El golpe de los ERE altera la carrera de Pedro Sánchez y Susana Díaz
Los socialistas buscan una estrategia tras la citación judicial a Griñán y Chaves
La citación como imputados por parte del Tribunal Supremo de dos expresidentes socialistas y de la Junta de Andalucía —además de otros tres parlamentarios— ha provocado un maremoto dentro del PSOE. Ahora buscan una salida. Aunque las razones que esgrimen los barones territoriales y los candidatos autonómicos y municipales para considerar letal este zarpazo son de distinta índole, sí coinciden en que perjudica de manera muy profunda tanto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
A pesar de sus distantes relaciones, los dos dirigentes harán frente común ante el resto de los grupos políticos que les demandan que obliguen a dimitir a los afectados, a quienes no forzarán si no se les imputa un delito. Pedro Sánchez ha empezado una ronda de conversaciones con los secretarios territoriales para mantener un criterio “único y unívoco” sobre cómo actuar con los imputados, después de la confusión de los primeros momentos.
Llegue o no llegue el momento en el que se produzca alguna imputación con delito a Manuel Chaves o José Antonio Griñan, la gobernante andaluza ve sacudida su campaña electoral a poco más de 30 días de que se celebren las elecciones en su comunidad autónoma. Al tiempo, a una treintena de días de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, Pedro Sánchez tendrá que encajar las declaraciones sucesivas durante casi dos semanas de abril de los expresidentes y de los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.
La adversidad une a Madrid y Sevilla
Si no hay afecto, al menos que sean prácticos y no se perjudiquen el uno al otro. Esta es la sugerencia que se escucha de dirigentes territoriales perfectamente conocedores de la cada vez más distante relación entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Ante el duro contratiempo que supone para ambos tener que lidiar las campañas electorales bajo la espada de los ERE, los secretarios de las federaciones dan por seguro que no tienen otro remedio que, en este caso, caminar juntos. La falta de comunicación es para algunos la causa de que haya habido respuestas diferentes a la pregunta de cuándo un cargo socialista tiene que abandonar sus responsabilidades y dimitir para que otra persona del partido ocupe el puesto. El asunto es tan serio que se da por seguro que ambos mejorarán la relación.
El canal no está roto porque los segundos lo mantienen abierto y, además, sin ningún resquemor personal. César Luena, secretario de Organización del PSOE, y Juan Cornejo, con el mismo cargo en los socialistas andaluces, suplen la ausencia de comunicación de sus números uno. Madrid y Sevilla, aseguran, se unirán para hacer frente común a la ofensiva de sus adversarios por el caso ERE. Ambos tienen la ventaja de la defensa generalizada que en el partido se hace de Chaves y Griñán. Nadie les cree culpables.
El detalle de las fechas (imputaciones antes de las andaluzas y declaraciones antes de las municipales y autonómicas) lo resaltaron este miércoles diferentes candidatos, así como cuadros medios del partido (diputados y senadores), que hacen votos para que Susana Díaz saque un buen resultado y esa sea la carta la presentación de los socialistas para los siguientes comicios.
En esta ocasión no ha habido voces discordantes sobre la cuestión de fondo, ya que es difícil encontrar a un dirigente socialista que pida a los concernidos que entreguen sus actas de parlamentarios en este momento procesal. Sí hay reproche, sin embargo, a los dirigentes socialistas —y en él se incluye tanto a Pedro Sánchez como a Susana Díaz— por “la carrera para ver quién es más pulcro”, más “exigente” o más “rigorista” en la petición de responsabilidades cuando un cargo público esté inmerso en un proceso judicial.
La confusión creada al respecto es lo que más desazón ha provocado en las filas socialistas, que han recibido descalificaciones por mantener ahora, respecto a los imputados, criterios diferentes a los expresados al principio. “Pero si lo tenemos escrito; nada hay que cambiar”, señaló a este periódico el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández. El dirigente asturiano, secretario general de los socialistas de esa federación, se refirió a lo acordado para el Código Ético del PSOE, según el cual un cargo público tendrá que dejar su responsabilidad cuando se le abra juicio oral. En Asturias, antes de la existencia de ese código se ha aplicado esa máxima con la dimisión de un parlamentario.
El líder del PSOE y los barones pactan un criterio único con las imputaciones
No obstante, el criterio posterior se ha endurecido y la entrega de las actas se exige en una fase anterior: el dictado de un auto de imputación con indicios de delito, algo que aún no ha sucedido. “Cuando se produzca una imputación con delito, si es que se produce”, la dirección del PSOE pedirá las actas a los afectados, ha señalado este miércoles el líder socialista en los pasillos del Congreso de los Diputados tras la sesión de control al Gobierno. “El PSOE actuará (...) y, por lo tanto, yo cumpliré con mi palabra”.
Nada ha dicho Sánchez sobre si ha cambiado de posición en este asunto. En realidad, el barullo se ha creado no por lo que está escrito, sino por declaraciones en las que pareció que el líder socialista iba a pedir el acta nada más que fueran llamados a declarar ante el Tribunal Supremo. No es así, señalan en su entorno, aunque esa ha sido la impresión. Por su parte, tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán, han recibido numerosas muestras de apoyo y afecto de parlamentarios y de líderes regionales.
Algunos barones territoriales proponen hacer frente al PP si ataca por los ERE con el caso Bárcenas y, desde luego, no hacer “ningún acercamiento y ningún pacto”. Esta recomendación apasionada de un candidato autonómico se repite entre quienes se examinarán en las urnas el próximo 24 de mayo.
Lesmes: “Esta imputación no significa nada”
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha restado importancia este miércoles a la providencia dictada el martes por ese tribunal en la que se citaba como imputados a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Según Lesmes, esa imputación inicial “no significa nada” porque solo “es un mero trámite que resultaba necesario y obligatorio atendidas las circunstancias”. “No pueden ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado, por lo tanto no significa a día de hoy todavía nada”, afirmó Lesmes durante una visita al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Habrá que esperar, señaló, a que el juez instructor escuche a Griñán y Chaves y tome entonces una decisión.
La dirección del PSOE ha optado también por esperar a que se produzca en abril esa declaración judicial antes de decidir si exige a Griñán (hoy senador) y Chaves (diputado) que renuncien a sus escaños. El secretario general, Pedro Sánchez, ha insistido: “Cuando se produzca esa imputación con delito, si es que se produce, el PSOE actuará”. La única voz discordante entre los socialistas fue la del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recordó que al dirigente madrileño Tomás Gómez se le ha destituido a pesar de no estar imputado. Según Ibarra, el PSOE lleva años “dando tumbos”, carece de una “autoridad incuestionable” y aún no ha resuelto “la sucesión de Felipe González”.
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