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La jueza de Nóos tendrá hasta marzo para redactar la sentencia

El Tribunal Superior le concede una prórroga para dedicarse en exclusiva a elaborar el fallo

Iñaki Urdangarín a su llegada al juicio por el caso Nóos este marzo. Ampliar foto
Iñaki Urdangarín a su llegada al juicio por el caso Nóos este marzo.

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido este miércoles prorrogar hasta el mes de marzo el plazo de dedicación exclusiva que la magistrada y ponente de la sentencia del caso Nóos, Samantha Romero, había solicitado para elaborar el dictamen. El pasado mes de junio, el TSJB acordó conceder a la jueza un plazo de 63 días para ocuparse en exclusiva a redactar este fallo, un período equivalente a las mismas jornadas que duró el juicio celebrado en Palma entre enero y junio de este año.

La complejidad del asunto, el gran número de acusados y el volumen de documentación han hecho que la jueza pidiese una prórroga que no tiene que agotar obligatoriamente, si logra redactar antes el dictamen. La decisión ha sido adoptada por unanimidad atendiendo a la “complejidad del asunto” y el “carácter improrrogable y excepcional” con el que se ha planteado la medida. Romero podrá seguir trabajando hasta el 31 de marzo en la redacción de la sentencia sin tener que atender otros asuntos, que serán asumidos por sus compañeros de sección por turno de reparto.

El juicio del caso Nóos finalizó el pasado mes de junio después de casi seis meses en los cuales se juzgó el presunto desvío de seis millones de euros públicos mediante la firma de varios convenios con el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y su entonces socio Diego Torres para la celebración de varias ediciones de unos foros de turismo y deporte en Baleares y otro similar en Valencia. La fiscalía pide 19 años y medio de cárcel para el marido de la infanta Cristina y 16 años y medio para su exsocio por un rosario de delitos al considerar que obtuvieron los fondos saltándose las normas de contratación administrativa y los mecanismos legales.

El caso sentó en el banquillo a la infanta Cristina, acusada por el pseudosindicato Manos Limpias como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido. La acusación popular pide ocho años de prisión para Cristina de Borbón, mientras que la fiscalía nunca ha acusado a la infanta, a quien por otra parte ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros que ya fue consignada por la hermana del Rey.

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