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La muerte se adelantó a la justicia

Los retrasos en la aplicación de una ley de Ecuador frenan la liberación de decenas de presos españoles. Uno de ellos ha fallecido esperando

Un grupo de presas juega a las cartas en una prisión de Quito (Ecuador).
Un grupo de presas juega a las cartas en una prisión de Quito (Ecuador). REUTERS

C. ha muerto en la cárcel de Cotopaxi, en Ecuador. Estaba enfermo, pero no había sido diagnosticado ni tratado. Sospechaba que padecía un cáncer. Tenía 62 años y, con la ley en la mano, debía estar en la calle. Pero la muerte le pisó los talones a la justicia. C. murió el mismo día en que un juez de Ecuador revisó su condena y declaró su libertad. Como en el caso de C., unos 180 presos españoles aguardan entre rejas, muchos de ellos en condiciones inhumanas, la aplicación de una reforma legal ecuatoriana que entró en vigor el pasado agosto. La norma rebaja sustancialmente las penas para los condenados por tráfico menor de estupefacientes y para decenas de reos españoles supondría la libertad. Pero las revisiones de las condenas se eternizan y la libertad que dicta la ley no acaba de hacerse realidad.

La reforma del Gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa, —cuyo padre pasó tres años en prisión en EE UU por transportar drogas— busca rebajar las condenas de las llamadas mulas, a las que considera el eslabón más débil del negocio del narcotráfico y víctimas de la explotación de los grandes narcos. En total, hay unos 180 españoles condenados por narcotráfico en Ecuador. Solo 10 han sido liberados. El nuevo código penal modula las penas por tráfico de drogas según el peso y el tipo de sustancias. Si hasta agosto se castigaba con entre 8 y 16 años el transporte de drogas al margen de la cantidad, ahora el que viaje, por ejemplo, con menos de dos kilos de cocaína, cumplirá entre uno o tres años. Los jueces deben analizar caso por caso. En muchos, la revisión implica la salida inmediata de prisión.

De un análisis de sentencias de reos que con la ley en la mano deberían estar ya en la calle, se deduce que se trata de hombres y mujeres empobrecidos que se dejan seducir por la idea de conseguir algo de dinero en metálico. Hay un camarero que perdió su trabajo con la crisis y al que un conocido le ofreció viajar a Ecuador y volver con un “encargo” —1.367 gramos de cocaína— por 5.000 euros. Le condenaron a 12 años. Ha cumplido más de tres y, según la ley, debería estar libre. O un químico con mujer e hijos al que le ofrecieron un trabajo en Ecuador. El condenado declaró que, al llegar allí, se dio cuenta de que el trabajo no existía y drogado y apaleado, le obligaron a llevar de vuelta 1.106 gramos de cocaína en una faja. Le cayeron 12 años. Con la nueva ley debería estar en libertad.

Nos llamaban y nos decían que si no pagábamos le mataban", cuenta un familiar de un preso

C. había pasado cinco años y dos meses en prisión por transportar 2.368 gramos de droga. La revisión de su condena debería haberle puesto en la calle el mismo día de su muerte. Las autoridades ecuatorianas lamentan su fallecimiento y explican que las revisiones de condena avanzan lentamente. “Nos hemos ido coordinando con España en el último mes; vamos atando cabos, pero aún no hay pasos concretos”, explica en conversación telefónica Marlo Brito, director nacional de Investigación de la Defensoría Pública de Ecuador, dependiente del Ministerio de Justicia y encargada del turno de oficio, que representa a españoles presos.

Apenas una decena de españoles han salido de las prisiones ecuatorianas tras la aplicación de la nueva ley, según las cifras oficiales. El número de liberados de otras nacionalidades es en términos absolutos y relativos mucho mayor. En total 1.552 personas —entre ecuatorianos y extranjeros— han quedado en libertad desde el verano, en virtud del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ecuador espera la salida de la cárcel de un número similar en los próximos meses.

De los 180 españoles condenados en Ecuador, en torno a un centenar cumple pena en cárceles españolas y el resto en Ecuador, según la Fundación de la Abogacía española, que calcula que de los que están presos en España, al menos 40 de ellos deberían estar ya en libertad. Ninguno ha salido aún a la calle, según confirman en el Ministerio de Justicia español, que explica que es el país que les ha condenado —en este caso Ecuador— el que debe ordenar su liberación. Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, a que la solicitud de la revisión de la condena corresponde a cada preso y que el Ministerio de Justicia español podría movilizarse para acelerar el proceso.

El mayor atasco afecta al centenar de presos trasladados a cárceles españolas —solo 79 según el recuento del Ministerio de Justicia—. Desde Ecuador, Brito asegura que esperan a “que España envíe un listado de los casos, que indique en qué prisión se encuentra cada uno”. El abogado Gerardo Esteva, que representa a alguno de los presos apunta que “hasta la fecha, Ecuador no ha habilitado un proceso judicial para revisar las condenas de los que están en España”. Esteva, que ha viajado a Ecuador en tres ocasiones para entrevistarse con presos, resalta la importancia de la revisión de condenas no sólo para los que puedan quedar liberados, sino para todos, “porque una rebaja de condena permitirá a muchos reos acceder al tercer grado o a otros beneficios como el traslado a España”.

1.552 presos libres

Francisco Segovia es coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía española y también viajó recientemente a Ecuador para impulsar la rebaja de penas. Coincide con Esteva en que “las autoridades ecuatorianas han reconocido que no han arbitrado aún un procedimiento para la revisión de las condenas de los trasladados a sus países”. “Falta que determinen qué juzgados ecuatorianos son los competentes para aplicarles la nueva ley”. Y teme que familiares de condenados caigan en manos de estafadores que afloran al calor del conflicto jurídico. “El Consulado español en Quito nos ha advertido de supuestos intentos de fraude a los familiares, a los que les piden dinero para realizar gestiones legales cuyo resultado es, obviamente, incierto”.

Las familias de los reos asisten impotentes a la inescrutable maraña judicial. “Te ves atada de pies y manos, porque no estás allí”, explica la tía de uno de los presos que pide preservar su identidad. Esta familia de Barcelona contrató los servicios de Esteva, quien consiguió la revisión de la pena. Se trata de un instructor deportivo, sin antecedentes penales que se quedó en el paro y viajó a América Latina, en teoría de vacaciones. El día previsto de su vuelta no apareció. Su familia pensó primero en un accidente. A los pocos días, les informaron de que había sido detenido al llegar a un aeropuerto ecuatoriano cargado de droga. Su pena de cuatro años ha quedado reducida a 18 meses.

“Lo que hemos conseguido ha sido gracias a nuestro abogado, que ha viajado a Ecuador. Sin alguien allí que empuje, es imposible”, sostiene la familiar, que da cuenta de condiciones carcelarias extremas. “Allí no comen bien, no se pueden comunicar con la familia, sólo a través de teléfonos clandestinos que se entrecortan. El correo tampoco funciona. En la prisión del litoral, la primera en la que estuvo, fue un infierno. Amenazaban con matarle. Nos llamaban y nos decían que si no pagábamos le mataban. Tuvimos que ir enviando dinero. 200 euros, 300, 1.500…. Hay que pagar por todo, incluso por dormir o por poder optar a una celda. Allí saben quién tiene familia en España y piensan que aquí todo el mundo tiene mucho dinero”.

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