Forcadell será suspendida si el Parlament desoye al Constitucional
La presidenta de la Cámara catalana será el primer objetivo de la actuación del Gobierno frente al desafío independentista
Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, será responsable directa de posibles incumplimientos de las resoluciones judiciales sobre la declaración independentista que será aprobada el próximo lunes por la Cámara de Cataluña.
El Gobierno cambió en octubre la ley del Tribunal Constitucional para establecer un procedimiento por el que un alto cargo reciba la notificación de la suspensión por parte del tribunal de una decisión recurrida. Forcadell será la destinataria de la notificación y ella asumirá la responsabilidad, que puede acabar en que sea apartada de su cargo por el propio Constitucional. El Gobierno hará que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, asuma toda la responsabilidad legal de cualquier posible incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, según fuentes del Ejecutivo.
Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a Forcadell, de que debe sentirse concernida "sin ninguna duda" como el objetivo prioritario de cualquier actuación del Ejecutivo, "tanto por la vía política como por la jurídica", si a partir del próximo lunes es aprobada en esa Cámara la resolución independentista y se toma alguna decisión contra las órdenes y los mandatos del Tribunal Constitucional.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta apuntó así, directamente por primera vez, contra un alto cargo concreto, en este caso del Parlamento catalán, porque entiende que si Forcadell permite y respalda esa votación "dejará de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara, y debe proteger a la totalidad".
Reforma legal
En previsión de esa situación, en la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional estableció un procedimiento específico para que un alto cargo asuma directamente la responsabilidad por el posible incumplimiento de sus resoluciones. Para ello, una vez que el Gobierno impugne la próxima semana la resolución y el Tribunal Constitucional acepte el recurso y ordene la suspensión, ese acto será notificado directa y personalmente a Forcadell.
La reforma legal asegura que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva" y añade que "en particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario".
Los próximos pasos sobre el soberanismo
El lunes, el pleno del Parlamento de Cataluña iniciará a las 10 de la mañana el debate y votación de la resolución independentista.
El martes el Gobierno pedirá un informe urgente al Consejo de Estado, previo y preceptivo para poder impugnar la resolución.
El Constitucional examinará en los siguientes días el recurso y con toda seguridad lo admitirá a trámite, lo que supone la inmediata suspensión.
El tribunal notificará a Forcadell la suspensión por cinco meses de la resolución. En ese plazo examinará el fondo y si da la razón al Gobierno anulará la resolución.
En este caso, el Gobierno interesará al tribunal para que la presidenta del Parlamento catalán sea requerida personalmente para que cumpla la suspensión. A partir de ese momento, no podrá actuar de ninguna manera en cumplimiento de la resolución independentista. No podrá tomar ninguna decisión que emane de la resolución impugnada.
A continuación, el Gobierno dará órdenes a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que vigile cualquier posible incumplimiento de la suspensión ordenada por el Constitucional.
La ley modificada por el PP en las Cortes asegura que "en caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto".
En ese caso, la Delegación del Gobierno lo comunicará al Gobierno central que como parte en el proceso, a su vez, se dirigirá al Tribunal Constitucional para que actúe.
El Tribunal podrá actuar entonces contra la presidenta del Parlamento catalán. O si fuera el presidente de la Generalitat o un conseller el que incumpliera la suspensión, sería contra ellos.
Multa o suspensión
El Tribunal Constitucional podría entonces suspender temporalmente a ese cargo público o imponerle una multa de 3.000 a 30.000 euros, según si el incumplimiento fuera total o parcial.
La ley habla de "imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado. Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal".
Se incluye una previsión legal para que se requiera al Gobierno para que actúe para lograr "la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales". La ley explica que "en este caso, el tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la nación a fin de que, en los términos fijados por el tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones" y "deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
