El alcalde de Valladolid culpa a ediles y técnicos para evitar su condena

De la Riva asegura que ordenó a su concejal restituir la legalidad en el edificio donde vive

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, en el juicio.Nacho Gallego (Efe) | atlas (atlas)

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha defendido en la mañana de este lunes que “siempre” pidió “a la concejala de Urbanismo” que ejecutara "de forma inmediata" la sentencia que obligaba a la institución a devolver a su estado original el edificio donde vive el regidor —cuyos trasteros fueron transformados en ático de forma ilegal— y responsabilizó a los técnicos de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Valladolid.

El regidor vallisoletano, procesado en el Juzgado de lo Penal número dos de su ciudad, se defendió así durante la vista oral que se sigue contra él por supuesta desobediencia, tras retrasarse durante más de cuatro años la ejecución de una sentencia por el caso de los áticos.

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A lo largo de la declaración de De la Riva, que duró 80 minutos, el alcalde y candidato a la reelección por el PP insistió, cada vez que pudo, en que todo lo que hizo se basó en las propuestas “de los técnicos”. En una palabra, testificó que él “firmaba” decretos. Y que solo cuando los tribunales le advirtieron que podía incurrir en responsabilidad penal “pidió a la concejal de Urbanismo que ejecutara [la sentencia] y de forma inmediata”.

Al concluir el juicio, De la Riva fue más allá ante los medios de comunicación. Aseguró que este procedimiento judicial lo inició “un fiscal de Madrid que había dado una conferencia a la Asociación que denunció la desobediencia”, en referencia al representante del ministerio público Antonio Vercher.

En un sinfín de ocasiones, el alcalde de Valladolid aludió a su “falta de conocimientos legales” y para justificarlo se presentó como “ginecólogo de profesión”, pese a que —como tuvo que admitir a preguntas de la acusación particular— lleva 20 años como alcalde, otros cuatro como concejal y cuatro más como consejero de Educación de la Junta de Castilla y León.

“Si me abstengo es porque me lo dicen los asesores jurídicos”,  “si firmo un decreto para la adjudicación de las obras, es porque así me lo proponen”, insistió una y otra vez. Y como conclusión aseguró: “Quizá soy muy torpe para llevar 20 años en la administración y no interpretar el derecho administrativo”.

De pie, con traje gris marengo, camisa blanca y corbata a rayas grises, respondió a todas las preguntas de la fiscal que trataban de aclarar el tiempo que tardó el Ayuntamiento en ejecutar la sentencia e insistió en la idea de que “debería responder la responsable de Urbanismo”, o los motivos por los que se salió de las reuniones de la Junta de Gobierno municipal cuando se trataron las peticiones del Juzgado para que se ejecutara su sentencia. Repitió hasta en tres ocasiones las razones de su abstención: “Quienes me asesoraban en Derecho así me lo dijeron”.

Durante la hora larga que duró su declaración, De la Riva intentó despejar responsabilidades, aludiendo, incluso, a la “complejidad” de ejecutar la sentencia que afectaba a “un edificio de 1945, del que ni siquiera había planos”.

El abogado de la acusación popular dijo que León de la Riva tenía "interés" en "no cumplir la sentencia"

En 2009, 2010, 2011 y 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó diferentes autos requiriendo al alcalde de Valladolid para que, "bajo su persona y directa responsabilidad" y con la advertencia de que podía incurrir en responsabilidad penal, llevase a cabo las obras y cumpliese con la sentencia.

"En ese momento llamé al secretario general y a la concejal de Urbanismo para que se procediera de inmediato” a la ejecución de la sentencia, “fue en ese momento cuando firmé el decreto”, relató en el juicio de este lunes.

Los momentos más tensos de la declaración de León de la Riva surgieron ante algunas preguntas del abogado de la acusación popular. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid llegó a exigir al alcalde que respondiera con corrección. “Yo no hago distribución del trabajo. No se empeñe, no distribuyo trabajo. No sé cómo quiere que se lo diga. Llevo 7 veces explicándoselo”, insistió el regidor a las preguntas de la acusación popular.

Con su futuro político en juego, Javier De la Riva, que entró en el edificio de los Juzgados de Valladolid por una puerta lateral, insistió en que preguntó "siempre" a la concejal de Urbanismo cómo iba el tema, "ya que las sentencias hay que cumplirlas”. Según su relato, esa era su “obligación” y su “decisión”, que transmitió a sus subordinados.

Los hechos que ahora se juzgan se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró ilegal la rehabilitación de un edificio de Valladolid, en la céntrica plaza de Zorrilla, donde el alcalde tiene su piso, y obligó a restituir a su estado original, entre otros elementos, unos trasteros convertidos en áticos. El fallo no se se cumplió hasta 2014, cinco años después de la orden del juez y tras cinco requerimientos al regidor para que lo hiciera.

La fiscal hizo hincapié en que la mujer del alcalde pidió que no se ejecutara la sentencia

La fiscalía pidió una pena de 15 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros por un delito de desobediencia. Por su parte, la acusación popular, que la ejerce la Asociación de vecinos Antonio Machado, exigió dos años de inhabilitación y 90.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia.

En la lectura de las conclusiones definitivas, la fiscal hizo hincapié en que la propia mujer del alcalde llegó a pedir que no se ejecutara la sentencia —León de la Riva dijo “desconocerlo” y alegó que su esposa es mayor de edad—. La representante del ministerio público defendió que en este caso hubo “voluntad contraria al cumplimiento de la sentencia”.

Más duro fue el abogado de la acusación popular, quien dijo que León de la Riva tenía “interés” en “no cumplir la sentencia”, porque su vivienda estaba un piso debajo de los áticos declarados ilegales. “Tiene interés en que no se ejecute, pero no es tan torpe como para firmar un decreto que lo diga claramente”, añadió el letrado.

El letrado que ejerció la defensa del alcalde lanzó críticas a la la acusación e incluso aludió a un "juicio político". “Si el alcalde se abstiene de participar en la Junta de Gobierno sobre las irregularidades del edificio, mal; y si no lo hubiera hecho, quizá se hablaría de otro delito”, agregó.

En su último alegato, de pie, al concluir el juicio se preguntó: “¿Qué gano yo con que no se haya ejecutado la sentencia en tiempo y forma?”.

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