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SECUESTROS VIRTUALES EXPRÉS

“¡Ya tengo todo listo para soltar a tu hija!”

Las denuncias en España de secuestros virtuales exprés desde dos cárceles chilenas se triplican

España es un santuario para los falsos secuestradores virtuales que operan desde cárceles chilenas. La Policía Nacional ha recibido más de 700 denuncias en año y medio en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Málaga y Valencia sobre esta práctica donde presos comunes amenazan con asesinar en directo al familiar de un interlocutor elegido al azar si no se abona un rescate. Todo es una farsa. Las llamadas proceden de los penales de Colina II y Santiago I. El fenómeno se ha triplicado desde que irrumpió por primera vez, en febrero de 2015, según fuentes policiales.

La prisión chilena de Colina II se ha convertido en un inmenso locutorio. Decenas de reclusos de este penal a 35 kilómetros de Santiago y considerado uno de los más peligrosos del país telefonean a España a diario desde sus celdas para ejecutar secuestros virtuales exprés.

Los presos simulan ser raptores de un familiar, intentan persuadir al interlocutor para que transfiera un rescate –que arranca con una petición de 10.000 euros- y amenazan con cometer un asesinato si no se cede al chantaje. La secuencia se desarrolla entre gritos. “¡Ya tengo todo listo para soltar a María!”, anuncia uno de los extorsionadores a una madre de Xàtiva (Valencia), según el audio al que ha tenido acceso EL PAÍS. El falso secuestrador llega a pedir que no se avise a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil para conferir credibilidad a su llamada. También, da largas cuando se le solicita escuchar la voz de la chica supuestamente raptada.

Los presos llegan a imitar voces juveniles y rastrear el Facebook de sus víctimas para recabar datos personales y resultar convincentes. Las llamadas se dirigen a números fijos seleccionados de modo aleatorio en el listín español.

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La dificultad para identificar al autor –en una misma celda hay cinco reclusos que comparten móvil- y la facilidad para usar un teléfono en las prisiones chilenas –donde se han requisado en los últimos meses 70.000 dispositivos- propician la práctica.

“El pasado año identificamos en Chile a nueve personas. Tras unos meses de calma, el delito ha aumentado”, reconoce Juan Alcolea, jefe del equipo de Negociación de Secuestros de la Policía Nacional, que la semana pasada visitó Chile para colaborar con las pesquisas que coordinan en este país la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Chacabuco.

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La Policía Nacional ha recibido más de 700 denuncias en año y medio en Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valencia y Madrid, donde se concentran la mayor parte de los casos de un fenómeno que se ha triplicado desde que irrumpió en España por primera vez, en febrero de 2015, según los investigadores. Todas las llamadas analizadas proceden de los penales de Colina II y Santiago I.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que aglutina varias denuncias sobre este asunto, ha enviado a Chile una comisión rogatoria, que es como se denominan las peticiones de información a un país extranjero. La Policía trabaja con la Fiscalía de Cooperación Internacional de la Audiencia Nacional para unificar las reclamaciones y las peticiones del ministerio público chileno.

Las llamadas virtuales se realizan por la tarde -hora española- desde números ocultos o con prefijo chileno (0056). Arrancan con “¡Somos una organización criminal! Tenemos retenido a su hijo”. Los prisioneros persiguen con su labia atrapar a la víctima al otro lado de la línea, ganar tiempo para que no cuelgue y pueda descubrir que todo es una farsa.

Los presos persuaden al afectado para que se desplace a un cajero cercano a su casa, saque una cantidad que oscila entre 500 y 1.000 euros –aunque la petición inicial es de 10.000- y transfiera el dinero a través de compañías como Western Union o MoneyGram International.

El rescate solo se cobra en el 5 % de los casos. Un total de 20 víctimas han picado en España este año (en 2015 fueron 15). La suma total de su botín apenas supera 32.000 euros en año y medio. Los investigadores sostienen, sin embargo, que el delito es rentable en un país con un salario mínimo de 325 euros mensuales.

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Sobre la firma

Joaquín Gil
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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