Morir en invierno por no tener luz
El fallecimiento de una mujer que se alumbraba con velas reabre el debate sobre la pobreza energética
Rosa tenía 81 años, vivía sola y Gas Natural Fenosa le había cortado la luz en septiembre. En la madrugada del lunes se olvidó de apagar las velas que iluminaban su piso en la calle Santa Ana de Reus (Tarragona) y llegó la catástrofe: ardió el colchón en el que dormía la anciana, que murió envuelta en llamas.
La vulnerabilidad energética sigue causando víctimas (por incendios o enfermedades respiratorias), pese a las medidas tomadas por las empresas, las Administraciones públicas y las ONG. No existen estadísticas oficiales, pero un estudio de la Academia de Ciencias Ambientales señalaba que se producen más muertes por este motivo que por accidentes de tráfico. En 2015, murieron 1.126 personas en la carretera. El caso de la mujer de Reus es el más extremo de los efectos que tiene sobre la salud no disponer de medios para mantener la casa a una temperatura adecuada. Los fallecimientos más frecuentes se relacionan con el aumento de infecciones, sobre todo respiratorias, en niños y mayores.
El baremo para medir la pobreza energética en España se basa en las familias que tienen que destinar más del 10% de su renta a pagar la electricidad y el gas domésticos. En Europa, la vara de medir se sitúa en los hogares con unos ingresos por debajo del 60% de la media nacional. Con uno u otro criterio, en España hay más de siete millones de personas que no pueden mantener su hogar a la temperatura adecuada.
Durante años, la vulnerabilidad energética ha sido un problema invisible. Crecía poco a poco, pero nadie le prestaba atención. Tuvo que llegar la crisis de 2008 para que los partidos se dieran cuenta de la gravedad de la situación, aunque optaron por medidas paliativas en lugar de actuaciones de tipo estructural como otros países europeos.
Bono social
En 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el bono social: un 25% de reducción de la factura de la luz para los hogares que cumplan una de estas tres condiciones: familias con todos sus miembros en paro, consumidores de baja tensión con potencia instalada inferior a tres kilovatios o pensionistas mayores de 60 años que cobran la pensión mínima.
La medida se ha mostrado insuficiente, según el diputado de Podemos Rafael Mayoral, que insiste en que el bono social debería complementarse con una tarifa social y acciones más amplias “para defender un derecho fundamental”.
Otros Estados de la UE, donde viven 54 millones de personas en situación de vulnerabilidad energética, llevaban años tomando medidas para atajar el problema: mejora de la eficiencia energética en las viviendas, control del precio de la energía y políticas de rentas familiares. Sin embargo, en España han tenido que ser los Gobiernos autónomos y algunos Ayuntamientos los que se han decidido a actuar para intentar frenar la escalada causada por la caída de las rentas familiares y el aumento del precio de la electricidad.
Paradójicamente, es Cataluña, donde murió Rosa, la comunidad más avanzada en la lucha contra la pobreza energética. Legisló en tres ocasiones para evitar los cortes a los más vulnerables. Y fue la primera autonomía que intentó crear la llamada tregua invernal entre noviembre y marzo, en la que no se puede cortar la luz a ningún hogar. La ley fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La norma vigente establece el principio de precaución por el que las eléctricas deben asegurarse antes de cortar el suministro de que el afectado no se encuentra en situación vulnerable.
Ese principio de precaución falló en Reus y ello ha abierto un enfrentamiento entre Gas Natural Fenosa, el Ayuntamiento de esa localidad y la Generalitat. La compañía asegura que existe desde 2014 un acuerdo con el Consistorio por el que se ha atendido a 150 clientes vulnerables. Añade que en la lista de ciudadanos desvalidos no figuraba el nombre de Rosa P. V.
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, han salido en tromba a culpar a la compañía de la muerte de la anciana. A su juicio, Gas Natural Fenosa efectuó el corte de luz en septiembre sin adecuarse a la ley.
En el resto de España, son los Ayuntamientos los que tienen que informar a las compañías eléctricas sobre las personas que viven en situación de pobreza o de vulnerabilidad energética. Además, Andalucía aprobó en 2015 un programa extraordinario para el suministro de un mínimo vital por valor de 6,5 millones de euros, Galicia implantó en la pasada legislatura el ticket eléctrico total y el País Vasco presupuestó 200.000 euros en subvenciones para este año.
Los Consistorios de Madrid y Barcelona se han mostrado especialmente activos en la defensa de los hogares que sufren vulnerabilidad energética. Sus alcaldesas respectivas, Manuela Carmena y Ada Colau (el anterior regidor barcelonés, Xavier Trias ya intervino al pagar facturas), incluyeron en sus programas electorales la prohibición de cortar la luz a hogares de rentas bajas y proclamaron que la electricidad debería ser un derecho básico protegido. Aunque el miércoles los representantes del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid denunciaron que Carmena no ha dotado el dinero previsto para hacer frente al problema, que afecta a 100.000 personas en la capital.
Protocolos de protección social de las eléctricas
Las grandes compañías eléctricas que operan en España pusieron en marcha entre 2013 y 2015 diversos programas de protección social para las personas más vulnerables desde el punto de vista energético. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa informan de que la práctica totalidad de los 600.000 cortes de luz por impago que realizan cada año no tienen que ver con pobreza energética.
Las tres empresas tienen firmados convenios con administraciones públicas (sobre todo Ayuntamientos), ONG y asociaciones de diverso tipo para gestionar los casos de especial pobreza y evitar cortar el suministro a los hogares más vulnerables. A su juicio, estos convenios han evitado males mayores.
Además, en 2015, presentaron una propuesta para reformar el modelo de bono social (centrándolo únicamente en la renta) y crear dos fondos de pobreza y eficiencia energética que puedan ser utilizados de forma inmediata. La mala calidad de muchas viviendas incide en la temperatura de los hogares.
