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Dos ex altos cargos de Aguirre no devuelven las ayudas que recibieron

Una sociedad subvencionada por Cifuentes pleitea para recuperar nueve millones de créditos destinados a innovación

Elena G. Sevillano
Aguirre, el día de su dimisión como presidenta del PP de Madrid.
Aguirre, el día de su dimisión como presidenta del PP de Madrid.S. SÁNCHEZ

Ocho pleitos para recuperar nueve millones de euros de dinero público. Madrid Network, una entidad público-privada creada en época de Esperanza Aguirre, ha tenido que recurrir a los juzgados para exigir que ocho empresas le devuelvan los créditos ventajosos que esta les prestó para que realizaran proyectos de innovación. Entre las empresas figuran las de dos exaltos cargos de Aguirre que se beneficiaron de estos préstamos a bajo interés adjudicados a dedo en 2011: el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

De los nueve millones que Madrid Network no ha conseguido recuperar, tres y medio corresponden a las empresas de Lamela y De Miguel, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Ambos han declinado ofrecer su versión. Una de las empresas vinculadas a De Miguel, Safeview, ha sido condenada, en primera y segunda instancia, a devolver cerca de dos millones de euros “por incumplimiento contractual”, según la sentencia.

Entre las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades que se crearon durante las dos legislaturas de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de Madrid, Madrid Network es sin duda la más opaca. Al ser un ente de derecho privado, no presenta cuentas ni ante el Registro Mercantil ni ante los interventores públicos. Tampoco es fiscalizada por el Parlamento regional. No se sabe qué plantilla tiene, cuánto cobran sus directivos ni qué hace exactamente, a pesar de recibir cuantiosas aportaciones anuales de dinero público. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2016 le reservan una subvención de 450.000 euros.

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La Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, encargó en 2011 a Madrid Network repartir entre empresas de la región un préstamo de 80 millones de euros en condiciones muy ventajosas —1,2% de interés, carencia de cinco años— procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Era una partida del Ministerio de Ciencia e Innovación (hoy, Ministerio de Economía) destinada a financiar proyectos de I+D en la región.

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Madrid Network es una entidad que nació del "impulso" del Gobierno madrileño, y con el respaldo de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio, que se define como “asociación sin ánimo de lucro”, pese a gestionar el reparto de millones de euros de dinero público, incluidos fondos estatales y europeos.

El Ministerio de Ciencia e Innovación firmó un convenio en octubre de 2010 con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), empresa pública --esta sí-- de Madrid, para encargarle la gestión de 80 millones en préstamos preferentes para fomentar la innovación. El Imade (una de las entidades madrileñas investigada en el caso Gürtel) se clausuró en enero de 2011, y la ejecución del convenio se subrogó en mayo de 2011 a Madrid Network. Así fue como 80 millones de dinero público pasaron a manos de una asociación empresarial opaca.

Preguntada por EL PAÍS, la secretaría de Estado de Investigación, desarrollo e innovación confirma que aún no ha realizado la preceptiva auditoría para saber si esos fondos se emplearon correctamente. El motivo, según un portavoz, es que lo "prioritario" es cerrar los convenios que llevan confinanciación europea (FEDER) del periodo 2007-2013.

Dos de cada tres proyectos, fallidos

Pasados cinco años, dos de cada tres de los proyectos seleccionados a dedo por este ente público-privado opaco han resultado fallidos. En 13 casos, Madrid Network pactó una resolución amistosa con las empresas y fijó un calendario de devolución del dinero. Con 16 compañías tuvo que resolver los préstamos unilateralmente “debido a incumplimientos por su parte”, señala la última memoria de actividades entregada a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Economía. 

"Numerosas incidencias" con los préstamos

Como la mayoría de los proyectos a los que Madrid Network decidió entregar los préstamos resultaron fallidos, a la entidad finalmente le ha sobrado dinero del que debía repartir entre empresas de I-+D. Así lo asegura en la última comunicación que envía al Ministerio de Economía, a través de la Consejería de Economía madrileña: "Tras las numerosas incidencias de incumplimiento, Madrid Network presenta un saldo positivo de tesorería de 5,2 millones de euros". Algunos beneficiarios no devolvieron el dinero, pero otros sí, y antes de tiempo, porque su negocio naufragó.

Madrid Network decidió usar esos 5,2 millones para devolver a la Comunidad de Madrid uno de los libramientos, según el calendario de amortización pactado en 2011, y tal y como recoge la memoria. Precisamente como Madrid Network ha estado pagando puntualmente el crédito que le transfirió la Comunidad, un portavoz de esta afirma que, de momento, todo está correcto. No consta que el Gobierno de Cristina Cifuentes haya realizado una auditoría, pero fuentes políticas afirman que el asunto se está estudiando al detalle.

Ocho de las empresas que resultaron agraciadas con créditos imposibles de conseguir en el peor momento de la crisis económica acabaron en concurso de acreedores. Con las otras ocho hubo que acudir a los tribunales. La “cuantía desembolsada” y no devuelta es de 9.028.402, según este documento de la propia Madrid Network, que se ha negado repetidamente a contestar preguntas de este diario.

De Miguel abandonó la presidencia de Safeview en 2004 pero le sustituyó al frente de la empresa su cuñado, Fernando Ruano, como administrador único, según figura en el Registro Mercantil. De Miguel es actualmente administrador único de Zubenelgenubi S L, una de las dos mercantiles que actuaron como fiadoras de Safeview cuando esta firmó el crédito con Madrid Network en 2011. La otra es Servicios Financieros Aravaca, administrada por Ruano en esa época y que comparte sede social con Zubenelgenubi.

Ambas fueron condenadas por la Audiencia Provincial en junio de 2015 a devolver los dos millones de euros del préstamo público. Según fuentes judiciales, han recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Responsables de Safeview se negaron a dar su versión y amenazaron a EL PAÍS, por escrito, con demandas judiciales.

Saerco, administrada desde 2009 por De Miguel, tampoco devolvió los casi 1,3 millones de euros del crédito a la innovación, según la documentación consultada. Madrid Network demandó a la empresa. Con la fecha de juicio ya fijada para el 11 de febrero pasado, Saerco pidió que se suspendiera para llegar a un acuerdo. Tanto Madrid Network como la Comunidad de Madrid declinaron confirmar si se ha alcanzado un pacto para devolver el dinero. EL PAÍS ha intentado, sin éxito, que Saerco y De Miguel ofrecieran su versión.

Otra de las polémicas adjudicaciones de créditos públicos recayó en el proyecto de sanidad privada del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. En esta ocasión, Madrid Network entregó 500.000 euros a una asociación llamada Madrid Centro Médico que en 2011 presidía Lamela. “Tras la resolución del préstamo debido a los incumplimientos [...] en diciembre de 2013 se pactó con la entidad un calendario de devolución de lo prestado y los intereses”, señala la documentación. “El beneficiario asociado solo abonó las cuotas previstas para 2013”, añade.

Pese a que han pasado más de dos años, “el procedimiento está pendiente de que se admita a trámite por el juzgado y se requiera de pago a la demandada”, asegura la memoria presentada al Gobierno y que sigue sin auditar. Ni Lamela ni el tesorero de la asociación, Mario Esteban, quisieron responder a las preguntas de este diario. Tanto este último como un portavoz de la Fundación Lafer que preside Lamela aseguraron que ya no ocupan cargos en la asociación que recibió el préstamo. En el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid seguían figurando hasta finales de febrero ambos como miembros de la junta directiva.

investigacion@elpais.es

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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