“Es esencial estrechar lazos con el PP para preparar la privatización”

Entre los comprometidos papeles que los investigadores de la Operación Pokémon confiscaron en febrero de 2013 en el domicilio de Joaquín Fernández, entonces vicesecretario de Comunicación del PP de Asturias, no había solo listas de las comidas y viajes que la empresa de aguas Aquagest, filial del grupo Agbar, repartió presuntamente entre dirigentes de este partido. En un lápiz de memoria los agentes hallaron un documento con un curioso título: “Informe Comercial. Situación Municipal Partido Popular de Asturias”. Fechado el 19 de octubre de 2010, el escrito que atesoraba el presunto conseguidor de la trama señalaba nueve ayuntamientos de esta comunidad en los que se esperaba “un cambio hacia el PP” en las elecciones municipales de mayo de 2011 y los nombres de cargos populares con los que Aquagest debía “estrechar lazos” para lograr privatizaciones o prórrogas de contratos públicos. De algunos de estos políticos se dice en nombre de Aquagest que son “activos colaboradores” de la empresa desde su “privilegiada posición”.

El documento, sobre el que el grupo Agbar ha declinado hacer comentarios, analiza la situación de la gestión del agua en cada uno de estos ayuntamientos (Avilés, Colunga, Nava, Navia, Parres, Pravia, Tineo, Siero y Vegadeo), si existe contrato con Aquagest que precise renovación o si, en caso de que el servicio sea prestado por una empresa municipal, circulan planes o incluso “rumores” de que será privatizada. Y destaca para cada localidad el nombre de un político local del PP, ya sea el candidato a la alcaldía, un concejal o un responsable local del partido. Según consta en el sumario judicial, los investigadores de la Operación Pokémon han hallado indicios de maniobras para amañar privatizaciones de la compañía pública de aguas en al menos tres de estos municipios: Siero, Pravia y Nava.

Al municipio asturiano de Siero, una localidad con más de 50.000 habitantes y un servicio municipal de aguas, el informe empresarial –que no está firmado ni posee ningún membrete- lo califica como “de máxima importancia estratégicamente hablando” para el negocio de Aquagest. “Es esencial estrechar lazos con los integrantes del PP de cara a preparar una posible privatización en 2012”, se añade en el documento. Aunque tras las elecciones de 2011 se formó un gobierno local socialista, en 2012 una moción de censura aupó a la alcaldía a un regidor de Foro Asturias que contó con el apoyo de varios ediles del PP. Ese ejecutivo impulsó efectivamente la privatización del agua y los agentes grabaron conversaciones de Joaquín Fernández con miembros de ese gobierno. Los agentes sostienen que Fernández, a quien los investigadores consideran un supuesto conseguidor de la trama, “negoció” la externalización del servicio de aguas de Siero “a favor del Grupo Agbar”, según un informe policial incluido en el sumario.

Los investigadores explican incluso la supuesta “fórmula” que pretendía utilizar el ex vicesecretario de Comunicación del PP asturiano, que estaba a sueldo de Aquagest, para lograr la ansiada privatización, la misma estrategia que según Vigilancia Aduanera “ha utilizado en otros ayuntamientos”. Consistía, detalla Aduanas, en que el gobierno municipal de Siero contratase una asistencia técnica a una ingeniería “para la elaboración de un informe sobre lo beneficioso de la externalización”, una compañía que luego sería la encargada también de redactar el pliego de condiciones del concurso que “respondería a los intereses” de Agbar. Estos contactos, que Aduanas grabó en enero de 2013, se frustraron con la detención de Fernández un mes después.

En Pravia (8.800 habitantes), el gobierno socialista salido de las urnas también impulsó en 2012 la privatización del servicio municipal de aguas pese a los reparos del interventor municipal. Según los pinchazos telefónicos, señalan los agentes en un informe policial, también irrumpió en el proceso quien es considerado por Aduanas el hombre de Aquagest en el PP, Joaquín Fernández, quien pretendía supuestamente colocar a una “ingeniería afín” en el Ayuntamiento para que redactase un informe alabando las ventajas de abandonar la gestión pública del servicio. Los investigadores que dirige la juez de Lugo Pilar de Lara destacan que esta medida no se llegó a materializar gracias a la “presión vecinal”.

Vigilancia Aduanera también ha hallado indicios de maniobras para amañar la privatización del servicio de aguas en Nava (5.500 habitantes). Los agentes sostienen que Fernández acordó la elaboración de un informe para “favorecer” presuntamente “la futura concesión” del contrato a Aquagest. Los pinchazos telefónicos captaron incluso cómo un abogado de la empresa proponía encargarle el trabajo a una ingeniería “que nunca hubiese participado en procesos donde Aquagest hubiese sido adjudicatario”, supuestamente para despistar.

Los investigadores de la macrocausa Pokémon, que acumula un centenar de imputados, sostienen en sus informes policiales que Aquagest replicó en Galicia la fórmula de contratar a un dirigente con peso en el PP para lograr contratos en las Administraciones públicas controladas por este partido, una labor que los imputados denominan “abrelatas”. En 2012 la empresa de aguas ficha en Santiago de Compostela al popular Ángel Espadas, para hacer lo mismo que Joaquín Fernández en Asturias, dicen sus responsables en las grabaciones policiales. “Le vamos a hacer una especie de contrato de freelance para que nos haga de abrelatas”, anuncia sobre Espadas en un pinchazo el entonces delegado de Aquagest para la Zona Noroeste, Henry Laíño, imputado por varios presuntos delitos. Cuando su interlocutor le advierte de que “esto se va a acabar sabiendo”, él le responde: “Hombre, si no se sabe que tenemos en Asturias contratado hace dos años al vicepresidente de Comunicación del PP…”.