PP y PSOE ultiman un pacto para renovar el Tribunal Constitucional

Los populares aceptan el veto de los socialistas a que Ollero sea presidente

PP y PSOE están a punto de anunciar el primer acuerdo de renovación institucional de la legislatura: el nombramiento en el Senado de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. El pacto incluirá que el magistrado Andrés Ollero no presida el Tribunal, por haber sido diputado del PP. En principio, Ciudadanos ha rechazado entrar en el acuerdo que deberá cerrarse una vez que los Parlamentos autonómicos hagan las propuestas sobre las que elegirá el Senado.

Edificio sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.
Edificio sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.Claudio Álvarez.

PP y PSOE ultiman un pacto para proceder a la renovación del Tribunal Constitucional durante el mes de febrero. Será el primer acuerdo de renovación institucional de la presente legislatura. Uno de los aspectos más relevantes de la renovación parcial del Constitucional es que afecta al presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que es uno de los que deben abandonar el Tribunal.

El presidente es elegido por los magistrados, pero con algunas normas no escritas que se han cumplido siempre, como que el elegido sea uno de los miembros del Tribunal con más antigüedad en la institución y que pertenezca al bloque mayoritario, en este caso el conservador.

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Andrés Ollero, Encarnación Roca, Juan José González Rivas y Fernando Valdés están en esa situación. Ollero y González Rivas son conservadores, pero el primero ha sido vetado por el PSOE en la negociación porque fue durante 17 años diputado del PP. Además, como miembro del Opus Dei, ha mantenido posiciones muy duras sobre asuntos como el aborto, en distintas publicaciones y en el Congreso y los socialistas condicionaron el acuerdo a que no opte a la presidencia.

González Rivas, exmagistrado de la sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, también es conservador y, de hecho, en el Constitucional fue uno de los que firmaron un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual.

La renovación consiste en nombrar cuatro magistrados y le corresponde al Senado, previa propuesta de los Parlamentos autonómos, que deben presentar cada uno dos candidatos para que la Cámara alta elija entre todos ellos.

Es necesaria una mayoría de tres quintos, por lo que hace falta un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, porque el PP tiene 151 senadores de los 266 de la Cámara. En principio, dos serán a propuesta del PP, uno del PSOE y otro podría ser próximo a otros grupos como, por ejemplo, el PNV, según la intención de populares y socialistas.

Los sustituidos son Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa, que han acabado su mandato, y los fallecidos Francisco Hernando y Luis Ignacio Ortega. Asúa fue considerada en su momento uan persona cercana a los nacionalistas vascos y, por eso es posible un gesto de PP y PSOE hacia el PNV. No obstante, fuentes de este partido aseguran que su propósito es mantenerse al margen del actual proceso de renovación. Tampoco es probable que Podemos entre en el acuerdo en el Senado, aunque sí lo es que proponga determinados nombres en Parlamentos autonómos.

En todo caso, no variará la amplia mayoría conservadora y, además, todas las decisiones sobre el proceso soberanista en Cataluña se han tomado por unanimidad en el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, no es probable un giro en su doctrina sobre este asunto en concreto.

Sin otros partidos

Ciudadanos asegura que ha preferido quedar al margen voluntariamente y no proponer ningún candidato en ninguna comunidad autónoma por estar en contra del procedimiento de designación de los magistrados. Fueron sondeados en Andalucía sobre una posible candidata, Begoña Álvarez. Los del partido de Albert Rivera dijeron que no tenían nada que oponer a esa candidata, pero finalmente, el PSOE optó por presentar a María Luisa Balaguer en el Parlamento de Andalucía.

Esta última es catedrática de Constitucional, experta en igualdad, forma parte del comité de ética de la Consejería de Salud, del Observatorio de Publicidad del Instituto de la Mujer de Andalucía y del consejo asesor para la modernización del Estado de las Autonomías de la Junta de Andalucía, informa Raúl Limón. Es la que más opciones tiene de ser elegida finalmente, por su perfil, por ser propuesta por el PSOE de Andalucía que tiene gran peso en la actual dirección provisional socialista y porque este partido prefiere una mujer para mitigar la llamativa falta de paridad en el Tribunal. El PP se inclina por renovar a Ricardo Enríquez y por presentar también en distintos Parlamentos a Alfredo Montoya. Para que siga Enríquez, la renovación debe producirse antes de mediados del mes de marzo y, por eso, populares y socialistas quieren acelerar el acuerdo para finalizar el proceso en el mes de febrero.

El proceso de propuesta de candidatos para el Constitucional en los Parlamentos de cada comunidad ha avanzado esta semana con dificultades en el caso del PSOE por falta de un criterio unánime de los dirigentes regionales.

Algún sector del PSOE quiso proponer al ex fiscal general del Estado y ahora magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido. En principio, su nombre ha sido aparcado por criterios como el de la búsqueda de la lejana paridad.

En la Comunidad Valenciana los grupos parlamentarios socialista y de Compromís han propuesto a la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Alicia Millán y Podemos a la portavoz de la Fiscalía de Valencia, Susana Gisbert; el PP, a Alfredo Montoya, doctor en Derecho y catedrático, y a Ricardo Enríquez. Se votará el miércoles en el pleno del Parlamento.

Navarra fue la primera en enviar su propuesta al Senado. Su candidato, propuesto por UPN, es Manuel Pulido, que trabaja en los servicios jurídicos del Parlamento navarro y fue letrado del Constitucional.

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