Catalá busca pactar con el PSOE la reforma de la Justicia

El ministro intenta combinar el pacto con Ciudadanos con las propuestas socialistas

Catalá, durante el acto de renovación al frente del ministerio.
Catalá, durante el acto de renovación al frente del ministerio.Paco Campos (EFE)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende un pacto global con el PSOE. Su intención es lograr un gran acuerdo para reformar la Justicia y aplicar las medidas contenidas en el pacto de legislatura firmado el pasado mes de agosto con Ciudadanos. Catalá, confirmado en el cargo, ya ha mantenido una reunión formal con el partido de Rivera y contactos informales con el portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Juan Carlos Campo.

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Cómo hacer compatibles las propuestas del PP sobre Justicia, las pactadas con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy y las defendidas por el PSOE. Ese es el gran reto del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y para eso pretende cerrar un acuerdo global con los dos partidos que, además, garantizaría la aprobación parlamentaria de las reformas legales.

La agenda del ministro

El ministro de Justicia pretende abordar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de sus vocales y para limitar “las puertas giratorias” de jueces que pasan a la política.

En la anterior legislatura solo se retocó la ley que regula el proceso penal y ahora se pretende reformarla en profundidad para dar a los fiscales la instrucción.

El Constitucional anuló parte de las tasas aprobadas por Alberto Ruiz-Gallardón y, aunque Catalá ya las redujo, es preciso tocar la ley para adaptarla.

Para eso, necesita renegociar el acuerdo con Ciudadanos, porque sin los votos del PSOE es imposible que salga adelante, entre otras cosas porque afecta a leyes orgánicas que precisan mayoría absoluta. Catalá ha mantenido contactos informales con Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE y exsecretario de Estado de Justicia, y una reunión el martes con José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos. Y ayer miércoles se vio en una localidad próxima a Madrid con su equipo, al que ha confirmado en su mayoría, para preparar las medidas concretas.

Con Ciudadanos acordó el inicio de la tramitación de las reformas legales en primavera, tras los trabajos previos. Sobre algunos de ellos hay diferencias notables. Por ejemplo, sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PP pactó con el partido de Albert Rivera la elección corporativa y directa por parte de la carrera judicial. Pero el PSOE rechaza esa opción, entre otras cosas porque supondría en la práctica aceptar el carácter conservador permanente en esa institución.

Los socialistas pactaron en febrero con Ciudadanos, para la frustrada investidura de Pedro Sánchez, una fórmula que mantenía el modelo mixto actual de propuesta judicial y elección parlamentaria, pero con una comisión intermedia que garantizara la elección de juristas de prestigio. En esa opción, aceptada en su momento por Rivera, podría estar la salida. Supondría modificar el último pacto de investidura PP-Ciudadanos, aunque garantizaría su aprobación.

 Enjuiciamiento criminal

Más fácil es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales se encarguen de la instrucción de sumarios. El último Gobierno del PSOE, con Campo como secretario de Estado de Justicia, realizó un proyecto de ley, reformado luego en la etapa del PP y que ahora podría ser recuperado.

Hay otros escollos como la prisión permanente revisable o cadena perpetua, que rechazan todos los partidos salvo el PP. No se menciona en el pacto con Ciudadanos y el Gobierno pretende que el PSOE renuncie a derogarlo, con el pretexto de que está pendiente del recurso ante el Tribunal Constitucional. En la pasada legislatura, la frustrada entre diciembre y mayo, el Congreso aprobó una proposición no de ley con el voto de todos, salvo el PP, pidiendo su eliminación.

Para la supresión de aforamientos puede haber acuerdo, incluso de todos los partidos, pero será más lenta porque requiere una reforma constitucional.

Catalá se inclina por renovar a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado, a la espera de la decisión de Rajoy. Ese nombramiento requiere informe no vinculante del Poder Judicial y examen en el Congreso.

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