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El juez amplía la causa contra Gómez de la Serna y cita a Arístegui

De la Mata ordena el registro de cuatro sedes de empresas en Pamplona y ofrece al diputado declarar como imputado el 10 de mayo

Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha realizado sus primeras citaciones y nuevas imputaciones a la investigación que toca de lleno al diputado Pedro Gómez de la Serna, después de varios meses de practicar diversas diligencias de investigación. De la Mata ha acordado ampliar de 15 a 20 los investigados en esta causa, entre los que figuran 11 personas físicas y 9 personas jurídicas. A todos ellos se les cita entre el 28 de abril y el 10 de mayo. El exdiplomático Gustavo de Arístegui, cesado por el Gobierno como embajador en la India, comparecerá el 6 de mayo a las 12.00.

En el caso de Gómez de la Serna, al estar aforado, el instructor le ofrece la posibilidad de ir a declarar voluntariamente el 10 de mayo a las 10.00. La citación, afirma el juez, "habría de ser, en su caso, no como testigo, sino al amparo de la garantías propias" del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el derecho de defensa de las personas investigadas, antes llamadas imputadas. De la Serna, de comparecer, deberá hacerlo con abogado.

Los hechos por los que se amplía la querella y las personas investigadas guardan relación con pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato de obra para instalar una estación desalinizadora en Souk Tleta y una obra del tranvía en Ourgla, ambos en Argelia. Según la investigación, en la primera de las obras, dos intermediarios ahora imputados —Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza— percibieron de la empresa Elecnor, a través de diversas facturas, al menos 1,64 millones de euros. Por la segunda, José Luis Tomé Becerra, hermano del querellado Cristóbal Tomé, agente externo de Gustavo de Arístegui y De la Serna, "habría asumido la posición de su hermano y cedido la comisión de éxito del 3% del importe de la obra a la sociedad United Consultancy Services SL". Esta sociedad es administrada por Suárez Lopetegui y Suarez Hermoso de Mendoza.

La causa investiga supuestos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. La fiscalía sospecha que cobraron comisiones a cambio de mediar para que empresas españolas consiguieran contratos en el extranjero.

En el auto de admisión de la querella, del pasado enero, el juez hace un primer análisis de los presuntos delitos que se investigan. Respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deducen pagos de dinero realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra: el primero, llamado La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta, por 250 millones de euros; el segundo, el Tranvía de Ouargla, por importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.

Respecto al delito de cohecho, la resolución de enero afirmaba que estaría relacionado con los pagos realizados por las empresas españolas a De la Serna y Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.

El magistrado mencionaba un tercer delito, de blanqueo de capitales, supuestamente cometido por conexión con los anteriores por cuanto se habría estructurado a nivel internacional mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de actividad mercantil y movimientos internacionales de capital "que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero". Ese sería el caso, sostenía el auto, de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, "tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".

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