Independencia de Cataluña

El Constitucional busca un fallo unánime contra el texto soberanista

El pleno incluye en su orden del día la impugnación del Gobierno contra la declaración independentista del Parlament

Fachada del Tribunal Constitucional.
Fachada del Tribunal Constitucional.Luis Sevillano

El Tribunal Constitucional prevé decidir entre este miércoles y jueves si anula la resolución independentista aprobada por el Parlament de Cataluña el pasado 9 de noviembre. El pleno del tribunal se reúne esta semana y, aunque en principio la declaración soberanista no estaba en el orden del día, el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, decidió incluirla tras garantizarse un amplio consenso entre los magistrados para anular la resolución antes de que, este viernes, empiece la campaña electoral, según han explicado fuentes del Constitucional.

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El fallo del tribunal supondrá, con toda probabilidad, la anulación de la declaración independentista, pero De los Cobos quiere asegurarse de que la decisión se adopta por unanimidad de los 11 miembros del pleno. Los magistrados ya se han reunido este martes durante tres horas para debatir la propuesta de sentencia que presentó el ponente, Andrés Ollero, del sector conservador. El pleno continuará a partir de las 11.00 del miércoles. De esta reunión puede salir ya un texto definitivo de sentencia. Otra opción es que el Constitucional solo adelante el fallo (si anula o no la resolución del Parlament y si es o no por unanimidad) y el ponente pula durante unos días el texto con los cambios acordados por el pleno.

El tribunal admitió a trámite por unanimidad el recurso del Gobierno contra la resolución del Parlament el pasado 11 de noviembre, dos días después de que se aprobara. La admisión supuso la suspensión automática de la declaración soberanista, pero solo de forma temporal, por un máximo de cinco meses, plazo en el que el Constitucional debe decidir sobre el fondo del asunto o si prorroga o levanta la suspensión hasta que haya sentencia. El tribunal, que tiene sobre la mesa asuntos como la ley del aborto desde hace más de cinco años, pretende resolver en esta ocasión con una celeridad inusitada: menos de un mes desde que los diputados de Junts pel Sí y la CUP aprobaron la resolución que aboga por desobedecer a las instituciones españolas e insta a la Generalitat a cumplir únicamente los acuerdos que surjan de la Cámara catalana.

En la providencia redactada por el tribunal para admitir a trámite el recurso del Gobierno, el pleno incluyó una advertencia a la Mesa de la Cámara, al secretario y a los miembros del Gobierno de Artur Mas en funciones de que debían cumplir su decisión y les avisó de las responsabilidades, “incluso penales”, en las que incurrirían de no hacerlo.

La reforma exprés de la ley orgánica del Constitucional que ha aprobado el Gobierno permite al tribunal sancionar e incluso suspender a los altos cargos que no acaten sus resoluciones. Los magistrados prefirieron no hacer referencia a esta posibilidad, a pesar de que el Gobierno así se lo había pedido. Ahora los magistrados tienen que decidir si en la sentencia incluyen una advertencia sobre las consecuencias que tendría incumplirla.

En las alegaciones presentadas ante el Constitucional, el Parlament ha restado trascendencia a su declaración. Aunque esta proclamaba el inicio del “proceso de desconexión democrática” con España para lograr el “empoderamiento” de la ciudadanía, el Parlament asegura que es solo “una voluntad, aspiración o deseo” que carece de efectos jurídicos.

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