La Presidencia de IU exige la dimisión de los excoordinadores de Madrid

Da tres días a la federación para depurar responsabilidades por el caso de las tarjetas

Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid.
Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid.Luis Sevillano

El enfrentamiento entre la ejecutiva federal de Izquierda Unida y los responsables de la formación en la Comunidad de Madrid —que mayoritariamente están en contra de la convergencia con Podemos o la disolución del partido en Ganemos— ha alcanzado, a menos de tres semanas de las primarias para elegir a los candidatos autonómicos y municipales, su máxima expresión. La presidencia federal de IU exigió la noche del lunes, en una reunión extraordinaria, la dimisión de los coordinadores regionales en Madrid por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El órgano ejecutivo dio solo tres días a la federación madrileña para tomar una decisión y depurar responsabilidades políticas, que abarcarían más de 10 años de gestión.

La resolución, adoptada a raíz de un informe de la Comisión Federal de Transparencia, se aprobó tras varias horas de debate, en una votación de la que se descolgaron varios sectores y solo hubo tres votos en contra. El acuerdo afecta a algunos de los referentes de IU de los últimos años, como Ángel Pérez, actual portavoz del partido en el Ayuntamiento, o el coordinador regional solo desde diciembre de 2012, Eddy Sánchez. También va contra su predecesor, Gregorio Gordo, portavoz en la Asamblea, y Miguel Reneses, el actual número dos del coordinador federal, Cayo Lara. Reneses —que es secretario de Organización Federal, miembro de la presidencia y diputado en el Parlamento madrileño— no participó en la votación. También afecta a Fernando Martín, coordinador regional entre 2004 y 2008, perteneciente a la corriente cercana al portavoz en la capital.

Si la federación regional se negara a tomar una decisión, el asunto quedaría en manos del Consejo Político Federal, el máximo órgano de IU entre asambleas, que se celebra este domingo. La federación madrileña esgrime que ya actuó al pedirle a Antero Ruiz, diputado autonómico y vicepresidente de la Asamblea, que entregase su acta como consecuencia del escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, ya que le consideró “responsable político directo” durante el proceso que acabó con el pacto de estabilidad de la entidad bancaria en 2009.

La resolución que coloca a IU Madrid al borde del abismo se aprobó con las reticencias de Cayo Lara y del portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, que alegaron que se trataba de una cuestión de la competencia exclusiva de la organización en Madrid. El sector de Gaspar Llamazares no se pronunció. En la decisión federal se acordó pedir la dimisión o cese de sus cargos públicos y orgánicos a quienes habían sido coordinadores generales de IU Madrid “en los momentos en los que se tomaron decisiones sobre Caja Madrid y Bankia”, así como de los responsables de la “inadecuada gestión de la fundación Fundeste”, la fundación madrileña del partido, según esgrimió la Comisión Federal de Transparencia.

El ultimátum de la presidencia federal de IU llega después de semanas de tensión interna, en las que las federaciones y las bases de IU han redoblado las presiones por el debate interno que sufre la coalición por su mantenimiento como partido con plena autonomía, su integración como coalición electoral en la plataforma de Ganemos y su relación con Podemos. Un sector importante del partido en Madrid (Somos IU), del que Pérez es uno de los referentes, sostiene que IU no puede diluirse en otras formaciones políticas. Esa es la postura que precisamente quiere evitar un grupo de jóvenes dirigentes como el diputado Alberto Garzón o Tania Sánchez Melero, candidata a las primarias en Madrid frente a José Antonio Moreno, militante que defiende la postura de Somos IU.

El debate sobre las exigencias internas se precipitó después de que Garzón reclamara mayor contundencia durante la anterior reunión de la presidencia. Días después, el coordinador del partido en Ciudad Real —una provincia especialmente simbólica por ser la del líder nacional, Cayo Lara— pidió públicamente la dimisión de Reneses. En las últimas dos semanas ese clima se extendió a otros territorios como Galicia, Castilla y León, Baleares y Madrid.

Incluso el PCE aprobó una resolución que exige que caigan todos los responsables políticos del escándalo. El comité federal del partido considera que el caso de las tarjetas opacas supone “una responsabilidad que va más allá de los consejeros implicados y por la que deberían rendir cuentas y dimitir aquellos/as que tienen responsabilidades políticas por acción u omisión”. José Antonio Moral Santín, que fue vicepresidente de Caja Madrid, gastó 456.522 euros con la tarjeta black, con el consiguiente impacto negativo en la imagen de IU.

Los tres militantes de IU que usaron las tarjetas b de Caja Madrid ya fueron expulsados, pero en la dirección federal cunde la inquietud por la repercusión del caso y su carga ante la opinión pública, con vistas a los próximos comicios municipales y autonómicos de 2015 y tras la estela del efecto Podemos: la última encuesta del CIS sitúa al partido de Pablo Iglesias como tercera fuerza estatal (22,5%), por delante de IU, cuarta con el 4,8% (10,9% antes de las europeas de mayo).

Ramón Luque, que encabeza la Comisión Federal de Transparencia, instruyó, además, un expediente a la diputada regional Libertad Martínez, también de SomosIU. Pero la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) archivó y sobreseyó el pasado abril la denuncia que IU presentó contra Martínez, su esposo y otro individuo, “al no existir base para la acusación de los imputados”, a raíz de un ataque a la página web de IU de Sevilla en 2011. En las diligencias previas, el teniente fiscal consideró que procedía “acordar el sobreseimiento provisional y archivo” de las actuaciones, “fundamentalmente” por el dictamen técnico pericial emitido por la unidad de delitos informáticos de la Policía Científica. La policía reconoció la posibilidad “de que terceros” hubieran suplantado la identidad de los hackers [Martínez] denunciados por IU, que en realidad habrían sido los pirateados.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Logo elpais

Ya no dispones de más artículos gratis este mes

Suscríbete para seguir leyendo

Descubre las promociones disponibles

Suscríbete

Ya tengo una suscripción