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El Gobierno admite errores sobre Cataluña y ofrece al PSOE ir juntos

Justicia estudia los pasos dados por la Generalitat sin plantear aún más recursos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ampliar foto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

La primera respuesta ya no es un recurso judicial ni acudir al Tribunal Constitucional. Esa vía se guarda en la recámara. El primer paso ahora del ejecutivo de Mariano Rajoy ante cualquier movimiento de la Generalitat o de los partidos nacionalistas catalanes es estudiarlo con detenimiento, mirar si no es abiertamente ilegal para evitar aumentar el número de contenciosos judiciales y volver a ofrecer diálogo para que cada parte quede retratada. Y esa estrategia se acompaña de llamamientos al PSOE para replicar a los desafíos independentistas de manera conjunta y no como hasta ahora de forma unilateral.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, evidenció ese plan ayer, en una entrevista en la COPE, cuando apeló a la “reflexión” a las formaciones nacionalistas catalanas para que entiendan que no han conseguido hasta ahora nada más que “un fracaso internacional”, “desazón” e “inestabilidad”. Santamaría repitió que todas las demandas históricas reivindicadas por el Gobierno catalán y su presidente, Carles Puigdemont, se pueden plantear y discutir dentro de la ley pero sin llegar al asunto del referéndum de autodeterminación.

La número dos del Gobierno admitió que también por su parte se han producido fallos, “porque siempre en política se cometen errores”, pero abogó por “evitar los reproches y el agravio comparativo que no conducen a nada”. Santamaría defendió la necesidad de sentarse “a pensar en este nuevo marco” y hasta concedió que el ejecutivo del PP pudo equivocarse en su día cuando planteó un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña, pero por hacerlo de “forma unilateral” y sin pactar antes una respuesta conjunta con el PSOE.

Esa es la vía novedosa en la que quiere profundizar el Gobierno. Santamaría entiende que los dos grandes partidos (PP y PSOE) deben acordar previamente sus posiciones con respecto a Cataluña y “el diseño institucional”. En ese enfoque el ejecutivo central está dispuesto a frenar que se recurran al Constitucional muchas decisiones si no son claramente ilegales para crear otro clima político. El Ministerio de Justicia está alerta pero es menos impetuoso que en el anterior mandato. Por ahora, por ejemplo, no se ha recurrido la intención de reservar en los presupuestos una partida de 5,8 millones de euros para la organización de la consulta. La disculpa es que se quiere conocer cómo queda redactada esa decisión.

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