiento a la contratista sin la consiguiente contraprestación de obra ejecutada"—; que el entonces alcalde autorizó una certificación de 2,25 millones de euros "sin informe alguno que justificara ni un solo acopio en obra" y que firmó la recepción de la obra cuando no estaba completa, entre otras irregularidades.

El caso fue denunciado en 2015 por el fiscal superior de la comunidad autónoma, Manuel López Bernal, que acusaba a Sánchez y a otra veintena de personas de diversos delitos en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del auditorio de la localidad de Puerto Lumbreras, donde Sánchez fue alcalde durante una década. La denuncia del denominado “caso Auditorio” pasó del Tribunal Superior de Justicia al de primera instancia de Lorca y, un año después, la jueza instructora lo devolvió a la instancia superior por la condición de aforado del presidente.

Tras reunirse esta mañana, la Sala Civil y Penal del alto tribunal ha decidido asumir la instrucción del caso, por lo que el siguiente paso lógico será el de llamar a Sánchez a declarar en calidad de investigado (la anterior figura del imputado). Esto complicará su situación política, ya que gobierna en minoría y accedió a la presidencia con el apoyo de Ciudadanos, que puso como primera condición para apoyar al PP que no hubiera ningún cargo público imputado en el partido.

El líder de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, ha insistido en repetidas ocasiones en que si la imputación del presidente llega a producirse, exigirá su dimisión. No está previsto que Pedro Antonio Sánchez haga hoy ningún tipo de declaración o valoración de la decisión del tribunal, ya que se encuentra en Barcelona participando en el buró político de la Comisión Intermediterránea.

En el auto de incoación de diligencias previas, ante el que se puede interponer un recurso de súplica, se designa al magistrado Julián Pérez-Templado como instructor y la sala asume la competencia para instruir diligencias también contra el resto de personas relacionadas con la trama.

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