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El juicio del caso Gürtel

Gürtel, la corrupción en el paisaje de 2017

El macroproceso por corrupción se reanuda el 16 de enero con la declaración de Luis Bárcenas

Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional, el 31 de octubre de 2016. Ampliar foto
Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional, el 31 de octubre de 2016.

El caso Gürtel, para disgusto del PP, que pretende darlo por amortizado, seguirá formando parte del paisaje político durante este 2017. La macrocausa de corrupción quizá no ocupe el centro del cuadro, como ocurrió entre 2009, cuando estalló la operación contra el entramado de Francisco Correa, y 2013, año en que los Papeles de Bárcenas -las pruebas de la financiación irregular del partido- pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los fogonazos del caso se dejarán notar de nuevo, aunque sea desde la periferia de la actualidad.

El juicio por la trama central del caso Gürtel, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado 4 de octubre y que acumula ya una treintena de sesiones, se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración de Luis Bárcenas. El extesorero del PP, uno de los personajes que más ha marcado la política española en los últimos años, tiene uno de los expedientes más abultados del caso. Deberá responder de supuestamente haberse embolsado comisiones por 1,24 millones de euros entre 2000 y 2007 a cambio de facilitar contratos del partido a las sociedades de Francisco Correa y a empresarios de la construcción compinchados con este. También se le acusa de apropiarse de 299.650 euros del partido aprovechando la contabilidad paralela que gestionaba junto con el también extesorero Álvaro Lapuerta, de 89 años y cuya causa ha sido archivada por demencia sobrevenida.

Estos cargos palidecen ante la acusación principal que pesa sobre Bárcenas en este juicio: la defraudación, junto con su esposa, Rosalía Iglesias, de 11,7 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2000 y 2009. Este dinero corresponde a las cuotas dejadas de abonar a la Agencia Tributaria en su mayor parte por su fortuna en Suiza, que llegó a alcanzar 48,2 millones de euros en el año 2007. La fiscalía pide para Bárcenas una pena de 42 años y medio de prisión. El extesorero ya estuvo en prisión entre el 27 de junio de 2013 y el 22 de enero de 2015.

Durante la fase de instrucción, y especialmente después de que EL PAÍS publicase los manuscritos con su contabilidad secreta en enero de 2013, Bárcenas mantuvo un sonado pulso con el PP y con sus dirigentes, sobre todo con la secretaria general, Dolores de Cospedal. El enfrentamiento alcanzó uno de sus puntos más críticos con la destrucción de los ordenadores que el extesorero usaba en la sede nacional de Génova 13 y en los que, según él, se guardaban numerosas pruebas de la caja b del partido. El formateado hasta 35 veces de los discos duros, y su posterior rayado, dio pie a una causa judicial en la que el PP ha resultado procesado como persona jurídica. Sin embargo, en los últimos meses, partido y extesorero han acercado posiciones, al menos en el plano judicial.

El pasado septiembre, Bárcenas, para sorpresa de su propio abogado, que ya estaba redactando el escrito de acusación, desistió de las acciones contra el PP en el caso de los ordenadores. Y ya en el inicio del juicio de Gürtel, tanto el partido –acusado como partícipe a título lucrativo- como el extesorero coincidieron en reclamar la nulidad de todo el proceso.

En el juicio, Bárcenas tiene, de entrada, dos fuertes elementos en su contra. El primero es la declaración como procesado del cerebro de la trama, Francisco Correa. Este confesó el 14 de octubre que entregó al extesorero popular sobres con dinero negro como pago a sus gestiones ante diversos ministerios –en especial Fomento y Medio Ambiente– a favor de empresarios del sector de la construcción con los que mantenía negocios.

El segundo factor que complica el futuro de Bárcenas es la decisión de Suiza de permitir que la documentación sobre sus cuentas en aquel país sea utilizada como prueba en el juicio. Los abogados del extesorero han peleado desde 2014 ante todas las instancias judiciales y gubernamentales helvéticas para evitar que estas cuentas en los bancos Lombard Odier y Dresdner Bank, que ahora almacenan unos 17,5 millones de euros, pudieran formar parte de la acusación contra él. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho valer sus argumentos para que estos documentos puedan usarse contra Bárcenas para apuntalar los delitos más graves, de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

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