El Congreso languidece en el final de la legislatura

El tópico político habla siempre de convertir el Parlamento en el centro de la política nacional, pero la realidad de este final de legislatura es que el Congreso languidece. Las Cortes son víctimas de la mayoría absoluta y de la inercia del final del mandato. A estos factores se suma un fenómeno extraordinario: la política tiene como actores principales a partidos que no están aún representados en el Congreso.

Este martes la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces llegarán al récord de 30 peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar sobre corrupción. Como todas las semanas, todas ellas serán rechazadas.

En junio, el último mes de periodo ordinario de sesiones de la legislatura, el PP frenará con su mayoría absoluta las peticiones de todos los demás grupos. Estas iniciativas se registraron cuando el anterior instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, apuntaba en sus autos a la financiación irregular del PP.

Los conservadores han congelado asuntos polémicos como las denuncias a varios de sus diputados sobre actividades al margen de su condición de parlamentarios. Primero frenaron las peticiones de la oposición, luego tramitaron sin prisa las convocatorias de la Comisión del Estatuto del Diputado para dejar pasar las elecciones y, finalmente, imponen su criterio de que la Cámara no puede investigar. Igual ha hecho el PP con la tramitación de asuntos que le pueden incomodar, como la reforma limitada de la ley del aborto. Esta será vista en Comisión y no en pleno y, además, ha sido congelada a la espera de que pasaran las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo.

El Gobierno ya no quiere polémicas públicas en el Congreso y pretende que solo sirva ya para tramitar iniciativas legislaturas pendientes, sin que haya más tiempo para enviar textos nuevos. Quedan por aprobar media docena de iniciativas para las que el Ejecutivo tiene intención de habilitar los meses de julio y agosto y para que haya un pleno cada uno de esos meses y poder sacar adelante las leyes que, en caso contrario, decaerían.

Leyes atascadas

En esta décima legislatura, el Gobierno ha hecho uso frecuente del decreto como forma de legislar. Esta tónica se acentúa en este final de mandato en asuntos como, por ejemplo, la reciente reforma de la ley del cine o la ley de segunda oportunidad. Las principales normas que quedan por tramitar son dos de Justicia: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la del Poder Judicial y la que permitirá que se hagan públicos los nombres de los defraudadores fiscales, que salió este mismo viernes del Consejo de Ministros. Su aprobación es el único objetivo del Gobierno ya en el Congreso por falta de tiempo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque es una reforma parcial, es la de más calado de cuantas restan. Está ya en fase de enmiendas para que en verano vaya al Senado, y supone limitar el tiempo de instrucción judicial, algo que, por el momento, rechazan todos los grupos parlamentarios. La voluntad es que las Cortes solo celebren algún pleno en septiembre para que las elecciones generales sean ya en noviembre, coincidiendo con el cuarto aniversario de las elecciones generales. No habrá debate de Presupuestos en otoño.

El otro factor que lleva a las Cortes a languidecer es la irrupción de partidos como Podemos y Ciudadanos con buenos resultados electorales en europeas y municipales y autonómicas pero fuera del Parlamento. En función de la premura con que se constituyan los Parlamentos regionales, en julio podría producirse la llegada de los primeros senadores de Podemos y Ciudadanos si es que en alguna comunidad se designa a alguno de estos partidos en las asambleas autonómicas.