Los registradores se enfrentan al plan de Gallardón para suprimir 225 plazas

Los 1.291 registros de la propiedad y mercantiles de España van a verse forzados a fusionarse en 638 oficinas, según el proyecto de nueva planta registral que ha elaborado el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El plan, todavía un borrador, afecta tanto a los funcionarios que los gestionan como a los cerca de 11.000 trabajadores del sector privado que trabajan para ellos. El anteproyecto de real decreto ha sido trasladado a los colectivos profesionales afectados, que están haciendo sus alegaciones al ministerio para intentar frenar la reforma. Esta afectará también, aunque en menor medida, a las 3.193 notarías que hay en España. En el anexo del borrador enviado al gremio de registradores se constata que, en al menos 89 casos, la fusión conllevará reducción de plazas, hasta un total de 225, provocando la excedencia forzosa de los afectados siempre y cuando no decidan, en el plazo de tres años, volver a concursar. El ministerio insiste en que la mayoría son plazas vacantes y que no habrá una reducción real de puestos de trabajo. Subraya además que todas las localidades que ahora tienen registro de la propiedad (638 municipios) o notaría (1.236 municipios) seguirán teniéndolos.

La reorganización significa básicamente la supresión de los pequeños registros sin apenas actividad (que tramiten menos de 1.200 documentos al año) o que no hayan llegado a constituirse, y la fusión de los que queden. El problema aparece en las grandes ciudades y capitales, donde todos se agruparán en una sola oficina gestionada por los registradores en régimen de "división personal". En Madrid, los 55 registradores Mercantiles y de Propiedad pasarán a unificarse en dos oficinas. En la práctica ya funcionan desde una única gran sede situada en la calle Alcalá. En Barcelona los 29 actuales se agruparán en uno gestionado por 20 registradores. Los cambios no repercutirán en el bolsillo de los ciudadanos porque no afecta a los aranceles que pagan por utilizar sus servicios.

El pinchazo de la burbuja y la consiguiente depresión económica ha provocado, según el ministerio, la revisión del mapa registral. La última reorganización la aprobó Juan Fernando López Aguilar en 2007, en plena etapa de expansión económica. Fuentes de Justicia señalan que ahora no tiene sentido mantener muchas notarías y registros que ya han cerrado, aunque sobre el papel sigan existiendo. Lo que no ha caído tan bien entre los funcionarios es otro de los fines que persigue el ministerio: introducir criterios unificados en el funcionamiento de las oficinas. “Eso revertirá en un mejor servicio al ciudadano”, aseguran fuentes del departamento que dirige de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Colegio de Registradores se opone frontalmente a la reforma: “Para empezar, no va a mejorar el sistema, ni ahorrar costes al ciudadano. Puede causar conflictos entre los trabajadores, porque cambiará la organización del trabajo. También causará problemas entre los registradores, por las excedencias forzosas, e incluso con los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Va a provocar más perjuicios que beneficios”, dicen fuentes del colectivo.

El Real Decreto establece un régimen económico nuevo para los registros que se agrupen en uno, lo que en la práctica significa trabajar juntos y repartir los beneficios a través de un reglamento interno de organización adoptado por los funcionarios titulares. "Participarán de la cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de la oficina, así como en la retribución profesional derivada de la misma de acuerdo con el principio de igualdad para todos los titulares", estipula el texto. Los registradores están entre los funcionarios que no perciben un salario fijo de los Presupuestos Generales del Estado, sino que son retribuidos a través de los aranceles que cobran como fedatarios públicos. Tras la reforma, si no acuerdan unas normas internas de funcionamiento entre todos, será la Dirección General de Registros y Notariados, ahora ocupada por Joaquín José Rodríguez, notario y registrador de profesión, la que lo haga por ellos.

Los sindicatos también temen que este nuevo paso sirva de excusa para provocar despidos. El CSIF ataca que el ministerio haya impulsado la reforma sin consultar a los representantes de los trabajadores y teme que la fusión sea el paso previo a una cascada de EREs.