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Defensa alega que está en funciones para negar al juez un informe secreto

El tribunal militar avaló la petición de la instructora del accidente de un caza F-5

Restos del F-5 accidentado en 2012 cerca de Talavera de la Reina.

El Gobierno parece haber encontrado en su condición de Ejecutivo en funciones todas las ventajas y ningún inconveniente: no debe someterse al control de Parlamento, pero puede condonar la deuda a Cuba; puede conceder indultos, pero no desclasificar un documento secreto a petición judicial. Esa es, al menos, la excusa que el Ministerio de Defensa ha puesto a la juez militar que investiga el accidente de un caza F-5 en Talavera la Real (Badajoz) en 2012 quien, con el aval del tribunal, reclamó el informe de seguridad en vuelo sobre el siniestro. Defensa ni siquiera elevará la petición al Consejo de Ministros.

La titular del juzgado togado militar territorial 12 lleva casi dos años intentando obtener el informe de seguridad en vuelo del accidente sufrido el 2 de noviembre de 2012 por un caza F-5 en la base de Talavera la Real (Badajoz). Es una pieza clave para aclarar si hubo negligencia en un siniestro que se produjo después de que el avión volase 18 minutos averiado y que costó la vida al comandante instructor Ángel Álvarez Raigada y lesiones graves al alférez Sergio Santamaría de Felipe.

Pese a la oposición del abogado del Estado, la petición llegó hasta el Consejo de Ministros, que acordó desclasificar el documento el 30 de abril de 2015. Pero la juez no recibió todo el informe, sino solo un sucinto escrito de conclusiones, con recomendaciones para el futuro, pero sin el análisis de las causas del siniestro.

El proceso tuvo que reiniciarse, aunque esta vez, para evitar malentendidos, con una petición pormenorizada de todos los “partes, informes y estudios”, con mención expresa a seis documentos. El abogado del Estado volvió a recurrir, pero el Tribunal Militar Territorial dio la razón a la juez, por segunda vez, alegando que esta había hecho uso de una facultad que le reconoce la ley: “elevar una solicitud razonada de desclasificación al Ministro de Defensa para su traslado al Consejo de Ministros”.

La "ilegal" desclasificación de los papeles del CNI por Aznar

M. G.

El 18 de marzo de 2004, una semana después de la matanza del 11-M y a los cuatro días de las elecciones ganadas por el PSOE, el Gobierno de José María Aznar, en funciones, desclasificó dos notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las hizo públicas. Su objetivo, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, era “demostrar que el Gobierno no mintió” cuando insistió en atribuir los atentados a ETA. El interés de Aznar al tomar esta medida, que nadie había reclamado, era política: trasladar al CNI la responsabilidad de una información falsa. Una de las notas, de las 15.51 horas del 11-M, consideraba “casi seguro” que ETA era la autora de la masacre y otra, de las 16.04 del día 12, cuestionaba una reivindicación yihadista de los atentados. El entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, ha dicho que se sintió utilizado por una desclasificación a la que se opuso. Zaplana aseguró que el Gobierno tenía “amparo legal” para hacerla. Sin embargo, según dice ahora Defensa, fue ilegal.

Pero el ministro Pedro Morenés no tiene intención de elevar la petición al Gabinete. El juzgado ha recibido un escrito de la Secretaría General Técnica de Defensa según el cual, al estar el Gobierno en funciones, no puede desclasificar un documento secreto y debe limitarse al “despacho ordinario de los asuntos públicos”. Para llegar a esta conclusión, Defensa se remite a tres sentencias del Supremo de 1997 que atribuyen la facultad de desclasificar documentos “al ámbito de la actuación política del Gobierno” y, en particular, a la “potestad de dirección política” que le atribuye la Constitución. Desde esta perspectiva, el Gobierno en funciones habría perdido “la capacidad de dirección de la política interior y exterior”. Es decir, que España sería un país sin nadie al mando.

Más allá del debate jurídico, el informe omite un importante precedente: el Gobierno de José María Aznar desclasificó en 2004, cuando se encontraba en funciones, los informes del servicio secreto CNI sobre los atentados del 11-M. Y eso sin que lo pidiera ningún juez.

 

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