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El Supremo ve indicios para implicar en Gürtel a la exalcaldesa de Jerez

El alto tribunal abre causa contra la senadora del PP por prevaricación en Fitur

La exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Ampliar foto
La exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo.

El Tribunal Supremo investigará a la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para FITUR 2004, incluido en el sumario del caso Gürtel. El alto tribunal ha abierto este jueves causa contra la senadora después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la trama de corrupción vinculada al PP, enviara el pasado 15 de junio una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de la investigación dada la condición de aforada de García Pelayo.

A principios de septiembre, el PP decidió blindar a su senadora ante la próxima disolución de las Cortes una vez que se convoquen las elecciones generales y la inscribió en la Diputación Permanente del Senado, lo que propiciará que García Pelayo conserve el acta y el fuero hasta que se conforme el nuevo Senado.

El instructor de la causa en el Supremo será el magistrado Antonio del Moral. Según la exposición razonada dictada este jueves, la Sala de lo Penal comparte “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor el juez De la Mata. La Fiscalía también se pronunció este martes a favor de investigar a la senadora. El Supremo ha asumido solo la competencia sobre García Pelayo y no sobre el resto de personas incluidas en la exposición razonada, entre ellos los cabecillas de Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo.

El auto, cuyo ponente es el magistrado Luciano Varela, destaca que la “detallada y bien articulada” exposición imputa a la senadora del PP la consciente adopción de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en FITUR 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello

El Tribunal Supremo investigará a la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para FITUR 2004 y que se incluyen en el sumario del caso Gürtel. El alto tribunal ha abierto este jueves causa contra la senadora después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata , que instruye la trama de corrupción vinculada al PP, enviara el pasado 15 de junio una exposición razonada al Supremo para que se hiciera cargo de la investigación dada la condición de aforada de García Pelayo.

A principios de septiembre, el PP decidió blindar a su senadora ante la próxima disolución de las Cortes una vez que se convoquen las elecciones generales y la inscribió en la Diputación Permanente del Senado, lo que propiciará que García Pelayo conserve el acta y el fuero hasta que se conforme el nuevo Senado.

El instructor de la causa en el Supremo será el magistrado Antonio del Moral. Según la exposición razonada dictada este jueves, la Sala de lo Penal comparte “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor el juez De la Mata. La Fiscalía también se pronunció este martes a favor de investigar a la senadora. El Supremo ha asumido solo la competencia sobre García Pelayo y no sobre el resto de personas incluidas en la exposición razonada, entre ellos los cabecillas de Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo.

El auto, cuyo ponente es el magistrado Luciano Varela, destaca que la “detallada y bien articulada” exposición imputa a la senadora del PP la consciente adopción de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en FITUR 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

De la prolija enumeración de documentos aportados, según la Sala, pueden deducirse varios indicios de delito que atañen a García Pelayo, como la “incompetencia orgánica de quien dicta las resoluciones, la modalidad contractual ilícita con exclusión de competencia frente a los adjudicatarios, la constatación de que esos adjudicatarios ya habían pactado con terceros incluso antes de adquirir tal condición y el postergamiento en el tiempo de la elaboración de los documentos y el conocimiento presumible de que toda la simulación procedimental se construyó después de la ejecución de los servicios contratados”.

La Sala de Admisión del Supremo aprovecha su escrito reiterar los perjuicios que causan los “llamados macroprocesos" frente al criterio de conexidad que invocaba el instructor para investigar en la misma pieza a la aforada y a los que no lo son. En este sentido, argumenta que esa conexión debe ponderarse para evitar los macroprocesos, "cuando las pretendidas ventajas de dicha acumulación son de relevancia muy inferior a la de los perjuicios que conlleva".

Entre los perjuicios de los macroprocesos, el tribunal señala las dilaciones, la disparatada prolongación de las sesiones de juicio oral, con separaciones en el tiempo de pruebas que versan sobre hechos diversos y que en la flaqueza de la humana memoria se pueden traducir en un debilitamiento de los deseables beneficios de la inmediación. En el presente caso, el auto recuerda que el delito de prevaricación que se atribuye a la aforada es un delito especial propio cuya imputación difiere de lo que se pueda imputar a los no aforados. Y respecto al otro delito, el de falsedad, también se puede investigar por separado.