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La repetición de elecciones acecha a las autonomías como en Andalucía

Solo Castilla-La Mancha no contempla el adelanto electoral en caso de bloqueo

La repetición de elecciones acecha a las autonomías como en Andalucía
Díaz saluda a un simpatizante en Alcaudete (Jaén). EFE

El bloqueo político en Andalucía y la sombra de unas nuevas elecciones pueden ser el anticipo de lo que ocurra en muchas comunidades autónomas a partir del 24 de mayo si no hay acuerdos políticos para apoyar o dejar pasar a un candidato. Trece de las 17 comunidades autónomas renuevan sus parlamentos y las encuestas publicadas dibujan un escenario muy similar al andaluz, ya que no otorgan la mayoría absoluta a ningún partido, salvo al PP en Castilla y León.

Los Estatutos de Autonomía de 16 de las 17 comunidades autónomas -todos salvo Castilla-La Mancha- establecen que si en dos meses desde celebrada la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la confianza de la Cámara se deben celebrar nuevas elecciones. Así lo prevé la Constitución española para la elección del presidente del Gobierno. “Imagínense cómo se puede poner España”, recordó ayer la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, en una entrevista en la SER. Esta volvió a apelar a la responsabilidad de todas las formaciones para dejarla gobernar, después de cosechar por tres veces el rechazo mayoritario de la Cámara a su investidura.

En primera votación, los candidatos deben obtener mayoría absoluta, y simple a partir de la segunda y sucesivas. Dos meses (tres en el caso de Navarra) es el tiempo máximo previsto en las normas autonómicas para que el Parlamento otorgue su apoyo. Si no, se debe convocar elecciones de nuevo. Solo la política de alianzas conjuraría este panorama tan insólito como posible, si cada partido permanece en una esquina del cuadrilátero político con los brazos bajados. Las proyecciones electorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no solo certifican el fin de las mayorías absolutas sino la entrada de nuevos actores como Podemos y Ciudadanos, de cuyo apoyo o abstención dependerá el color de muchos ejecutivos.

Solo una comunidad está blindada por completo de la eventualidad de una repetición de las elecciones, Castilla-La Mancha. Su Estatuto contempla una salida política, de la que abjuran los constitucionalistas consultados: “Quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga mayor número de escaños” si en el plazo de dos meses ningún aspirante logra obtener la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

Esta previsión también figuraba en el primer Estatuto de Andalucía —y aún permanece en el Reglamento del Parlamento— hasta su reforma en 2007, cuando la norma se adaptó a lo que recoge la Constitución para la elección del presidente del Gobierno. Díaz ha recordado insistentemente estos días ese artículo eliminado y ha pedido a los grupos que “no se aprovechen del subterfugio de la ley” para ganar tiempo hasta las elecciones locales y autonómicas.

Los juristas critican el automatismo en la elección de un presidente. “Ese precepto es una barbaridad, es anticonstitucional porque sobre el régimen parlamentario descansa la legitimación parlamentaria directa, mientras que la del Gobierno es indirecta”, asegura el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo. De igual modo, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, sostiene que la designación automática de un presidente es contraria al artículo 152.1 de la Constitución que “dice expresamente que el presidente es elegido por la asamblea”. Para este constitucionalista, es “aberrante” designar a un presidente expresamente rechazado por el Parlamento.

En el caso de Asturias, también hay una salida política para evitar la repetición de las elecciones. Su Estatuto obliga a convocar comicios si en el plazo máximo de dos meses no hay presidente, pero el Reglamento de la Junta General del Principado no permite el sufragio en contra de los aspirantes en las votaciones de investidura, por lo que el candidato más votado obtiene la confianza. Así ocurrió en julio de 2011 cuando Francisco Álvarez-Cascos resultó elegido presidente con el apoyo de 16 de los 45 diputados.

En el País Vasco, donde no se celebran elecciones el próximo día 24, dos candidatos se pueden presentar a la elección por el Parlamento y en ese caso solo se contempla el voto a favor o la abstención.

 

La incierta llave de Ciudadanos

Ciudadanos, un partido prácticamente desconocido hace apenas un año, tendrá la llave de la gobernabilidad en la mayoría de las 13 comunidades que celebran elecciones el 24-M, si se cumplen los resultados del último CIS.

La formación de Albert Rivera será determinante en Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón. En estas autonomías las encuestas prevén que el PP sea el partido con más escaños. Sin embargo, para lograr la investidura de sus candidatos no les bastará con que Ciudadanos se abstenga, sino que necesitarán su voto favorable, es decir, su apoyo expreso y activo. De no obtenerlo, un hipotético bloque de izquierdas que presentase una candidatura alternativa podría hacerse con la presidencia -siempre que Ciudadanos también se abstuviera e esa votación-, pues sumaría más votos que el PP. Solo en una región no se daría ese extremo:  Castilla-La Mancha, cuyo Estatuto de autonomía prevé que, pasados dos meses sin acuerdo, sea presidente el candidato del partido con más escaños.

En Murcia y La Rioja, las regiones en las que el CIS otorga mayorías holgadas —aunque no absolutas— al PP, la formación conservadora necesita la abstención de Ciudadanos.

El PSOE figura como partido más votado en Extremadura y Asturias. En la primera de ellas, para formar gobierno, la formación de Pedro Sánchez necesita, como mínimo la abstención conjunta de Ciudadanos y Podemos. En Asturias, el PSOE requeriría la abstención del partido de Pablo Iglesias y también la de IU.

La situación es imprevisible, de acuerdo con el CIS, en Navarra —con una cámara muy fragmentada— y Cantabria y Baleares, donde un puñado de votos puede dar el poder a un tripartito formado por PSOE, Podemos y regionalistas. En Canarias, Coalición Canaria podrá apoyarse como hasta ahora en el PP o en el PSOE.

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