El PP afirma que la sanidad es más universal ahora que hace cuatro años
"Hay 700.000 españoles más con tarjeta sanitaria", ha afirmado el secretario de Sanidad del PP, que se la retiró a miles de inmigrantes irregulares
José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad del Partido Popular, dijo este miércoles que la sanidad pública en España es hoy más universal que hace cuatro años. "Hay 700.000 españoles que ahora tienen tarjeta sanitaria y antes no la tenían. Este avance se ha conseguido gracias a una asociación del sistema que ha permitido que el 100% de los españoles tengan tarjeta sanitaria", apuntó Echániz en un debate organizado por Sociedad Civil por el Debate en la Asociación de la Prensa de Madrid.
El Partido Popular aprobó en 2012 un Decreto Ley que...
José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad del Partido Popular, dijo este miércoles que la sanidad pública en España es hoy más universal que hace cuatro años. "Hay 700.000 españoles que ahora tienen tarjeta sanitaria y antes no la tenían. Este avance se ha conseguido gracias a una asociación del sistema que ha permitido que el 100% de los españoles tengan tarjeta sanitaria", apuntó Echániz en un debate organizado por Sociedad Civil por el Debate en la Asociación de la Prensa de Madrid.
El Partido Popular aprobó en 2012 un Decreto Ley que dejó a a 870.000 personas, sobre todo inmigrantes irregulares, sin acceso a la sanidad pública. Esta norma contempla tres supuestos —urgencia por enfermedad grave, embarazadas y menores de 18 años— que obligan a los centros públicos a atender gratis a los extranjeros, algo que no siempre sucede en algunas comunidades autónomas. "Mis colegas de otros países se sorprenden de la capacidad del sistema público sanitario español. La tarjeta sanitaria no se le puede dispensar a los extranjeros porque los ciudadanos de otro país europeo tendrían, por la normativa de la UE, la capacidad de solicitar el mismo tratamiento. Tendríamos que darle asistencia sanitaria al 100% de las personas europeas que transitan por España. Eso sería una carga sobre el sistema público sanitario español que lo deterioraría automáticamente", ha insistido Echániz.
El PSOE, Podemos e Izquierda Unida han abogado en el debate, en el que también han participado profesionales del sector sanitario, por derogar el Decreto Ley. El representante de Ciudadanos, sin embargo, ha dicho que su formación quiere un pacto con las fuerzas políticas que sea uniforme. "Estamos dispuestos a ceder, no tenemos una opinión maximalista. Queremos llegar a acuerdos con los demás partidos, contextualizando que ningún país en la UE da cobertura universal", ha dicho Daniel Álvarez, diputado en la Asamblea de Madrid del partido liderado por Albert Rivera. Álvarez ha mencionado que solo dos países de la UE, "y siempre con algún tipo de restricción en el arraigo de los extranjeros", dan acceso universal: "Son Holanda y Francia. Nosotros defendimos que el real decreto es una normativa estatal y no tenía ningún sentido que desde las comunidades autónomas empezara una carrera a ver quién ofrecía más derechos con requisitos diferentes".
El cambio de Gobierno en algunas autonomías tras las elecciones de mayo propició que miles de personas en España tuviesen de nuevo acceso a la sanidad gratuita. Los nuevos ejecutivos de izquierda en Valencia, Baleares, Aragón y Cantabria —a los que después se sumó la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP— modificaron su legislación para incluir en sus Sistemas de Salud a casi todos los que se quedaron fuera en 2012. El secretario general de Sanidad del Gobierno respondió a finales de agosto amenzando a las comunidades que habían devuelto la asistencia sanitaria con tomar medidas contra ellas "por vulnerar competencias estatales". También les avisó de la posibilidad de que la Unión Europea sancione a España con "multas millonarias". El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso consideró las palabras del secretario de Sanidad como una "amenaza inadmisible".
El Ministerio de Sanidad envió a las comunidades un borrador de pacto para dar una atención sanitaria homogénea a inmigrantes en situación irregular en toda España a finales de agosto. Uno de los requisitos que planteó el Gobierno es que los sin papeles acrediten falta de "recursos económicos suficientes" y justifiquen un año de empadronamiento y carecer de cualquier otra cobertura. Unos días después, a principios de septiembre, el Gobierno rebajó de un año a seis meses el tiempo de empadronamiento de los inmigrantes para acceder a la sanidad. La mayoría de comunidades rechazaron la propuesta.