Ciudadanos quiere ahora que la apertura de juicio oral por cualquier delito obligue a dimitir
El partido registra una proposición de ley que varía sus pactos con el PP y el PSOE
Ciudadanos quiere que los concejales, diputados, senadores y parlamentarios europeos a los que se les abra juicio oral por delitos castigados con penas graves tengan que dejar sus escaños "por incompatibilidad sobrevenida". Así lo especifica la Ley contra la corrupción que ha registrado este partido este jueves en el Congreso, en la que también se recoge que cualquier persona en esa situación sería “inelegible” para un cargo público. El pacto de Ciudadanos con el PP no incluía estas medidas y el que alcanzó con el PSOE no vinculaba la apertura de juicio oral a la inelegibilidad.
En 2015, los socialistas presentaron distintas iniciativas para que la apertura del juicio oral supusiera la pérdida del cargo y los populares se opusieron siempre. En los últimos cinco meses, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera se han comprometido a no incluir en las listas de sus partidos y a separar de sus cargos a los imputados por corrupción política. Esa medida es más exigente que la que plantea ahora Ciudadanos, porque afecta a un momento procesal previo a la apertura del juicio oral, pero menos amplia en cuanto a los tipos de delitos a los que atañe.
"Darle efectos jurídicos a la imputación por corrupción política, cuando ni siquiera se ha llamado a declarar, es difícil de encajar", explica José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. "Tenemos dudas de que se pueda hacer por ley, pero sí se puede adoptar por voluntad de los partidos políticos como gesto para recuperar la confianza de los ciudadanos".
El partido de Rivera defiende que la nueva propuesta no cancelaría el compromiso alcanzado entre el PP, el PSOE y Ciudadanos sobre los imputados por corrupción política. Argumenta, además, que aprovecha el consenso logrado en los pactos para impulsar un nuevo listón legal que también deje fuera de las listas y los despachos a representantes públicos y altos cargos a los que se haya abierto juicio oral o condenado por delitos de terrorismo, contra la administración pública, la justicia, las instituciones del Estado, el patrimonio, la libertad, el orden público, “y en general por cualesquiera otros delitos dolosos castigados con penas graves”. La mayoría de estos delitos acarrean, en caso de condena, penas de inhabilitación.
"Confiamos en que salga adelante. Es el mayor avance legislativo en la materia", ha opinado Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, que aspira a aprobar su ley gracias al terreno común que le proporciona haber pactado con el PP y el PSOE y a que estos dos partidos ya plantean medidas similares en sus reglamentos internos. "Es un paso más para regenerar desde el Congreso", ha añadido el propio Rivera, cuya iniciativa no tendrá opciones de salir adelante si no se forma Gobierno.
Las diez medidas de la ley de Ciudadanos
- - Protección del denunciante.
- - Creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública.
- - Cese de los cargos electos encausados judicialmente por cualquier delito y que tampoco puedan ser incluidos en ninguna lista electoral.
- - También serán apartados los altos cargos encausados judicialmente.
- - Tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y responsabilidad civil subsidiaria de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- - Prohibición de los indultos por delitos de corrupción.
- - Eliminación de los plazos máximos para la instrucción penal.
- - Garantías para la reclamación de la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas.
- - Se promoverá la transparencia pública y el control de la actividad de los "lobbies".
- - Medidas para garantizar la objetividad, independencia e imparcialidad de los funcionarios de Administración Local.
En el acuerdo que firmó Rivera en febrero con Pedro Sánchez solo se excluía de las listas electorales a los imputados por delitos de corrupción política que implicaran un enriquecimiento personal; se acordaba pedir el acta de los representantes públicos investigados; y suspender a los cargos a los que se le abriera juicio oral por un delito doloso. En el caso del pacto con Rajoy solo se hace mención a los imputados por corrupción política, que serían separados de sus cargos y no podrían ser incorporados a listas electorales. Ahora, si la ley es aprobada, esos compromisos políticos se mantendrán y ampliarán, según fuentes conocedoras del proyecto.
Ciudadanos está intentando hacer bandera de la lucha contra la corrupción. Según el partido, Toni Cantó, diputado de esta formación, ocupará la presidencia de la Comisión que se va a crear en el Congreso para luchar contra esta lacra. El partido de Rivera espera utilizar este organismo como altavoz de su programa de regeneración. Al tiempo, el asfixiante calendario judicial al que se enfrenta el PP pondrá todos los focos sobre este asunto en los próximos meses. Los estrategas del partido consideran que su electorado premia una actitud proactiva en la materia: por eso, por ejemplo, los portavoces de Ciudadanos han reivindicado que Rita Barberá deje el PP como una consecuencia de su pacto anticorrupción con Rajoy, pese a que este acuerdo no afecta a la senadora porque no está imputada.
Tras la polémica generada alrededor del exministro José Manuel Soria, que dimitió por aparecer en los papeles de Panamá y luego fue nombrado para un cargo ejecutivo en el Banco Mundial, la propuesta de Ciudadanos también recoge que "los altos cargos no podrán ser titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales". Además, aboga porque se tipifiquen los delitos de enriquecimiento ilícito, responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por la corrupción de sus integrantes; o porque se eliminen los plazos máximos para la instrucción penal de los casos de corrupción.
Los 32 votos de Ciudadanos son insuficientes para sacar adelante la iniciativa, que requiere de profundas reformas legales: habría que modificar dos leyes orgánicas, un real decreto y seis leyes para que entrase en vigor.
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