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Tres de los 49 acusados por el fraude en la Alhambra aceptan penas de prisión

La Fiscalía y la Junta retiran su acusación contra otro de los procesados

Vista del salón de actos donde se celebra el juicio del 'caso Alhambra'.

Tres de los 49 acusados en el llamado caso Alhambra, que investiga la venta fraudulenta de entradas con las que llegaron a generar 3,5 millones de euros que no percibió el Patronato del monumento, han llegado a un acuerdo con el ministerio público y han aceptado penas de entre tres y nueve meses de cárcel. Asimismo, la Fiscalía y la Junta de Andalucía han retirado su acusación contra otro de los procesados en el juicio, que se prolongará hasta diciembre y en el que también se sientan en el banquillo las sociedades de viajes Daraxatour SL y Washington Irving SL.

La dirección del complejo histórico demanda ahora 6,6 millones de euros en concepto de perjuicio económico y por los daños materiales que causaron los excesos de aforo causado por la entrada ilícita de grupos que rebasaban el número autorizado de 30 personas. “Se les permitía el acceso sin entrada, a cualquier hora y sin limitación”, explica el escrito de la fiscalía. Los delitos que se enjuician son: apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

En esta primera sesión, tres acusados han pactado cumplir entre tres y nueve meses de prisión, y pagar una multa, en los casos de la pena más alta, de 6.000 euros, frente a los cuatro o nueve años que demandaba la fiscalía en un principio, según fuentes oficiales. No obstante, todos estos acuerdos previos de conformidad deberán todavía ser ratificados ante el tribunal de la Sección Segunda encargado del caso, según dichas fuentes. El juicio continuará para 49 de los 50 acusados iniciales después de que el ministerio público y la Junta hayan retirado su acusación contra uno de los trabajadores de Daraxatour SL por "no hallar indicios suficientes contra él en el caso", tal y como ha explicado el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, José Requena.

Un año después de que el juez Miguel Ángel del Arco decretara la apertura del juicio oral tras nueve años de investigación, el medio centenar de acusados se han sentado en el banquillo para enfrentarse a una petición de la fiscalía de entre cuatro y nueve años de cárcel para 45 de ellos, entre los que también se encuentra un guía encargado de dirigir a grupos de turistas japoneses. De los 45, la fiscalía pide nueve años de prisión y una multa de 9.000 euros para diez de ellos. Los 35 restantes se enfrentan a la petición de cuatro años de cárcel y un total de 2.160 euros de multa.

Los 6,6 millones que exige el Patronato de la Alhambra deberán correr a cargo de los acusados junto a las sociedades viajes Daraxatour SL y Washington Irving SL en concepto de responsables civiles subsidiarios. Los primeros informes periciales, emitidos en 2014, llegaron a estimar que se habían vendido 800.000 entradas en la Alhambra al margen de los cauces legales y oficiales provocando un perjuicio económico cifrado en los 6,6 millones que ahora denuncia el patronato.

Las primeras irregularidades que se encontraron los peritos judiciales fueron: emisión de entradas falsas y billetes con el localizador anulado para ser vendidos otra vez. Las pesquisas también detallaron la “llamativa capacidad”, como explicaba el primer informe en 2005, de uno de los taquilleros de vender en 33 segundos un total de 65 entradas a 13 personas diferentes.

William Shakespeare y ‘Perico de los Palotes’ reservaron entradas

Entre los 90.000 folios del caso Alhambra se llegó a apreciar un dato cuanto menos curioso. El dramaturgo Shakespeare, el expresidente Aznar o un tal Perico de los Palotes llegaron a reservar entradas para visitar el monumento más importante de España. La información que facilitó el diario Ideal en el año 2003 ampliaba que los tres nombres citados tenían una cosa en común: poseían el mismo número de la tarjeta de crédito. Una sucursal de la capital granadina llegó a vender con adeudo en caja casi 16.000 entradas con nombres con los que resultaría improbable determinar la identidad del portador de la reserva.

El macrojuicio que ha arrancado este jueves se dividirá en 44 sesiones, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA). Será la Sección Segunda de la Audiencia de Granada el tribunal encargado de juzgar el caso, con el magistrado José Requena Paredes al frente.

Los testigos de las diferentes partes comparecerán entre el 10 de octubre y el 15 de noviembre, mientras que los peritos propuestos por el ministerio fiscal y la Junta de Andalucía acudirán al salón de actos del edificio judicial de la Caleta en Granada entre el 16 de noviembre y el 13 de diciembre.

Desde primera hora de este jueves, los encausados, en su mayoría trabajadores del Patronato han ido accediendo al edificio judicial de La Caleta, donde la vista oral se ha iniciado pasadas las 10.30 horas en un salón de actos habilitado para su celebración. Entre los acusados hay peones controladores de accesos, además de oficiales de primera y segunda categoría, guías turísticos y los responsables de las empresas investigadas.

Vicente Tovar, el abogado que representa a varios de los guías acusados solo por la Junta ha señalado que la calificación fiscal no se corresponde con la relación jurídica de los hechos y que algunos de los enjuiciados "no sabe aún por qué están aquí".

Por su parte, Pablo Luna, abogado del empresario de la agencia de Viajes Daraxatour, ha manifestado que planteará hasta seis cuestiones previas: dos nulidades y cuatro violaciones de derechos fundamentales en un proceso que ha calificado de "dantesco" y repleto de "dilaciones indebidas". Entiende que, pese al detallado escrito de acusación de la Fiscalía, se ha cometido "indefensión" en determinados momentos y opina que lo que subyace en este caso es "un problema que la Alhambra lleva soportando desde hace mucho tiempo": "la organización diaria con los millones de visitantes que recibe el monumento y que, ni antes ni ahora, ha conseguido atajar por no haber encontrado un sistema de control de fácil acceso".

Audiguías, bodas y otras polémicas monumentales

En junio de 2015, la empresa Stendhal, a cargo de Alejandro López y otro socio, fue acusada por la Unidad de Delitos Económicos de la policía de "beneficiarse de un trato de favor en la concesión de una licencia" para la comercialización de audioguías por parte de la exdirectora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca. Al margen de los dos empresarios, la policía implicó a cuatro cargos de la Alhambra, entre ellos su directora, a los que achaca una "ausencia total y absoluta de un control y fiscalización" de los beneficios obtenidos por el empresario sevillano al frente de Stendhal, además de permitirle fijar precios al público superiores a los máximos establecidos.

Otro de las grandes polémicas que sacudió la relación entre la administración del monumento y el Ayuntamiento de Granada fue la celebración de la boda de Sean Hepburn, hijo de la actriz Audrey Hepburn, en el Palacio de Carlos V junto al exalcalde de Granada José Torres Hurtado sin que lo hubiera autorizado el Patronato de la Alhambra.

Desde 2014, el enfrentamiento más directo que mantuvieron el Ayuntamiento de Granada y el Patronato de la Alhambra fue la petición del consistorio de que dos euros de cada entrada que vendía el monumento se invirtiera en el mantenimiento del Albaicín, barrio que es competencia directa del Ayuntamiento y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los parlamentarios populares de Granada llevaron la petición al Parlamento de Andalucía sin éxito. La Alhambra recalcó que era "ilegal llevarlo a cabo". Enfrentamiento que continuó agravando la relación entre la Alhambra y el Ayuntamiento, desencuentro que ha finalizado desde el nombramiento el pasado año de Reynaldo Fernández al frente de la Alhambra y de Francisco Cuenca (PSOE) como nuevo alcalde.

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