CAMBIOS EN EL PP

El PP se desangra en las urnas tras un calvario judicial de seis años

El partido de Rajoy pasa de la euforia de 2011 a la depresión de 2015 tras sufrir serias derrotas en los tribunales y fracasos sonados en las tres últimas elecciones

Rajoy, acompañado por dirigentes del PP, algunos de ellos imputados o implicados en el caso Gürtel, en febrero de 2009.
Rajoy, acompañado por dirigentes del PP, algunos de ellos imputados o implicados en el caso Gürtel, en febrero de 2009.Cristobal Manuel

El PP se ha despeñado en las urnas algunos años después de que comenzara su descalabro en los juzgados. Ha pasado de atesorar un poder institucional casi absoluto (noviembre de 2011) a perder el gobierno de decenas de grandes ciudades y de siete de las 11 autonomías donde mandaba con mayoría absoluta (junio de 2015). El PP ha recorrido en apenas cuatro años el camino que va de la euforia a la depresión; de la confianza absoluta en sus líderes a la desconfianza general. 

El estallido en febrero de 2009 del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción conocida en la reciente etapa democrática, ha puesto fuera de juego a decenas de dirigentes y cargos públicos del PP. Los indicios delictivos destapados por la investigación judicial acabaron con la carrera política de un presidente autonómico, dos parlamentarios nacionales, varios consejeros regionales, directores generales, alcaldes y concejales.

La marca de la formación conservadora ha sufrido durante este tiempo el mayor deterioro de sus 25 años de historia. Lo que Mariano Rajoy denominó hace seis años una "trama contra el PP" ha resultado ser un red de corrupción que colonizó el PP, según los jueces que han investigado los hechos y procesado a los supuestos culpables.

Rajoy (febrero 2009): "No hemos recibido ni un euro de Gürtel"

Unos días después de que el juez Baltasar Garzón ordenara detenciones y registros en relación con la trama corrupta Gürtel, vinculada al Partido Popular, Mariano Rajoy convocó a su comité ejecutivo y compareció ante los periodistas para hacer una declaración de inocencia que la investigación judicial pone en duda.

Arropado por los principales dirigentes del partido, Rajoy se defendió así: "El Partido Popular nada tiene que ver con las actuaciones ilegales de los detenidos si las hubiere. Quiero afirmar, y el comité ejecutivo también, la honorabilidad de nuestro partido. Y si algún militante del partido hubiera hecho algo reprochable quiero decirles a ustedes que actuaremos  con toda la contundencia, y así le he dado instrucciones al presidente del comité nacional de derechos y de garantías. Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta. Ni yo, ni el comité ejecutivo que presido, de ninguna de las maneras va a aceptar que se juegue con el honor  de millones y millones de españoles. Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad, todas, sin excepción, figuran en el tribunal de cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno y quiero dejar claro también que este partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa".

Los autos de apertura de juicio oral del caso Gürtel (primera fase) y del caso Bárcenas (caja b del PP) contradicen a Rajoy. El PP, según la exposición de hechos que firman dos jueces distintos (Pablo Ruz y José de la Mata), está implicado en la causa como beneficiario a título lucrativo de los regalos de la red corrupta de servicios gratuitos para la organización de mítines en distintos municipios. Además, la contratación de las obras de reforma de la sede nacional del PP se hizo de manera irregular, pagando una parte importante de los trabajos por 1,7 millones de euros procedentes de la caja b y no declarados al fisco.

Las empresas de Francisco Correa comenzaron organizando los viajes de dirigentes del PP, siguieron encargándose de todos los mítines de José María Aznar, y acabaron recibiendo cientos de contratos amañados por decenas de millones de euros de administraciones gobernadas por el PP. Este lucrativo negocio, que Correa alimentaba con regalos y comisiones ilegales para los cargos populares, permitió también a la trama corrupta intermediar en operaciones urbanísticas con plusvalías millonarias en ayuntamientos donde mandaba el PP.

La cúpula del PP, con Federico Trillo de ariete, quiso convertir el escándalo en un caso de corrupción judicial y atacó la instrucción de Baltasar Garzón, que acabó expulsado de la carrera tras ser condenado en el Supremo por prevaricación al grabar conversaciones en la cárcel de los abogados con los cabecillas de la red corrupta.Pero el proceso avanzó en los juzgados con otros instructores y acabó siendo uno de los casos más graves de corrupción política e institucional conocido en España.

El escándalo estalló en febrero de 2009. Durante los dos años siguientes, el PP sufrió el incesante goteo de resoluciones judiciales que pusieron bajo sospecha a varios gobiernos autonómicos, a una decena de grandes ayuntamientos y al corazón financiero del propio partido. Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP nombrado por Rajoy en 2008, fue imputado cuatro meses después de que estallara el escándalo, Dos ex tesoreros más, Álvaro Lapuerta y Ängel Sanchis, también están imputados y amenazados de cárcel.

Pese al desgaste en los juzgados, el PP y Rajoy lograron en 2011 -elecciones municipales y autonómicas en mayo; elecciones generales en noviembre- el mayor éxito electoral de su historia. Gobernaba en 11 autonomías con mayoría absoluta y en más de 3.000 ayuntamientos. Rajoy consiguió, al tercer intento, una victoria apabullante que le convertía en presidente del Gobierno con una mayoría absoluta clara en el Congreso de los Diputados. Una situación política perfecto para gestionar un país al borde de la quiebra.

Las corruptelas que investigaban los juzgados y las decenas de imputados del PP por esta causa apenas habían tenido consecuencias en las urnas. El caso más emblemático del escaso efecto de la corrupción sobre los votantes fue la Comunidad Valenciana. Con el entonces presidente y candidato Francisco Camps a las puertas del banquillo de los acusados, el PP ganó las elecciones en esa comunidad por mayoría absoluta. Sólo unos meses después, Camps dimitió para ser juzgado por cohecho. Un jurado le consideró "no culpable" por cinco votos a cuatro. Era la primera gran víctima política de un escándalo de corrupción que no había conseguido dañar al PP en las urnas.

La gestión de la crisis económica que aplastó al PSOE en las elecciones generales de 2011 había llevado en volandas a Mariano Rajoy y a su partido, pese a que ya andaba empantanado en diversas causas judiciales por grave corrupción abiertas en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de Madrid, Valencia y Castilla y León.

Los dos primeros años de Gobierno de Mariano Rajoy fueron especialmente dolorosos. Los recortes sociales para reducir el déficit y las reformas legales para abaratar el despido o aumentar los impuestos desencadenaron numerosas protestas en la calle. El malestar ciudadano, incluso entre los votantes del PP, creció sin parar en ese tiempo. Cuando Rajoy comenzaba a respirar aliviado y la crisis parecía haber tocado fondo, la instrucción de las causas abiertas en los juzgados por la corrupción del PP volvieron a golpear la imagen del partido y el prestigio de sus líderes.

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel desde el descabezamiento de Baltasar Garzón, recibió en las navidades de 2012 los datos bancarios sobre una cuenta abierta por Bárcenas en Suiza con más de 20 millones de euros no declarados al fisco español. El PP entró en una nueva pesadilla. A esas alturas del caso Gürtel, Bárcenas seguía imputado y disfrutaba de una situación laboral idílica en el partido por decisión de Mariano Rajoy. Cobraba una nómina de 200.000 euros al año, la más alta de todo el partido, y aunque tenía despacho, secretaría y chófer, no hacía nada.

EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013, unos días después de conocida la fortuna suiza de Bárcenas, la contabilidad manuscrita que el extesorero llevaba de una caja b ilegal que funcionó en el PP desde 1990 hasta, al menos, 2009, donde finalizaban los apuntes. Esa contabilidad registraba el cobro de donaciones ilegales (ocho millones de euros en 19 años) de algunas de las principales constructoras del país, y el pago de sobresueldos opacos al fisco a toda la cúpula del partido durante aquel tiempo.

A raíz de esa publicación, Bárcenas perdió su privilegio laboral y su nómina, y entabló un litigio en los tribunales con el partido que le había despedido. Mientras, su situación judicial se agravaba y el juez Pablo Ruz decretaba su ingreso en prisión en junio de 2013. Aquellos meses pusieron a Rajoy contra las cuerdas por su apoyo al corrupto Bárcenas, incluso a través de mensajes telefónicos publicados por El Mundo donde el presidente animaba al tesorero que le había controlado la caja b del partido ("Aguanta, sé fuerte").

El PP reaccionó a la publicación de los papeles negando los hechos, acusando al periódico EL PAÍS de publicar noticias falsas y querellándose contra el extesorero por injurias y calumnias. El juez Pablo Ruz abrió una pieza separada del caso Gürtel para investigar los papeles de Bárcenas. La investigación acreditó la veracidad de esa contabilidad paralela con pruebas caligráficas y el testimonio de muchos de los beneficiados por los pagos del extesorero con los fondos de la caja b.

La instrucción del caso Gürtel (primera fase) y del caso Bárcenas (la caja b del PP) ya ha concluido. Las conclusiones de jueces y fiscales que han participado en el procedimiento no pueden ser más negativas para la formación conservadora: la corrupción anidó en el PP con la trama Gürtel y el partido se financió ilegalmente durante al menos 20 años con una caja b que controló Bárcenas. El banquillo de los acusados espera al partido de Rajoy, temeroso de perder en su mayor empeño - las elecciones generales que se celebrarán dentro de unos meses - el último gran poder que atesora.

Agosto de 2013: "Me equivoqué, lo lamento, pero fue así"

Acorralado por las informaciones que sugerían la complicidad de Mariano Rajoy con el tesorero corrupto, Luis Bárcenas, el presidente del Gobierno compareció a petición propia en el Congreso (aunque la sesión se celebró en el Senado) el 1 de agosto de 2013. Su particular forma de pedir perdón fue esta: “Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Esta es una historia que comenzó hace más de cuatro años, a principios de 2009, cuando un buen día nos enteramos que al tesorero del Partido Popular lo habían imputado por el llamado caso Gurtel. Creí en la inocencia de esa persona, como creería en la inocencia de cualquier de ustedes que se encontraran en un trance semejante mientras que los hechos no desvirtuaran esa presunción. Bajo el Gobierno anterior se archivó la causa [contra Bárcenas], y bajo este gobierno se le volvió a imputar”.

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