Cinco días de falsas explicaciones sobre el segundo ‘caso Soria’
La designación del exministro Soria para el Banco Mundial ni fue por un concurso público ni era obligatoria como mantuvo el Gobierno tras saltar la polémica
Ni fue un concurso público, ni era solo para funcionarios, ni hubiese sido ilegal negarle a José Manuel Soria la candidatura a director ejecutivo del Banco Mundial, como han mantenido en los últimos días el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía. Este último suspendió la primera convocatoria de la plaza —hecha en enero, cuando Soria aún era ministro— y convocó una nueva en junio —cuando ya podía presentarse—. España no pierde el puesto tras la renuncia de Soria y nombrará a otro de los aspirantes.
El documento de la convocatoria para el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial, que ayer reveló El Confidencial, muestra que, en contra de lo que Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos habían repetido estos días, el proceso para elegir a José Manuel Soria como candidato a representar a España en el Banco Mundial ni fue un concurso, ni fue público, ni habría sido ilegal no concederle el puesto.
La convocatoria no se publicó en el BOE. No era un concurso para funcionarios, ni, en concreto, para técnicos comerciales del Estado, como es Soria, ya que el documento solo expresa que “se valorará” esa condición.
La comisión de evaluación que tomó la decisión está presidida por la Secretaría de Estado de Economía y de ella forman parte la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica. Es decir, altos cargos del Gobierno del PP y de la máxima confianza de Guindos decidieron el nombramiento. El ministro, no obstante, insistió en que no era un nombramiento “político” y que si lo fuera, Soria “nunca” lo habría pedido.
Dos meses después de su dimisión en abril, tras verse salpicado por el escándalo de los papeles de Panamá y su participación en una empresa familiar radicada en el paraíso fiscal de Jersey, el exministro había comunicado a Rajoy que aspiraba a ese puesto, con un sueldo de 226.000 euros al año libres de impuestos. En junio, La Sexta hizo público que Soria quería ese cargo y Guindos lo negó.
Economía había cancelado la primera convocatoria de la plaza, de enero, cuando aún Soria era ministro y, por tanto, no se había presentado. En junio, dos días después de las elecciones y a los dos meses de su dimisión, la convocó de nuevo y ahí sí se presentó Soria. El ministerio argumenta que se canceló la primera convocatoria porque dudaban si se podía adjudicar estando el Gobierno en funciones y que luego “se decidió seguir adelante para evitar perder el turno de España en la silla que comparte con otros países”. Pero no se reactivó la antigua convocatoria permitiendo que optaran a esa plaza quienes ya se habían presentado. Se hizo una nueva a la que ya podía presentarse Soria.
El ministerio comunicó el nombramiento nada más conocerse el resultado de la fallida investidura de Rajoy. Ese era el momento, argumentaron, en que terminaba el plazo fijado por el Banco Mundial para presentar a sus candidatos. Ayer aclaró que la renuncia de Soria no supone la pérdida de esa plaza. Ahora buscarán a otro sustituto “entre los que se presentaron a la convocatoria”. El reglamento del Banco Mundial establece que si el candidato se retira fuera del plazo de nominaciones, pero antes de la fecha de cierre de la votación (6 y 7 de octubre), el secretario informará a todos los gobernadores con derecho a voto de dicha retirada y les invitará a presentar candidaturas nuevas durante “un periodo razonable”. España todavía puede proponer a otro aspirante. La actual adjunta al cargo al que aspiraba Soria es Beatriz de Guindos, sobrina del ministro.
Una portavoz del Banco Mundial explicó ayer a este diario que los directores ejecutivos no son estrictamente empleados del organismo, sino representantes de sus respectivos países. Preguntado sobre si se aceptaría a un directivo con vínculos con los papeles de Panamá, el organismo remite al código ético, que fija que deben mantener "los más altos estándar de integridad personal y profesional", “evitar cualquier conducta que dañe la reputación” de la institución así como hacer públicas sus finanzas y las de sus familiares.
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